El Parlamento de Venezuela ve con recelo la celebración de unas «megaelecciones». La propuesta de unas elecciones legislativas adelantadas, aun cuando no ha sido avalada formalmente por el Consejo Nacional Electoral, fue formulada por el presidente Nicolás Maduro y después por la Asamblea Nacional Constituyente. El planteamiento chavista se da en el marco de una megaconsulta que incluya los Consejos Legislativos Regionales y coloca la crisis política venezolana en la cota de su expresión más extrema.
La celebración de las «megaelecciones» supone un dilema para el chavismo. Su militancia está concentrada en la idea de concurrir sin contrincantes en las elecciones e intentar concretar toda una barrida institucional. La estrategia gobernante se basa en una interpretación a modo de las leyes que rigen al país, al mismo tiempo que pierde por completo el control de la situación económica de Venezuela.
La propuesta de Maduro, lanzada en un principio por el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, no ha podido concretarse porque requiere de una amplia secuencia de exigencias técnicas —con tantos cargos pendientes por elegir— que el Consejo Nacional Electoral no sería capaz de cumplir en tan poco tiempo. El alto mando chavista, con Maduro a la cabeza, ha decidido seguir adelante con la convocatoria unilateral a los comicios presidenciales del 22 de Abril, a pesar de los crecientes reclamos de la comunidad internacional y de las sanciones que penden sobre muchos de sus dirigentes más conocidos en varios puntos nodales de la política en Occidente.
En ciertos sectores informativos y políticos venezolanos se ha estado especulando sobre una propuesta política de última hora, lanzada por el chavismo, que permita organizar unos comicios generales, pactados, hacia los meses de mayo o junio. Esta eventualidad ha sido invocada hace poco abiertamente por Simón Calzadilla, del Movimiento Progresista de Venezuela, partido perteneciente a la Mesa de Unidad Democrática (MUD).
El chavismo persigue hacer valer el presunto carácter plenipotenciario y convocante de la Asamblea Nacional Constituyente, que fue elegida el pasado 30 de julio en medio de un severo proceso represivo y en circunstancias que fueron seriamente cuestionadas tanto en su procedimiento consultivo como en sus formalidades técnicas, dentro y fuera de Venezuela. El Gobierno de Maduro da como un supuesto que el nuevo mandatario presidencial electo en una consulta deberá juramentarse frente a este cuerpo colegiado, que ha asumido «de hecho» las funciones legislativas en Venezuela.
Tibisay Lucena, titular del Consejo Nacional Electoral, ha declarado que el organismo que preside no puede acoger la solicitud de las «megaelecciones» en el plazo del 22 de abril. Ha agregado, sin embargo, que el Poder Electoral buscará a tales efectos una opción en el calendario «para una fecha posterior». Maduro decidió fingir y, Jorge Rodríguez, su ministro de Comunicaciones, declaró que el Ejecutivo «acataba» lo declarado por las autoridades electorales.
Convocadas de manera conjunta o separadas de las presidenciales de abril con algunos meses mediante, la organización de unas nuevas elecciones legislativas consolida la situación «de facto», vigente en Venezuela y sugiere que los días de la Asamblea Nacional —el Poder Legislativo formal del país, dominado por la oposición luego de su victoria electoral de diciembre de 2015— podrían estar contados.
Alfonso Marquina, de Primero Justicia, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, ha hecho referencia a los artículos 333 y 350 de la Constitución vigente, que facultan a la ciudadanía a contribuir para restaurar el orden constitucional cuando se concreta la usurpación o la tiranía.
Los partidos opositores agrupados en la MUD trabajan en la conformación de un Frente Amplio Nacional, que incorpore a la Iglesia, las universidades, la academia y la sociedad civil, en lo que será una especie de cruzada para intentar salvar la democracia, demandando elecciones limpias y en un entorno político fiable. Su reto más urgente consistirá en lograr la atención y el entusiasmo de un cuerpo social completamente exhausto, agobiado por la crisis económica, en el que cualquiera puede estar al corriente de cómo le puede terminar yendo a quién decida plantar cara a la Policía Nacional Bolivariana en una protesta convocada en las calles.
Mientras ya ha colocado una banderilla sobre unas elecciones presidenciales este 22 de abril, Maduro ha decidido esperar que el Consejo Nacional Electoral termine de formalizar su petición para unas nuevas elecciones legislativas, convocadas por la Constituyente, en el cual quede conformado un nuevo Hemiciclo, incluso cuando el parlamento actual, en cuya elección participaron 14 millones de personas, tiene apenas dos años de haber sido conformado y conserva mucha popularidad y plena legitimidad constitucional.
El suspenso en torno a la convocatoria a unas nuevas elecciones legislativas ha terminado por inhibir el pronunciamiento final de Henry Falcón, el único dirigente de la Unidad Democrática que había decidido asistir a estas elecciones, aún con las condiciones actuales . En las filas de Avanzada Progresista, el partido de Falcón, se debate intensamente sobre si no sería ir demasiado lejos concurrir a una cita electoral en el cual viene envuelto un golpe definitivo al parlamento vigente en Venezuela.
