Tras eliminar Trump el Estatus de Protección Temporal, más de medio millón de venezolanos tendrán que regresar a su país
600.000 venezolanos. Esa es la cifra de personas que, desde el viernes, se quedaron sin el amparo del Estatus de Protección Temporal (TPS) -aprobado por Joe Biden y derogado por Donald Trump- que les permite residir en Estados Unidos.
Es el drama de más de medio millón de venezolanos que vivien en EEUU tras huir del régimen de Maduro, contra el que Trump está siendo especialmente beligerante, pero que tendrán ahora solo dos opciones: regresar de forma legal a su país o quedarse de forma irregular en EEUU.
“No podemos regresarnos a Venezuela, allá ya no queda nada para nosotros, prefiero quedarme en la clandestinidad«, dice en entrevista telefónica con EFE Oriana, una inmigrante venezolana.
La mujer de 38 años, madre de una adolescente de 15, cuenta que vivió en Florida durante más de cinco años, pero recientemente decidió establecerse en otro estado tras la decisión del Gobierno del presidente Donald Trump de poner fin al amparo a los venezolanos concedido por su antecesor, Joe Biden.
El TPS les protegía hasta ahora de la deportación y les daba un permiso de trabajo, ventajas que decenas de miles de inmigrantes venezolanos perdieron desde el sábado pasado.
«Dejé de usar ese permiso, me estoy adaptando a mi nueva realidad«, cuenta la inmigrante. La venezolana no quiere dar detalles sobre dónde se establecerá o cómo se mantendrá, tras perder la autorización de empleo. Asegura que desconectará su número de teléfono móvil y comenzará «una nueva vida» en la clandestinidad pero aún en Estados Unidos.
En total son 600.000 venezolanos en riesgo de detención y deportación inmediata por las redadas de los agentes del ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas), que se han intensificado en los últimos días.
Esta no es la primera vez que Trump se enfrasca en una pelea contra el beneficio, establecido por primera vez en 1990. Durante su primer mandato (2017-21) ya intentó terminar con la protección a inmigrantes de seis países, la mayoría centroamericanos, pero perdió la batalla legal.
Una batalla legal con jurisprudencia beneficiosa para los inmigrantes
Sin embargo, a pesar de todo, estos inmigrantes no se dan por vencidos y han incluso creado la Alianza TPS, una coalición que encabeza una demanda contra el Gobierno de Trump para tratar de mantener con vida ese programa.
José Palma, coordinador de la agrupación, dice a EFE ser «consciente de que con el TPS tuvimos un privilegio frente a otros inmigrantes como los colombianos o mexicanos, pero de ellos aprendí que no hay que perder las esperanzas y que hay que aguantar hasta donde más se pueda». «La lucha sigue en las cortes, no se ha dado la última decisión», advierte el activista.
La querella legal busca proteger a dos grupos de venezolanos amparados, los de 2021, unos 250.000 a los que se les termina el TPS, y a los beneficiarios de la extensión de 2023, unos 350.000, que quedaron desprotegidos desde el mes pasado cuando la Corte Suprema permitió a la Casa Blanca seguir con sus planes mientras la batalla en los tribunales inferiores continúa.
El caso se encuentra en el Noveno Circuito de Apelaciones, donde un tribunal federal escuchará argumentos de ambas partes, después que el Gobierno Trump recurriera un fallo de un juez federal que dictaminó que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, excedió su autoridad legal al terminar con el amparo y que su decisión era «arbitraria y caprichosa».
Palma no descarta que la batalla legal llegue nuevamente al Supremo, donde los jueces deberán considerar por completo el caso. «Ya ganamos una vez en la corte, podemos volver a lograrlo”, recuerda Palma.
La Alianza TPS también está presionando en el Congreso estadounidense a favor de varios proyectos de ley con apoyo bipartidista que otorgaría la legalización permanente a los beneficiados por el TPS de decenas de países.
