Eugenio Ribón ha asegurado que el fiscal general del Estado trató de minimizar lo ocurrido con un comunicado pactado, para poner «paños calientes»
Eugenio Ribón, decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), ha asegurado este martes, en su declaración como testigo en el Supremo, que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, le propuso firmar una nota de prensa conjunto el 15 de marzo de 2024, un día después de la publicación, a su vez, de la nota de prensa del Ministerio Público que desmentía la información sobre el pacto ofrecido a la defensa de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el marco de la causa por la que está siendo investigado por dos delitos fiscales.
Una propuesta con la que se buscó «minimizar» el impacto de daños provocados por el comunicado emitido unas horas antes desde la Fiscalía Provincial de Madrid, de acuerdo con el testimonio prestado por Ribón, esta mañana, en el cuarto día del juicio que se celebra contra García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos.
De acuerdo con la versión prestada por Ribón, el objetivo de ese texto común era poner «paños calientes» sobre el comunicado de la Fiscalía, que había generado una «honda preocupación» en el ICAM, tras conocer el contenido del texto sobre el que la fiscal Pilar Rodríguez, jefa de la Fiscalía de Madrid, quien asumió la autoría del mismo, tal y como ha recordado el decano.
Se trataba, por lo tanto, de mostrar, de cara a la opinión pública, la existencia de «un clima de cordialidad» entre la Fiscalía General del Estado y la Abogacía madrileña, neutralizando así la «inquietud exacerbada» que dicha actuación suscitó en la Junta de Gobierno del ICAM que, cabe recordar, desde entonces declaró en suspenso la aplicación de la normativa vigente para la aplicación de los pactos de conformidad, para todos sus colegiados. En su testimonio, el decano también ha relatado cómo García Ortiz trató de proyectar una imagen de unidad y colaboración entre ambas instituciones.
Una propuesta que fue rechazada por el ICAM en tanto en cuanto desde la institución profesional se entendió que no procedía participar en una operación de comunicación que pudiera interpretarse como la «legitimación tácita» de una actuación previa que, a juicio de la Abogacía madrileña, resultaba «objetivamente lesiva para el ejercicio libre e independiente» de la misma.
«La emisión pública de aquella nota no solo quebró el principio de confidencialidad, sino que también puso en entredicho la legitimidad del ejercicio profesional de la defensa», ha declarado el decano Ribón, al tratarse de «una injerencia que debilitaba los principios estructurales del proceso penal, como la presunción de inocencia y la igualdad de armas». No en vano, en dicho comunicado, se recogía «parte de una estrategia procesal sin consentimiento del letrado ni autorización judicial», en una violación evidente del «deber de secreto» que no es sólo «un derecho del abogado, sino una garantía del ciudadano», tal y como ha destacado el decano en respuesta a las preguntas que se le han formulado.
«Con la ruptura del secreto profesional el abogado pierde su libertad, sin abogados libres no hay jueces independientes, sin jueces independientes no hay justicia imparcial, y sin justicia imparcial se rompe el Estado de Derecho», ha remarcado Ribón en varias ocasiones del interrogatorio.
Al hilo de lo ocurrido, el ICAM fue la primera de las partes personadas en el procedimiento que presentó una denuncia penal en los tribunales que terminó acumulada con la querella registrada por la pareja de Ayuso y desembocó en la causa iniciada en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM); y, ha terminado con el fiscal general del Estado sentado en el banquillo del Supremo. El Colegio de la Abogacía madrileña ha solicitado una condena de cuatro años de cárcel para el fiscal general por la filtración de un correo de la pareja de Díaz Ayuso.
«La Abogacía no puede avalar ni silenciar comportamientos que puedan comprometer la esencia del derecho de defensa», ha finalizado el decano, remarcando que el papel de los colegios profesionales no es el de actuar como correa de transmisión institucional, sino como garantes de los derechos de los profesionales y de los ciudadanos a quienes representan.
