Los socialistas consideran una «trampa» el informe de admisión que incluía las dudas de constitucionalidad de la ley reflejadas por la secretaria general en su dictamen
Los letrados del Senado denuncian que la amnistía «dinamita» la Constitución
Editorial ABC: La amnistía es inconstitucional
La ley de amnistía ya está oficialmente admitida por el Senado. Acto habitualmente protocolario para cualquier norma que llega desde el Congreso, pero que no un trámite en esta ocasión. Porque el PSOE se inhibió a la hora de votar, según su versión oficial (aunque los letrados reflejaron en el acta un voto en contra), cuando la Mesa dio luz verde al informe de admisión, en el que se hacían «constar expresamente las dudas sobre su constitucionalidad». En buena parte, para cubrirse judicialmente en caso de que haya una posterior denuncia al respecto.
La reunión de la Mesa duró más de lo normal y resultó tensa. El acuerdo que la Presidencia propuso para su aprobación incluía esas reservas sobre la constitucionalidad reflejadas en el informe de la secretaría general. Algo que no gustó en el PSOE, que pedía una admisión a trámite automática, tal y como marca la Constitución. «Las opiniones de la letrada mayor están muy bien y son muy respetables, pero deberían aparecer como un anexo y no dentro del acuerdo. El PP hace un uso partidista del mismo y no estamos de acuerdo», explicaba Juan Espadas, portavoz socialista en el Senado.
Los miembros de la Mesa del PSOE, tras el cónclave, reiteraban que se habían inhibido a la hora de votar, aunque fuentes de la secretaría general consultadas indican a ABC que los miembros socialistas votaron en contra del dictamen. «Era una trampa», señalaban al considerar que no se podía frenar la tramitación, pues hubieran incurrido en un acto de prevaricación, y que tampoco querían votar a favor porque no estaban de acuerdo con el contenido.
Esa resistencia la hicieron constar en la reunión de la Mesa, en la que la mayoría del PP tumbó cualquier oposición y el acuerdo salió adelante con todas las reservas. Con las dudas de constitucionalidad, las de vulneraciones materiales y formales, así como posibles transgresiones de leyes europeas. «Se da la paradoja de que los miembros del PP quieren cumplir la legalidad y votan a favor de la tramitación de la amnistía, aunque estén en contra, y que los del PSOE, por una excusa, han votado en contra. Es el mundo al revés», señalaban fuentes populares.
Esa excusa es el informe de tramitación, peculiar como todo en esta ley. «Es una norma profundamente especial y convulsa. No hay una norma que diga cómo tiene que ser el informe», señalaban fuentes de la Mesa, para explicar que, por primera vez en la democracia, un informe de admisión contiene una explicación de los documentos -informe de la secretaría general- anexados al mismo. Explicaciones que, según estas fuentes, son normales en las mociones o iniciativas que llegan a la Mesa desde el Senado y que, si no lo han sido en otras proposiciones procedentes del Congreso es porque «ninguna ha sido tan polémica como ésta».
Fechas de la tramitación
El acuerdo da inicio oficial a la tramitación, que debe ser publicada en el Boletín de las Cortes antes de pasar a la Comisión que se encargará de la amnistía en el Senado. En este caso, una conjunta entre la de Constitucional y la de Justicia, formada por 32 miembros, de los que 17 serán del PP.
Se tramitará por el procedimiento ordinario, algo que, merced a la reforma del Reglamento de hace cuatro meses, pidió este lunes el grupo parlamentario popular y que la Mesa aceptó, lo que permitirá al Senado mantener la ley durante dos meses antes de remitirla al Congreso.
El plazo para la presentación de enmiendas parciales y veto concluirá el próximo 3 de abril, aunque podrá ser prorrogado a partir del día 9. El pleno que votará la ley antes de que vuelva al Congreso será el 7 de mayo, lo que podría dejar la amnistía lista antes de las elecciones catalanas. Aunque desde el PP se apunta a que hasta el 16 de mayo hay tiempo y que ese pleno podria posponerse incluso una semana más y celebrarse tras los comicios en Cataluña, previstos para el día 12 de ese mes.
En esos dos meses que la ley pasará en el Senado, siempre que el Tribunal Constitucional no tumbe la reforma del Reglamento que está recurrida, el PP espera recopilar varios informes sobre la ley. Entre ellos el que ya está solicitado al Consejo General del Poder Judicial y otro que elaborará la Comisión General de las Comunidades Autónomas.
Vox pide que se inicie el conflicto institucional
Por otra parte, el grupo parlamentario de Vox en el Senado presentó un escrito a la Mesa en el que solicitan que «inicie los trámites para el planteamiento de un conflicto entre órganos constitucionales al Congreso», tal y como recogía el informe de inconstitucionalidad de la secretaría general de la Cámara Alta.
«Que se requiera al Congreso para que revoque la decisión de remitir esa ley a tramitación al Senado y retire su proposición en virtud del artículo 129.2 del Reglamento del Congreso», expone el escrito al que ha tenido acceso ABC. En el mismo, se hace referencia a la página 60 del informe de la secretaría general, desvelado este lunes por ABC, en el que se habla de la «interposición de un eventual recurso de amparo por la vulneración de los derechos fundamentales causado por la remisión del Congreso de los diputados».
ERC, por su parte, anunció el registro de un escrito de reconsideración a la Mesa del Senado en relación con la calificación mediante trámite de procedimiento ordinario de la ley de amnistía. «Desde ERC no dejaremos pasar ninguna oportunidad para denunciar el uso partidista del Senado por parte del PP con la clara intención de torpedear la tramitación de la ley de amnistía», señaló Sara Bailac, portavoz en la Cámara Alta de la formación republicana. «No compartimos el contenido de este informe, hecho a medida. El PP encarga informes a la carta para tapar el revés que les supuso las conclusiones del informe de la Comisión de Venecia».
