La Cámara de Cuentas no aprecia irregularidades en el contrato del hermano de Ayuso

La compra de mascarillas relacionada con el hermano de Isabel Díaz Ayuso no fue irregular. La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid ha emitido este miércoles el informe definitivo sobre la fiscalización de los contratos por vía de emergencia tramitados por el Gobierno regional durante los primeros meses de la pandemia, con la conclusión de que «con carácter general» todos los expedientes cumplen con la ley, incluido el adjudicado por 1,5 millones de euros a Priviet Sportive en abril de 2020. Esta operación, también investigada por la Fiscalía Anticorrupción, fue lo que motivó la trama de espionaje al entorno de la presidenta madrileña revelada por El Confidencial, que en apenas dos semanas sumió al Partido Popular en una profunda crisis que se llevó por delante a Pablo Casado y su equipo.

El informe, que ha analizado un total de 4.448 contratos, con un importe cercano a los 1.000 millones de euros, zanja por el momento las sospechas sobre la gestión del Gobierno madrileño en los primeros meses de la pandemia, cuando se produjo un crecimiento exponencial de las adjudicaciones a dedo. También lo relativo a la transacción con Priviet Sportive, en la que Tomás Díaz Ayuso actuó como intermediario y por la que se embolsó más de 55.000 euros, a los que hay que sumar otros 230.000 euros por más operaciones con la entidad, según reconoció el propio Ejecutivo regional.

Hace apenas dos semanas, el presidente en funciones de la Cámara de Cuentas, Carlos Salgado, corrigió a Díaz Ayuso después de que esta asegurara que el expediente relacionado con su hermano ya había sido auditado, pese a que seguía en «elaboración», como informó ‘elDiario.es’. Ya publicado, determinar si la comisión que se llevó el varón de los Díaz Ayuso fue legal o no pasa a ser una tarea exclusiva del Ministerio Público.

El escrito definitivo señala que la inmensa mayoría se «han adaptado a las prescripciones que establece el ordenamiento jurídico para esta situación». No obstante, constan dos excepciones donde no ha quedado debidamente justificado que la compra de determinados bienes fuera para «combatir la pandemia» o estuviera enmarcada en los márgenes de la Ley de Contratos del Sector Público, que limita la actuación de la Administración a situaciones excepcionales. El primer expediente se refiere a la adquisición de tres ecógrafos para los hospitales Infanta Sofía, Universitario del Henares y Universitario del Tajo, por valor de 102.800 euros. El segundo, para el suministro de dos equipos de mamografía para el Infanta Leonor y el Infanta Sofía, por 560.000 euros. «No se trata, por tanto, de un contrato dirigido a atender las necesidades derivadas de la protección de las personas para hacer frente al COVID-19», indica.

La Cámara de Cuentas, como ya hizo en el borrador de este informe, cuyo contenido se conoció el pasado mes de noviembre, pone de manifiesto las «enormes dificultades» a las que se enfrentaron las administraciones en el inicio de la pandemia para la compra de material sanitario, aplicado en este caso a la Comunidad de Madrid. «Los procedimientos de contratación de nuestro sistema jurídico están diseñados para pequeñas emergencias, no para grandes emergencias y apenas resultaban eficientes ante la magnitud de la pandemia. Al no existir precedentes ni legales ni procedimentales para una situación como esta, las normas se han tenido que interpretar atendiendo a la realidad social del tiempo en que han tenido que ser aplicadas», reconoce el escrito.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso siempre ha aludido a esta cuestión para justificar el crecimiento de las adjudicaciones por el procedimiento de emergencia, entregados a dedo y sin concurrencia, como ocurrió en otras comunidades o en el Ejecutivo de Pedro Sánchez. La oposición en la Asamblea de Madrid, no obstante, ha insistido desde el primer momento en que se produjo un «abuso» de esta fórmula, con decenas de tramitaciones sin justificar. Además de los señalados por la Cámara de Cuentas, formaciones como Más Madrid o el PSOE pusieron el foco en otros contratos, como la compra de dos cuchillas para vehículos quitanieves y dos expendedores de sal para el equipo de Respuesta Logística Inmediata de Voluntarios de Protección Civil, por valor de 21.337,14 euros.

Una vez superado el periodo de alegaciones, el órgano fiscalizador expone precisamente que otros expedientes carecen de la documentación precisa, aunque en ninguno de los supuestos se refiere a la operación con Priviet Sportive. «Ocurre en los expedientes número 105 al 114, 196, del 214 al 221 y el 254, en los que no se ha aportado justificación de haberse dado cuenta al Consejo de Gobierno, y los números 157 y 194, respecto de los que no consta la fecha de inicio de la prestación», indica el escrito, en referencia fundamentalmente a la compra de batas, respiradores o PCR. También a las obras de acondicionamiento del servicio de urgencias del hospital Infantil Niño Jesús, con un coste superior a los dos millones de euros. De los 4.448 contratos analizados por la Cámara de Cuentas, 159 se corresponden a obras, 667 a servicios y 3.622 a suministros. En total, el montante asciende a 943.441.168,49 euros.

El informe concluye con dos recomendaciones para corregir las anomalías detectadas en esos expedientes, ya expuestas en el anteproyecto. En primer término, «establecer un marco legal y un protocolo procedimental para emergencias en las que, tanto los daños como la evolución en el tiempo, sean indeterminados, de forma que, en la medida de lo posible, se garanticen los principios básicos de la contratación pública». Y, por último, «extremar el celo en el cumplimiento de los procedimientos administrativos procurando que en el expediente consten realizadas todas las fases preceptivas del mismo».

Comisión de investigación

En paralelo a las pesquisas de la Fiscalía Anticorrupción, tras las denuncias de Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos, el Ayuntamiento de Madrid comenzará el próximo día 28 la comisión investigación en torno a la trama de espionaje al entorno de la presidenta madrileña, presuntamente urdida por trabajadores del propio Consistorio y cercanos a José Luis Martínez-Almeida, como Ángel Carromero, coordinador general de la Alcaldía hasta su dimisión. Como ha informado este diario, sin embargo, las conclusiones están ya condenadas al fracaso, ya que buena parte de los comparecientes no van a asistir por no estar obligados a ello. En la primera sesión se ha invitado a seis personalidades, entre ellas Isabel Díaz Ayuso, pero solo ha confirmado una.