Las organizaciones denuncian la «falta de efectivos» mientras Interior defiende un incremento desde 2017
La falta de efectivos de la Guardia Civil en el medio rural de Aragón y de todas las comunidades autónomas es la causa principal, según las organizaciones de agentes, del aumento de la inseguridad en el entorno de los pequeños municipios. Más agentes y una mejor organización de los equipos son las dos reivindicaciones del propio cuerpo. El Ministerio del Interior, sin embargo, destaca la incorporación de efectivos en Aragón desde 2017, poco antes del cambio de Gobierno y la llegada de Pedro Sánchez (PSOE) a La Moncloa.
La ola de robos y altercados en municipios aragoneses como Épila o La Muela han hecho reaccionar a la propia Guardia Civil. Hace tan solo una semana, la benemérita recuperó las patrullas a caballo por la comarca de Valdejalón y Tarazona, precisamente para aumentar la presencia de agentes en la zona.
“Falta de todo, pero sobre todo efectivos”. Así denuncian desde Jucil (Asociación Profesional Justicia Guardia Civil) la situación del instituto armado en Aragón. En sus cálculos, a nivel estatal, faltarían unos 17.000 agentes. No hay estimación para la comunidad, pero sí certifican que “si los compañeros no llegan antes y a más sitios es porque no pueden”. Denuncian la situación en las provincias despobladas, en especial en Teruel, donde reclaman “más efectivos de tipo económico o para las familias” para que más agentes vean atractivos esos destinos: “Antes había casas cuarteles, ahora vas a un pueblo pequeño y no hay nada”. En Jucil ponen como ejemplo la insularidad de Canarias o la reducción del IRPF en Ceuta y Melilla como medidas a imitar, adaptadas, en las zonas despobladas.
Jucil destaca que “zonas muy grandes de las tres provincias las llevan solo dos agentes”, por lo que “si están en un lado no puede estar en otro cuando hay una alerta”. La “falta de seguridad” afecta a los ciudadanos, pero también a los propios guardiaciviles: “Si una actuación es compleja, no se puede hacer de manera efectiva por ser pocos y no saber con qué te vas a enfrentar”. En Jucil reclaman la mejora de los equipos y la autorización para usar pistolas táser o defensas no letales.
Varios agentes a caballo, frente a la catedral de Tarazona. / GUARDIA CIVIL
Sobre una posible reorganización, en Jucil reclaman “unidades más grandes” porque “se podrá dar un mejor servicio”, aunque “no se puede olvidar que falta gente”. El debe es el contacto con los vecinos de los municipios, algo que ya se nota en las localidades más pequeñas: “Antes podías estar más con ellos y hacías relación, por lo que el agente conocía. Eso se ha perdido”. En la organización también solicitan que la reestructuración del cuerpo “siempre tenga en cuenta la conciliación familiar y personal” de los agentes.
En AUGC (Asociación Unificada de Guardia Civiles), las reclamaciones son similares. “No hay que perjudicar ni a los agentes ni a las familias”, advierten sobre la reorganización en grupos más grandes, pero destacan como “principal” el aumento de las plantillas: “No es operativo tener cuarteles con solo cuatro agentes, porque no es efectivo”.
Guerra de cifras
“Sí aumenta el número de agentes, pero también el número de los que se van”, aseguran en AUGC, donde advierten de que “el propio ciudadano ya ve las carencias”. “Se necesitan núcleos operativos, de cuatro o cinco patrullas y siempre una moviéndose en cada turno”, destacan. En AUGC cifran “entre 800 y 900 agentes” el número de efectivos que faltan en Aragón para “dar un servicio de calidad”.
También reclaman la renovación del catálogo de puestos, “obsoleto” a su juicio. Como en Jucil, esta organización de agentes denuncia que “se quitan agentes de seguridad ciudadana” para mandarlos, mediante comisión de servicio u otro tipo de reorganización interna, a otros cuerpos que no se dedican a patrullar. También destacan en este caso el desvío de agentes a las investigaciones de delitos informáticos.
Desde Interior aseguraron a este diario que la provincia de Huesca ha recuperado 70 agentes desde diciembre de 2017. Desde esa misma fecha, Teruel cuenta con 100 efectivos más, según las mismas fuentes del ministerio que lidera Fernando Grande-Marlaska.
La Muela y Quinto se despiden de sus cuarteles
La reorganización de la Guardia Civil en toda España también afecta a Aragón. Dos cuarteles, los zaragozanos de La Muela y Quinto, han bajado definitivamente la persiana esta semana. El Boletín Oficial de la Guardia Civil publicó el pasado 11 de noviembre la supresión de los dos puestos “en consonancia con las necesidades organizativas de la Comandancia de Zaragoza”. Era el trámite final para dos cuarteles que desde hace años se encuentran inactivos.
La reestructuración de la benemérita en Aragón está teniendo lugar en paralelo al estreno de la nueva Comandancia de Zaragoza. Una nueva infraestructura de gran tamaño, con capacidad para 500 agentes, que será la nueva casa de los principales cuerpos y que destaca por su capacidad operativa y la aspiración a ser una referencia para la seguridad de la comunidad.
La nueva Comandancia de Zaragoza, con capacidad para 500 agentes, recién estrenada. / GUARDIA CIVIL
En la actualidad, la Guardia Civil cuenta con algo más de 3.500 agentes repartidos por 116 municipios en los que el instituto armado tiene un cuartel o departamento. En Zaragoza, hasta 46 localidades cuentan con presencia de la benemérita, cifra que en la provincia de Huesca se reduce hasta 40. El problema de la despoblación también llega a la Guardia Civil: tan solo 30 municipios de Teruel cuentan con un puesto o cuartel.
Al ser preguntado por la distribución o la posible agrupación en localidades más grandes, el Ministerio del Interior respondió a este diario que “la distribución de efectivos y la organización del territorio son competencia de los cuerpos, que atienden siempre a criterios operativos y de eficiencia para dar el mejor servicio a la población”.
Los Guardas Rurales de Caza, preocupados por la reestructuración
La falta de efectivos de la Guardia Civil en el mundo rural y su distribución por los diferentes municipios no afecta solo a los propios agentes o a los ciudadanos, sino que también ha encendido las alarmas de Agrupa (Asociación de Guardas Rurales Profesionales de Aragón). En un comunicado de hace unas semanas, y en base a la propuesta de reorganización del Seprona que todavía no se ha decidido, los guardas denuncian «el desmantelamiento» del servicio en la provincia de Zaragoza.
Para los guardas, la situación ha derivado en «una alarmante disminución de la vigilancia en los entornos rurales, lo que ha generado un auténtico aluvión de furtivos». Unos sujetos que, a su juicio, «actúan con total impunidad». Los guardas se siente «desbordados» en su tarea y reclaman «el despliegue previo del Seprona y reforzarlo con más efectivos y medios».
Desde la asociación lamentan que en su actual situación «no se puede garantizar la seguridad en nuestros montes, ni proteger adecuadamente el patrimonio cinegético y natural que corresponde custodiar».
«Los guardas rurales no podemos garantizar la seguridad en nuestros momentos, ni proteger adecuadamente el patrimonio cinegético y natural que nos corresponde custodiar», analizan en su comunicado, en el que defienden «la simbiosis» entre los dos cuerpos y piden un plan de actuación coordinado y estructurado.
