España compartirá secretos oficiales con Bélgica a través de un nuevo marco de cooperación pactado entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el Ejecutivo belga. Ambos países han activado finalmente este acuerdo de intercambio de información clasificada que llevaba siete años congelado, pendiente de que se salvaran las reticencias de ambas partes y de que llegara el visto bueno definitivo.
Mientras la Justicia belga lleva años frenando extradiciones e incluso cuestionando abiertamente la calidad del Estado de Derecho español, los gobiernos de ambos países acaban de establecer este pacto para cruzarse información sensible manejada por los servicios de inteligencia de ambos países y que resulte de especial valor para las estrategias operativas y de seguridad. Por parte española, la ejecución práctica de lo contenido en este acuerdo afecta y queda en manos del Centro Nacional de Inteligencia. Por parte belga, será administrado por su organismo homólogo, la Autoridad Nacional de Seguridad.
El pacto que acaba de entrar en vigor –está activado de forma efectiva desde el 5 de enero– refuerza los protocolos de intercambio de información clasificada del máximo nivel, la que se corresponde con la calificación de reservada –secreta, en la nomenclatura belga–, o su peldaño inmediatamente inferior, la información «confidencial».
Este pacto lo impulsó el Gobierno de Mariano Rajoy. Fue negociado entre los ejecutivos de ambos países y, en octubre de 2015, quedó redactado, pero pendiente del visto bueno definitivo. Han sido años en los que se han sucedido las polémicas por el freno de la Justicia belga a la extradición de prófugos españoles de especial significado público, en ámbitos tales como el terrorismo etarra, el independentismo catalán –con el ‘expresident’ Puigdemont al frente– o el caso del rapero Josep Miquel Arenas ‘Valtonyc’, acomodado en Bélgica para esquivar la pena de prisión que se le impuso en España por canciones en las que se apreciaron los delitos de enaltecimiento del terrorismo, injurias y calumnias a la Corona.
En paralelo a esos rifirrafes por la actitud de los jueces belgas, el pacto de cooperación en materia de inteligencia quedó frenado, a falta de que ambos gobiernos terminaran de aceptar y pulir sus términos. Y el documento quedó adormecido. Sin citar expresamente este acuerdo de intercambio de secretos que estaba pendiente, el Gobierno de Sánchez anunció el pasado verano que estaba tendiendo puentes con el Ejecutivo belga para estrechar la cooperación en materia política y administrativa, según dijo entonces. Con ese fin, la entonces ministra Arancha González Laya se reunió con su homóloga belga a primeros de junio, escasas semanas antes de ser destituida por Pedro Sánchez y relevada por José Manuel Albares.
Ahora, el acuerdo que acaba de entrar en vigor allana los cauces para intercambiar información confidencial en el campo de la seguridad. Hay que tener en cuenta que Bélgica es un escenario de alto valor estratégico para los servicios europeos de inteligencia en su lucha contra la amenaza del terrorismo yihadista. Pero, también, un terreno con querencia para destacados prófugos españoles con querencias secesionistas.
El pacto activado ahora establece las condiciones en las que las autoridades de ambos países deben manejar los secretos que se intercambien, la custodia de la misma, quién y cómo manejará esa información y para qué fines. El título oficial es elocuente: «Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Bélgica para el intercambio y protección recíproca de información clasificada».
España opta así por reforzar las relaciones con Bélgica en materia de inteligencia pese a los nulos efectos que sobre sus autoridades han tenido en un pasado muy reciente gestos como el reproche de medio centenar de diplomáticos españoles al embajador belga por la complacencia de las autoridades de su país con líderes independentistas huidos. Y es que Bélgica fue el destino elegido por Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros, cuando huyeron tras proclamar su efímera república y la Fiscalía se querelló contra ellos. De eso han pasado cinco años.
Y allí también se refugió, entre otros, la etarra Natividad Jáuregui ‘Pepona’, cuya entrega rechazaron las autoridades belgas hasta en tres ocasiones por el tiro en la nuca al coronel Ramón Romeo cuando salía de misa en Bilbao en 1981. La miembro del comando Madrid había iniciado una nueva vida en Gante, donde trabajaba en una ‘braserie’, publicaba blogs de cocina y se fotografiaba en mariscadas con amigos. Todos estos argumentos de «arraigo» y de una España represora que exhibió el letrado Paul Beckaert –quien luego sería contratado por Puigdemont, y más recientemente por Valtonyc–, fueron comprados por la justicia belga, que denegó su entrega en 2004, 2005 y 2015 al «presumir» que España podía violar los derechos humanos de la etarra. Solo la intervención del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo hizo plegarse a Bélgica ante la evidencia de que no había examinado a fondo las euroórdenes cursadas por España . ‘Pepona’ acabó siendo entregada en noviembre de 2020.
Lo sucedido con los independentistas catalanes también es una nueva muestra de la laxa cooperación judicial que muestra Bélgica ante un instrumento basado en la reciprocidad y confianza mutua en las resoluciones de los estados miembros de la Unión. No solo ha dado largas y cuestionado defectos de forma en la solicitud de entrega de las autoridades españolas, sino que, lejos de limitarse a constatar si se cumplen los requisitos para hacer posible la entrega, ha entrado de lleno a cuestionar el sistema judicial español. Lo en su hizo con su negativa a entregar al exconsejero Lluis Puig alegando que el Supremo no era competente para juzgarlo y que tenía que hacerlo el TSJ de Cataluña.
Precisamente ayer la Corte de Apelación de Gante seguía sin ver enaltecimiento del terrorismo en las letras del rapero ‘Valtonyc’ aunque sí se avenía a examinar su entrega por injurias a la Corona.
