Doce enmiendas introducidas por el PSOE y sus socios a los nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) carecen de cuantificación y fondos específicos asignados, y no fueron compensadas con la bajada de otras partidas a pesar de que aumentan el gasto público o menguan los ingresos. Ello implica que los ministerios perjudicados tendrán que realizar ahora recortes para poder cuadrar sus cuentas y que, por tanto, no podrán cumplir los Presupuestos tal y como se han aprobado.
La inmensa mayoría de estas enmiendas, once de ellas, son cesiones que el Gobierno hizo a sus socios independentistas y soberanistas para lograr su ‘sí’ al proyecto. Tres responden a exigencias de ERC, una a Bildu, tres al PNV y cuatro al de PDeCAT. La última pertenece a Nueva Canarias y está relacionada con beneficios fiscales previstos en el fuero canario y ajenos a las ayudas por el volcán.
«Reasignación de créditos»
El Ministerio de Hacienda evita utilizar la palabra recortes, pero admite que estas enmiendas serán financiadas «con los créditos de los departamentos afectados, mediante la oportuna reasignación de créditos de sus respectivos presupuestos y de acuerdo con los criterios de priorización que dichos departamentos consideren». Es decir, que los ministerios perjudicados tendrán que cercenar partidas para poder sufragar estas nuevas cesiones porque no va a haber aumento de créditos.
Esta operación se llevará a cabo con opacidad porque los criterios para reasignar fondos serán los que marquen los propios ministerios, al margen del escrutinio del Congreso. Y esta falta de transparencia se agrava por la ausencia de cuantificación de estas enmiendas. El Congreso aprobó estos cambios sin conocer siquiera una estimación de su coste y tanto Hacienda como Seguridad Social no han querido desvelar a ABC cuál es su montante. El departamento que encabeza José Luis Escrivá es el más afectado y sostiene que sus técnicos tienen mucho trabajo para buscar los datos. Fuentes de las negociaciones entre el PSOE y sus socios apuntan a que estas enmiendas ascienden a «varios millones de euros». «Desde luego no son uno ni dos», subrayan.
Uno de los cambios más importantes introducido sin fondos específicos es la ampliación de la prestación económica para el cuidado de hijos con cáncer u otras enfermedades graves, que podrá cobrarse hasta que el paciente alcance los 23 años, en lugar de los 18 actuales. Esta disposición fue una exigencia del PNV y, según los cálculos de este grupo, beneficiará a unas 8.000 familias españolas. Por el mismo método, y también a petición de este partido vasco, el Gobierno enmendó el derecho a la reducción de jornada por guarda legal de personas con discapacidad y el derecho de los funcionarios públicos a permiso en caso de hijo menor afectado por enfermedades graves.
El presupuesto de Seguridad Social aún tendrá que reajustarse por otras dos reformas introducidas a exigencia de ERC y Bildu. Son las que equipararán la jubilación anticipada de los Mossos d’Esquadra y la Policía Foral de Navarra a los 60 años de la Policía Nacional y la Ertzaintza.
Tras este ministerio, las arcas de Hacienda son las siguientes damnificadas. Los republicanos arrancaron beneficios fiscales tanto para el programa ‘Barcelona Music Lab’ como para las ferias ‘Alimentaria 2022’ y ‘Hostelco 2022’, que pasan a tener la consideración de «acontecimientos de excepcional interés público». En 2022 y hasta final de 2024 se les aplicará el régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y los incentivos fiscales al mecenazgo, lo que reducirá los ingresos del Estado. En concreto, el Impuesto sobre Actividades Económicas que corresponda a los organizadores quedará bonificado al 95 por ciento, así como todos los tributos y tasas locales. También se beneficiarán de deducciones por los gastos de publicidad, donativos y aportaciones.
La lista de acontecimientos catalanes que se acogerán a estas ventajas continúa de la mano del PDeCAT, que logró introducir en esta lista la cuarta edición del programa ‘Barcelona Equestrian Challenge’, la reconstrucción de la piscina histórica cubierta de saltos del Club Natació Barcelona y las celebraciones del 200 aniversario del Paseo de Gracia y del milenario de Montserrat 2025.
«Impacto limitado»
Sobre estos beneficios fiscales, y ante la reducción de ingresos que conllevan, Hacienda defiende que tienen «un impacto muy limitado». «Su efecto se percibirá en la declaración anual que se presenta en 2023», excusan fuentes del ministerio que dirige María Jesús Montero. No obstante, las deducciones se generan sobre el hecho imponible de 2022 y, por tanto, sobre los ingresos que corresponderían a este año. La caja prevista de Hacienda se terminará de trastocar con la exclusión de Canarias de la tributación mínima del 15 por ciento del Impuesto de Sociedades. Esta comunidad mantendrá su mínimo en el 4 por ciento a petición de Nueva Canarias.
La inclusión de estas doce enmiendas, que no solo impactan en la cuenta de ingresos y gastos del Estado, sino que lo hacen sin cuantificación alguna, contrasta con el rodillo que el Gobierno aplicó contra más de mil enmiendas de la oposición –la mayoría de ellas de PP y Ciudadanos–, para vetarlas alegando que afectaban al balance público. El Ejecutivo utilizó la disposición constitucional prevista para proteger los Presupuestos e impidió que se debatieran una quinta parte de las propuestas registradas. Entre ellas la inclusión de ayudas a familias afectadas por enfermedades raras, rebajas impositivas o del precio de la luz o la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad a 24 semanas. El Gobierno, en cambio, incluyó una subida del 2 por ciento para el sueldo de todos sus miembros.
Abuso del veto
Los socialistas usaron el veto de forma tan sistemática que los letrados del Congreso terminaron reprendiéndoles por abusar de esta figura. En un informe escrito, los servicios jurídicos de la Cámara cifraron en 454, el 42 por ciento del total, las propuestas de los grupos censuradas sin razón. En unos casos porque el Gobierno no fundamentó su impacto sobre los Presupuestos, en otros porque afectaban a otras administraciones distintas a la General del Estado o porque contenían compensaciones al gasto propuesto. Un exceso que resulta aún más desproporcionado teniendo en cuenta que, tan solo una semana después, el Gobierno de Sánchez incluyó doce enmiendas sin preocuparse de cuantificarlas.
