El último movimiento judicial con el «caso Kitchen» deja en evidencia, según el «aparato» del PP de aquella etapa, una de «las grandes debilidades» del ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy ante este escándalo. Las últimas imputaciones del magistrado Manuel García Castellón son «la prueba» de que por medio «hay muchas personas y muchos intereses», y que esto puede ser «otro lío para Génova si no lo manejan bien políticamente». Esto último quiere decir que en el partido recelan de que «la deuda» de Pablo Casado con la ex ministra y ex secretaria general María Dolores de Cospedal, por deberla su victoria en el Congreso de la sucesión de Rajoy, pueda exigirle «la carga de mirar hacia otro lado y no abrirla al menos un expediente informativo, ya que no significa nada para Cospedal, pero sí amortigua el peso de la imputación por lo que pueda ocurrir en el futuro». Desde la dirección del partido, justificaron la decisión de dar un trato especial a Cospedal, a diferencia de lo que hicieron con el ex ministro Jorge Fernández Díaz, por ejemplo, en que, «en estos casos, se espera que ella misma sea responsable». Las «maniobras» desde el entorno de Rajoy para que se mantenga el silencio de confesión «bajan hasta segundos niveles», como explican desde aquel Gobierno que Rajoy presidió, y es prioritario, entre otros, el nombre de José Luis Ortiz, jefe de Gabinete de Cospedal, y de quien en el PP temen que «la lealtad pueda durar lo que dure el no verse en problemas».
El que fuera jefe de Gabinete de Cospedal ha sido citado a declarar por los mismos delitos que el juez de la Audiencia Nacional atribuye a Cospedal y a su marido, el empresario Ignacio López del Hierro: cohecho, malversación y tráfico de influencias. Esta afirmación de que por medio «hay muchas personas y muchos intereses» la justifican quienes vivieron en primera línea aquella etapa en el hecho de que «los orígenes de la Kitchen están en el momento en el que aparecieron los mensajes que Rajoy intercambió con su ex tesorero» hasta marzo de 2013, cuando éste le espetó por SMS al líder del PP aquello de «tú sabrás a qué estas jugado», pero «yo quedo liberado de todo compromiso contigo y con el partido».
El enfado de Bárcenas venía provocado porque los abogados del partido no «permitiesen la verificación del contenido de las cajas que había en el despacho que tú me autorizaste». El «Luis, sé fuerte» desencadenó lo que terminó convirtiéndose en el caso que ahora investiga la Audiencia Nacional por el presunto uso de fondos reservados, y de las alcantarillas de la policía, con el ex comisario José Villarejo de por medio, para sustraer información sensible al ex tesorero del PP que podía perjudicar a cargos de este partido, desde Rajoy hacia abajo.
En el PP quieren confiar en que Rajoy tiene «influencias» en el ámbito judicial y sostienen que «los muros de contención llevan tiempo puestos y son firmes», una confianza que les viene de la información que les trasladan, por vía interpuesta, desde el «aparato» señalado por la investigación policial y judicial. Pero también les preocupa que Ortiz «fuera íntimo de El Gordo» (Enrique García Castaño, comisario cómplice de Villarejo), y que «haya más de dos voces en un secreto, hace imposible que se guarde». Los investigadores consideran a García Castaño una pieza importante en la supuesta organización criminal gestada por Villarejo para acceder a datos confidenciales de personas y elaborar informes policiales, además de realizar escuchar telefónicas que se usaron «en luchas personales».
La información que trasciende, desde quienes estuvieron alrededor de Rajoy en la etapa bajo investigación, le señala directamente en el ámbito político como presunto último responsable de las órdenes y del diseño de la operación para desactivar a Bárcenas. Dicen que «él no sólo estaba al tanto, sino que llevaba la comunicación directa con quienes en Génova y en Interior desarrollaban sus planes».
Pero la lectura política no tiene consecuencias en el ámbito judicial si no hay pruebas que así lo corroboren. Y a esto es a lo que se agarran en la actual dirección popular para confiar en que Rajoy «se salve» y en que esta exoneración pueda, finalmente, reforzar al partido. Por mucho que den por hecho que los resortes del ex presidente le protegerán, también en el otro lado de la balanza está la necesidad y el interés del Gobierno y del PSOE en que este caso tenga el mayor coste político para el PP, y envalentone a Vox, porque esto alejará al centro derecha de la Moncloa. «En la situación actual, Sánchez buscará el mayor rédito de este asunto y Delgado [por la fiscal general del Estado] no quitará la vista de encima a los fiscales. Por eso, cuanto más se aleje el problema del PP y de la dirección, mejor». La cúpula popular está por necesidad entre las dos almas del partido, la partidaria de mantener el cierre de filas con el viejo PP y la que cree que la ruptura debe ser total.
Ayer, el líder popular evitó responder sobre Cospedal y la Kitchen. «No tiene nada que ver con mis responsabilidades. Hace cuatro meses que dije que no iba a volver a hablar de cuestiones que no tienen nada que ver con mi responsabilidad como presidente del PP y que no tienen que ver con la necesidad de soluciones como las que hoy hemos venido a aportar a aquí», señaló durante una visita a Ceuta. Cospedal tendrá que dar explicaciones ante el juez. Pero desde la investigación avisan que quedan todavía «cosas sustanciales» por salir, y que estas novedades pueden alterar la evolución de los acontecimientos. La pregunta que tienen sin contestar en el PP es si la polémica se frena en Interior, como pretende «imponer» el ex presidente del Gobierno, o llega hasta Moncloa, y a la mano derecha de Rajoy, la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.
