La Comisión Europea ha decidido llevar este viernes a Reino Unido ante el Tribunal de Justicia de la Union Europea por su inoperancia a la hora de garantizar la devolución de hasta 100 millones de euros por parte de grandes empresas beneficiarias de ventajas fiscales desleales en Gibraltar. Según el comunicado de la Comisión, «los beneficiarios debían devolver a Gibraltar los impuestos impagados por un importe cercano a 100 millones de euros» en impuesto de sociedades y otras ayudas del Gobierno británico en el territorio, consideradas ilegales en el marco de la UE.
En 2018, Bruselas consideró este trato fiscal favorable, registrado entre enero de 2011 y diciembre de 2013 -años antes del referéndum del Brexit y la consecuente salida del Reino Unido de la UE- como incompatible con la legislación europea sobre ayudas estatales, por distorsionar el mercado de la competencia.
Más de dos años después de la decisión de la Comisión, las autoridades de Gibraltar, y en consecuencia Reino Unido, solo han recuperado un 20% de lo exigido.
A juicio de Margrethe Vestager, vicepresidenta de la Comisión y ‘dama de hierro’ de la Competencia, «la ayuda daba una ventaja injusta a algunas empresas multinacionales». Los estados miembros «deben recuperar las ayudas estatales ilegales dentro del plazo establecido en la decisión de la Comisión, que suele ser de cuatro meses», reza el comunicado de la Comisión. En este caso, Reino Unido no habría forzado estas devoluciones ni en dos años desde la decisión de Bruselas.
Pese al Brexit, Bruselas considera que Londres debe seguir respondiendo por todas las acciones emprendidas mientras formaba parte de la Unión y por ello lleva este caso ante el Tribunal de Justicia de la UE.
En plena crisis del coronavirus, la lucha contra la elusión fiscal de las grandes corporaciones se ha convertido en el gran caballo de batalla de la UE. Para afrontar los planes nacionales de recuperación y sus consecuentes reformas, los gobiernos europeos necesitan recursos con los que financiar la recuperación y reducir al máximo la fuga de importantes ingresos fiscales tanto a países fuera de la UE como a otros estados miembros.
