Un mínimo de tres semanas para recuperar la actividad habitual en los tribunales. Ese es el plazo que se marca el Ministerio de Justicia, según comunicó ayer durante una reunión a las asociaciones profesionales de jueces y fiscales. El plan de Justicia implica una reincorporación paulatina de los funcionarios a partir del próximo lunes. Durante la primera semana, se incorporará entre el 30% y el 40% de la plantilla; la siguiente, ya trabajará entre el 60% y el 70% y se activarán por primera vez, los turnos de tarde; y a la tercera, el 100%. El calendario podría sufrir retrasos en función de la evolución de la pandemia en cada comunidad.
La incorporación escalonada de los funcionarios, que dependen del ministerio y de las comunidades con las competencias transferidas, no implica, en principio, que vaya a haber cambios a partir de la próxima semana respecto a la suspensión de la actividad judicial no urgente, según las fuentes consultadas. Pero, incluso con las vistas suspendidas, la vuelta a los juzgados de los funcionarios empieza a ser necesaria, según estas fuentes, para que los jueces puedan ir trabajando en escritos que se han presentado en las últimas semanas a través de Lexnet, el sistema de notificaciones telemáticas de la Administración de Justicia.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el ministerio tienen pendiente decidir cuándo se retomará toda la actividad judicial y se levantará la suspensión de los plazos procesales que entró en vigor con el estado de alarma. El plan de Justicia es reactivar los plazos dentro de tres semanas, coincidiendo con la incorporación total de la plantilla de funcionarios. Aunque el Consejo no ha informado de cuándo planea retomar las vistas, las fuentes señalan que lo previsible es que se haga coincidir esa fecha con la que establezca el Gobierno para los plazos procesales. Este calendario para la desescalada estará sobre la mesa en la reunión que, como cada viernes, mantendrá hoy la comisión de coordinación de crisis de Justicia, de la que forman parte el ministerio, las 12 comunidades con las competencias transferidas, el CGPJ y la Fiscalía General del Estado.
Tras el encuentro de este jueves, las asociaciones de jueces y fiscales difundieron un comunicado conjunto en el que mostraron su malestar por la falta de información y de consenso con las medidas que se han ido adoptando en las últimas semanas. Los miembros de ambas carreras pidieron también que se garantice la protección de los trabajadores y se potencien las herramientas tecnológicas, que se consideran imprescindibles para impulsar la justicia telemática en la que se basa buena parte del plan de Justicia para evitar el caos tras la pandemia. A preguntas de las asociaciones, el ministerio advirtió de que si no se convalida la próxima semana el real decreto-ley de medidas procesales y organizativas habrá dificultades para cumplir con los objetivos propuestos.
El CGPJ, por su parte, acordó este jueves una modificación parcial del contrato con la compañía médica que realiza reconocimientos anuales a los más de 5.400 jueces en activo en España para poder hacerles la prueba serológica que permite saber si se han generado anticuerpos frente al covid-19.
