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Los proeuropeos infligen la primera derrota parlamentaria a May

Una intensa sesión en el Parlamento británico ha demostrado esta noche que, en las negociaciones del Brexit, el europeo es solo uno de los dos complicados frentes en los que batalla la primera ministra británica. En Bruselas, Theresa May acude el jueves al Consejo Europeo arropada por el éxito de haber logrado un acuerdo sobre los términos del divorcio que le permitirá avanzar a la segunda fase de las negociaciones y empezar a hablar de la relación comercial futura. Pero en Westminster, el otro frente, ha vuelto a quedar en evidencia la debilidad política de May, al triunfar una aparatosa rebelión del sector más proeuropeo de sus propios diputados. Estos han conseguido este miércoles por la noche, uniendo su voto al de la oposición, que prosperara una enmienda a la gran ley del Brexit, que obliga a incluir en la misma una garantía explícita de que el Parlamento podrá votar el acuerdo que se alcance con los Veintisiete antes de que este se firme. La enmienda ha prosperado por 309 votos contra 305.

La de esta noche ha sido la primera gran derrota parlamentaria de Theresa May en el proceso del Brexit. Hasta ahora, el proyecto de “la gran ley de retirada de la UE” había superado intacto su tramitación parlamentaria, sin que prosperase ninguna de los centenares de enmiendas interpuestas por diputados de uno y otros signo. Se trata de una colosal pieza legislativa, clave en la estrategia del Gobierno, cuya principal misión será, en el momento en que se produzca el Brexit, terminar con la supremacía de la legislación comunitaria, derogando el acta de adhesión y trasladando automáticamente el acervo comunitario al ordenamiento jurídico británico, para evitar un caos normativo inmediatamente después de la salida.

La enmienda, propuesta por el diputado conservador y ex fiscal general Dominic Grieve, persigue cambiar la cláusula 9 del proyecto de ley para que el Gobierno no pueda implementar el acuerdo que se alcance con Bruselas hasta que los diputados den la luz verde a través de una nueva ley. La redacción actual del proyecto de ley permitiría al Gobierno implementar el acuerdo a través de legislación secundaria y, por tanto, con mucho menor escrutinio parlamentario. Sin ese cambio en la ley, defienden los rebeldes, el Parlamento no tendría realmente la última palabra en los términos del Brexit, como le corresponde.

El Gobierno, presionado, ya había ofrecido un voto a los diputados sobre el acuerdo alcanzado con Bruselas. Pero los rebeldes quieren que el voto sea antes de que se firme el acuerdo, para que haya margen de reacción, y que se escriba explícitamente en la ley para que no haya sorpresas de última hora. Los más euroescépticos, por su parte, ven en la maniobra un intento de descarrilar el proceso del Brexit.

Al margen de las implicaciones técnicas, el voto a favor de la enmienda supone una derrota para Theresa May. Las derrotas parlamentarias no son del gusto de ningún Gobierno, pero son especialmente dolorosas para uno como el de May, que se enfrenta a una enorme actividad legislativa con una fragilísima mayoría. Lo que hace humillante aún a esta derrota es el hecho de que el Gobierno ha peleado la batalla literalmente hasta el último minuto, ofreciendo concesiones a los rebeldes y hasta amenazándoles con represalias legales.

La votación, celebrada entrada ya la noche en Londres, tras más de seis horas de debate, fue muestra de la delicada aritmética del parlamento británico tras perder May la mayoría absoluta en las elecciones anticipadas del pasado mes de junio. Los conservadores cuentan con una mayoría real de 15 escaños, gracias al apoyo de los unionistas norirlandeses del DUP. Con lo cual, bastaba con que ocho diputados conservadores se rebelaran y votaran a favor la enmienda. Pero otra incógnita era cuántos de los siete diputados laboristas pro Brexit estarían dispuestos a votar con el Gobierno.

Rajoy advierte a Puigdemont de que no aceptará imposiciones “gane quien gane” el 21-D

Mariano Rajoy no aceptará “imposiciones” de Carles Puigdemont aunque el independentismo se alce finalmente con la victoria en las elecciones del 21D. Así lo ha advertido este martes el presidente del Gobierno, en respuesta al reto lanzado por Carles Puigdemont, quien ha retado a la justicia a detenerle si vuelve a España para ser investido president, en caso de que el independentismo gane las elecciones.

“El 22 de diciembre el Gobierno será el mismo, con el mismo presidente y los mismos apoyos y quiere hablar, pero no va a aceptar imposiciones ni que Cataluña se quede fuera de España y de Europa” ha advertido Rajoy en un momento en el que los independentistas, tanto JxCat como ERC, vuelven a abrazar la vía unilateral y a defender la “construcción de la república” que hace diez días solo abanderaba la CUP.

Ni imposiciones ni indultos

En términos igualmente duros se ha expresado el candidato del PP, Xavier García Albiol, al rechazar la posibilidad de que el Gobierno indulte a los dirigentes independentistas, como ha apuntado esta mañana el líder del PSC, Miquel Iceta.

Los indultos a Puigdemont y Junqueras no son la prioridad de los catalanes, indultar a aquellos que han provocado la peor crisis de Cataluña en décadas no forman parte de la agenda” ha señalado Albiol, quien ha pedido a Iceta que “tenga claro hacia donde dirigir los esfuerzos, ningún gobierno del PP va a contemplar como prioridad ni posibilidad el indulto a estas personas”.

El candidato popular ha defendido además que es necesario “un mensaje de firmeza democrática” en unos momentos en los que “los catalanes van a tener que elegir los partidos que tienen que dirigir Cataluña en los próximos años”.

Los líderes populares han hecho estas advertencias en una visita a las Cavas Freixenet, en Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona), cuyo presidente, José Luis Bonet, ha sido uno de los pocos empresarios catalanes que en los últimos años se ha opuesto abiertamente a la deriva independentista emprendida desde la Generalitat, pese a lo cual su empresa ha optado por no abandonar Cataluña. Una decisión que Rajoy ha elogiado y agradecido ante Bonet, que en su momento propuso al Consejo de Administración de la multinacional del cava el traslado de su sede social.

El empresario genera riqueza, crea empleo y mueve la sociedad, no tiene la culpa de las decisiones caprichosas e irresponsables de algunos dirigentes políticos”

“El empresario genera riqueza, crea empleo y mueve la sociedad, no tiene la culpa de las decisiones caprichosas e irresponsables de algunos dirigentes políticos”. Con este argumento ha defendido el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que acabe el boicot a los productos catalanes que se ha vivido tras la declaración unilateral de independencia.

En un acto electoral destinado a demostrar el apoyo del Gobierno al empresariado catalán con la restitución de la “normalidad”, auténtico eje de la campaña del PP para las elecciones del 21-D, Rajoy ha señalado que “los empresarios catalanes se han visto castigados en Cataluña y en el resto de España, y lo único que han hecho es crear puestos de trabajo e intentar hacer bien las cosas”.

Se trata del segundo acto electoral protagonizado por el presidente del Gobierno hoy en Cataluña, donde ha desembarcado en apoyo del candidato del PP a las elecciones del 21-D, Xavier García Albiol, al que las encuestas sitúan a la cola en intención de voto. Rajoy volverá a Cataluña, en este caso Girona, el próximo fin de semana, en el que se completará el desembarco de la dirección nacional del partido con un acto en Salou (Tarragona).

En Badalona, Mariano Rajoy, ha asegurado de cara a las elecciones del 21 de diciembre que “el PP es la única garantía de que Cataluña siga siendo España y siga siendo Europa” y ha reclamado el voto para su partido porque “las batallas hay que ganarlas en todos los parlamentos”.

El presidente ha defendido una vez más la aplicación del artículo 155 porque “acabó con un disparate”. “El Gobierno aplicó la Ley, supo pactar con otros partidos, recuperó la legalidad y consiguió el apoyo de toda Europa, sin excepción, y además convocó elecciones”, ha zanjado para responder a quienes, como Podemos y los partidos independentistas, cuestionan la constitucionalidad de su aplicación al caso catalán.

Capitanía exhibe las maquetas de ocho castillos de Aragón realizadas por estudiantes de «Drones y Mazmorras»

Los castillos de Sádaba, Mora de Rubielos, del Compromiso, Mesones de Isuela, Cadrete, Sora, Luesia y Monzón podrán ser contemplados desde hoy y hasta el 14 de enero en el edificio de Capitanía, en la plaza de Aragón de Zaragoza, en forma de grandes maquetas realizadas por alumnos de Secundaria.

Esta muestra -de acceso libre y gratuito- es el resultado del trabajo de un año de estudiantes de nueve institutos que han participado en el proyecto «Drones y Mazmorras» del Instituto de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos (BIFI) de la Universidad de Zaragoza y de la Fundación Ibercivis. De este modo, en la iniciativa han participado alumnos de los institutos de Sádaba, Gúdar-Javalambre, Mar de Aragón, Colegio Salesiano Laviaga-Castillo, Virgen del Pilar, Cinco Villas, Río Arba, La Azucarera y José Mor de Fuentes, adquiriendo así conocimientos en tecnología, historia y patrimonio.

En este proyecto se ha incidido en la grabación de los castillos con drones y cámaras digitales, en el tratamiento de las imágenes con software de modelado 3D, y en el uso de cortadoras láser, fresadoras e impresoras 3D (de Laboratorios César de Etopia) con las que se han creado las maquetas correspondientes. La exposición también incluye paneles informativos, fotografías, vídeos con recreaciones históricas e incluso cómics.

Esta iniciativa, financiada por la Fundación Española de Ciencia y Tecnología y Etopia_Centro de Arte y Tecnología, ha sido posible gracias a la colaboración de la Dirección General de Innovación, Equidad y Participación del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón y el Instituto Universitario de Ciencias Ambientales.

«Drones y Mazmorras es un proyecto interdisciplinar que no separa la ciencia y la tecnología de otras áreas como historia y humanidades», según Francisco Sanz, investigador del BIFI de la Universidad de Zaragoza y coordinador de los Laboratorios César.

Los participantes 

Un total de 50 alumnos, en representación de todos los participantes de 9 Institutos de Educación Secundaria, han expuesto en grupos esta mañana las peculiaridades de cada una de las maquetas: Castillo de Sádaba, IES Sádaba; Castillo de Mora de Rubielos, IES Gúdar – Javalambre; Castillo de la Orden de S. Juan «Castillo del Compromiso», IES Mar de Aragón; Castillo de Mesones de Isuela, Colegio Salesiano «Laviaga-Castillo»; Castillo de Cadrete, IES Virgen del Pilar; Castillo de Sora, IES Cinco Villas e IES Río Arba; Castillo de Luesia, IES La Azucarera; y Castillo de Monzón, IES Jose Mor de Fuentes.

El proceso

Los alumnos de 2º de ESO de Aragón han sido los responsables de crear maquetas de castillos de Aragón tras fotografiarlos, diseñar sus componentes para fabricarlos en impresoras 3D y ensamblarlos, además de elaborar paneles explicativos con su historia, leyendas y valor arquitectónico.

Paralelamente, los jóvenes han tenido que realizar una labor de documentación e investigación, para reconstruir la importancia del edificio a través de su contexto histórico, del proceso constructivo, de los relatos y leyendas de la tradición popular o de las funciones ejercidas por el edificio. Esta información servirá para elaborar un panel explicativo que acompañará a la maqueta en la exposición final que se hará con todos los trabajos en algún lugar emblemático y relacionado con las líneas del proyecto.

Para poder apoyarles, los docentes recibieron formación a través de dos seminarios reconocidos por el Departamento de Educación, Cultura y Deporte.

El equipamiento para llevar a cabo el proyecto (drones, cortadoras láser, impresoras, etc.) han sido aportados por el Instituto de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos de la Universidad de Zaragoza. El material y el espacio de trabajo para la realización de las maquetas fueron aportados por Ayuntamiento de Zaragoza a través del Centro de Arte y Tecnología de Zaragoza, ETOPIA. Además, el proyecto ha contado con el apoyo logístico para la toma de imágenes del Centro Universitario de la Defensa (CUD) y con el apoyo institucional del Gobierno de Aragón a través de su Dirección General de Innovación, Equidad y Participación y de la Dirección General de Administración Electrónica y Sociedad de la Información.

En este proyecto también se involucraron la empresa Diaporama-aragodron, Eduardo Cortina, experto en «videomapping», y el proyecto Drone-map.

Horario de la muestra en Capitanía 

El horario de exhibición será de 17.30 a 20.30 horas de lunes a viernes y los sábados y domingos también por las mañanas, de 11.00 a 13.00 horas (excepto 24, 25 y 31 de diciembre y 1 y 6 de enero, cuando permanecerá cerrada la muestra).

La fuga de empresas de Cataluña supera ya los 3.000 traslados desde el 1 de octubre

Un total de 3.004 empresas trasladaron su sede social desde Cataluña a otras regiones de España entre el 2 de octubre y el 12 de diciembre, si bien el ritmo de salidas se ha desacelerado en las últimas semanas y el martes se produjeron solo 22, según datos del Colegio de Registradores Mercantiles de España.

De esta forma, la fuga de empresas de Cataluña ha sobrepasado la barrera de los 3.000 traslados en apenas dos meses y medio desde la celebración del referéndum de independencia en la región, si bien los traslados han disminuido en las últimas semanas desde la aplicación del artículo 155 de la Constitución y la convocatoria de elecciones el próximo 21 de diciembre en la comunidad autónoma.

El número de salidas se mantuvo por debajo de las 30 diarias durante la última semana de noviembre y, aunque los días 30 de noviembre y 1 de diciembre repuntó hasta los 34 y 31 traslados, respectivamente, la semana pasada volvió a disminuir al marcar 24 traslados el lunes 4, 23 el martes 5 y 18 el jueves 7.

Además, este lunes registró su mínimo en el periodo, con solo 16 traslados, aunque ayer, martes, se elevó a 22, a apenas dos semanas de las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre.

En cualquier caso, la fuga de empresas de Cataluña continúa su desaceleración, en línea con las declaraciones del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien ha solicitado varias veces que las sociedades permanezcan en la región, tras la normalización institucional propiciada por la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

De hecho, el mes de noviembre cerró con 894 traslados de sede social desde Cataluña a otra parte de la geografía española, frente a los 1.982 del mes de octubre. En lo que va de diciembre se han acumulado 134 cambios de sede social.

Los días con el mayor número de cambios de sede de Cataluña desde el 2 de octubre tuvieron lugar el 19 de octubre, con 268 compañías; el 9 de octubre, con 212 entidades salientes, y el día 10 de octubre, con 177 empresas, mientras que el mínimo se registró este lunes, con 16 traslados.

Por su parte, un total de 132 empresas de fuera de Cataluña ha trasladado su sede a la región catalana desde la celebración del referéndum independentista el pasado 1-O, 78 el pasado mes de octubre, 40 en noviembre y 14 en lo que va de diciembre. Este martes no se registró ningún traslado de sede social a Cataluña desde otra parte de España.

La DGA pagará el 25% pendiente de la extra del 2012 en enero

Los empleados de la administración autonómica de Aragón cobrarán el 25% de la extra suprimida en el 2012 y aún pendiente de percibir a mediados de enero.

Así se lo anunció ayer el consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, a los representantes de UGT, Alicia Hernández, y CSIF, Pablo Ricardo Asín, que firmaron en el 2015 un acuerdo que incluía la recuperación de la parte de esa paga extra detraída a los empleados públicos en el 2012.

El abono de ese 25%, que requerirá una partida de 20 millones de euros en el presupuesto del 2018, aún sin aprobar, y que afecta a más de 50.000 empleados de la comunidad autónoma que percibirán de media entre 300 y 400 euros, se hará en una paga a mitad de enero y, aunque llega con un año de retraso, tanto Hernández como Asín mostraron su satisfacción porque supone «finiquitar» el fleco que quedaba pendiente.

La secretaria general de la Federación de Servicios Públicos de UGT-Aragón, Hernández, explicó que la recuperación de los derechos perdidos por los empleados públicos durante la crisis ha propiciado este acuerdo.

Según informó, este pacto se podrá dar por cumplido una vez que se abone la parte pendiente de la extra y, aunque sea con retraso, «más vale tarde que nunca», aseveró. «Sin una firma de un acuerdo es imposible recuperar derechos», añadió. Según Hernández, fue el Gobierno central el que decidió detraer esa extra a todos los empleados públicos y también «unilateralmente» la devolvió a los trabajadores del Estado, obligando a negociaciones en los territorios para que se pudiera incorporar partiendo además de la estabilidad presupuestaria.

El presidente de CSIF, por su parte, hizo un balance positivo no solo del desarrollo de este acuerdo, sino de todos los pactos suscritos esta legislatura, entre ellos en materia de conciliación de la vida laboral y familiar o el del pasado mes de octubre para la mejora del empleo público.

«Se demuestra que mediante la negociación colectiva los empleados públicos hemos recuperado casi el 90 % de todos aquellos derechos que se nos sustrajeron en la época de crisis», remarcó. Subrayó que en el ámbito de la comunidad queda pendiente dar un impulso a la promoción interna o establecer la retribución completa en las extras.

El PSOE se desmarca de Iceta y dice que la petición del indulto para políticos secesionistas es «su opinión»

El PSOE se ha desmarcado de las declaraciones del primer secretario del PSC y candidato a la Presidencia de la Generalitat catalana, Miquel Icetasobre los indultos para los exconsejeros que están en prisión y para los líderes de ANC y Òmnium.

«Es opinión de Miquel, la respetamos, pero es su opinión», dicen «sorprendidos» desde Ferraz. «Es su opinión, que respeto, pero en todo caso es la suya», ha asegurado también en los pasillos del Congreso la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra.

Aunque implícitamente la dirección federal ha reconocido que Iceta no ha coordinado con ellos esa posición, le han quitado importancia, «porque en campaña cualquier candidato puede hacer la propuesta que considere conveniente», según informa Efe. Han subrayado también la autonomía del PSC para hacer promesas que se circunscriben al ámbito de Cataluña en el marco de unas elecciones catalanas.

Estas palabras se producen después de que el líder del PSC indicara en Rac 1 que es partidario de pedir el indulto para los exconsellers presos y los líderes de la ANC y Òmnium encarcelados en caso de que sean condenados. «Sin duda pediría el indulto, porque en este país tendremos que cerrar heridas que tienen un origen político», ha dicho.

Hace días, en una entrevista en el diario «Ara», Iceta ya indicó que «si hay condenas, en algún momento tendrá que haber indultos».

Aprobado más de un millón de euros para los municipios con especiales dificultades de Zaragoza

29 localidades de la provincia de Zaragoza se verán beneficiados con 1,3 millones de euros para invertir en infraestructuras y servicios de interés general. Igualmente, se concederán 990.000 euros a 25 ayuntamientos de barrios rurales para atender als necesidades de este tipo de núcleos de población dispersos. Así lo ha decidido este miércoles el pleno de la DPZ que ha aprobado por unanimidad el plan de inversiones en municipios con especiales dificultades (Pimed).

“El Pimed es un plan destinado a compensar a los municipios que sufren afecciones por embalses y por otras instalaciones de producción de energía eléctrica, mientras que el plan de barrios rurales va destinado a los barrios rurales de la provincia dejando fuera a la capital, que ya dispone de un convenio específico entre la Diputación de Zaragoza y el Ayuntamiento”, ha explicado el vicepresidente primero de la DPZ, Martín Llanas.

Con ese dinero, los 29 ayuntamientos beneficiarios podrán ejecutar trabajos de pavimentación, alcantarillado, abastecimiento y tratamiento de residuos, así como obras en equipamientos culturales, instalaciones deportivas, caminos y dependencias municipales.

Por su parte, el plan de barrios rurales de la provincia recoge 44 actuaciones que suman 990.000 euros y que también se financiarán con cargo al presupuesto de 2017 y 2018. Con las ayudas concedidas, los 25 ayuntamientos beneficiarios acometerán obras de pavimentación, alcantarillado, abastecimiento y alumbrado público.

Según se establece en las bases de este programa, se considera barrios rurales a aquellos núcleos de población separados del casco urbano principal de su municipio que figuran en la encuesta de infraestructuras y equipamientos locales y que, por sus características poblacionales, estructura de las viviendas, antecedentes históricos y manifestaciones de una peculiar idiosincrasia, pueden ser objeto de un tratamiento diferenciado y específico.

Dos mociones

En el pleno de esta mañana también se han aprobado dos mociones. Una de ellas, presentada por el grupo En Común, insta al Gobierno central a modificar la regla del techo de gasto para permitir a los ayuntamientos que cumplen los criterios de estabilidad presupuestaria y control de la morosidad “reinvertir el superávit fiscal” y dar prioridad a los gastos vinculados “a los servicios públicos municipales”. El texto ha salido adelante con el apoyo del PSOE, CHA y el PAR y la abstención del PP y Ciudadanos.

La otra moción, planteada por CHA, insta al Ejecutivo central a resolver “con la mayor diligencia” el conflicto laboral de los examinadores de tráfico y a poner en marcha “medidas extraordinarias” para agilizar los miles de exámenes aplazados. En este caso, todos los grupos han apoyado la propuesta menos el PP, que se ha abstenido.

El juez recurre al 155 para que Hacienda haga la factura del 1-O

Los Ministerios de Economía y Hacienda están evaluando, por orden del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona –que investiga los preparativos del 1-O– los costes del referéndum ilegal. El pasado 30 de octubre, el sustituto del magistrado Juan Antonio Ramírez Sunyer –que fue recusado por las defensas de varios investigados y está apartado del procedimiento desde entonces– ya requirió a todas las consejerías de la Generalitat para que informasen de los costes económicos de la consulta suspendida por orden del Tribunal Constitucional. Pero la respuesta de los trece departamentos no arroja luz alguna: o bien contestan que no tienen conocimiento de partida alguna relacionada con el 1-O o aseguran que no se efectuó gasto alguno con ese fin.

A la vista de esa respuesta, el magistrado Jaime Conejo (que sustituye a Martínez Sunyer hasta que se resuelva el incidente de recusación) invoca la aplicación del artículo 155 de la Constitución –por el cual el Ejecutivo de Mariano Rajoy asumió las competencias de la Generalitat el pasado 27 de octubre– para requerir a ambos ministerios, a través de la Delegación del Gobierno en Cataluña, a fin de que den «las órdenes oportunas para la exacta y puntual cumplimentación» de los datos requeridos. Así consta en una providencia fechada el pasado 23 de noviembre, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, incorporada al sumario que instruye Ramírez Sunyer por sedición, malversación, desobediencia, prevaricación y revelación de secretos contra varios ex altos cargos de la Generalitat, entre ellos Josep Maria Jové, el que fuera «número dos» de Oriol Junqueras en Economía y responsable de la logística del 1-O.

En apenas quince días, la Generalitat cumplimentó el requerimiento judicial informando al instructor que «en ninguna» de las trece consejerías «se ha producido coste económico en relación a la celebración de la consulta».

El juez preguntó en particular por el pago con dinero público de informes previos a la celebración del referéndum; publicidad en los medios de comunicación; material electoral (urnas, papeletas o sobres); webs para difundir la consulta o medios informáticos para el escrutinio y verificación de votos; traslado y estancia de los observadores internacionales; actos de apertura y cierre de la consulta (celebrados en el Tàrraco Arena y en la Font Màgica de Montjuïc, respectivamente) y el coste del personal empleado para su celebración. Pero en todos los departamentos la respuesta fue la misma: los gastos o no existen o se desconocen. De ahí que ahora el magistrado quiera que sean los técnicos de los ministerios de Luis de Guindos y Cristóbal Montoro los que buceen en las cuentas de la Generalitat en busca de esos desembolsos que apuntalarían la imputación por un delito de malversación, castigado con penas de tres a ocho años de prisión.

La factura del 1-O es por ahora un arcano. Si bien los presupuestos de la Generalitat para 2017 preveían un desembolso de 6,2 millones de euros, el propio magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena –que investiga por rebelión a los principales responsables del «procés» (con Puigdemont y Junqueras a la cabeza)– rechazó el pasado 9 de noviembre imponer una fianza de responsabilidad civil por ese importe a Carme Forcadell y otros cinco ex miembros de la Mesa. Y lo hizo, pese a la petición de la Fiscalía en ese sentido, ante la ausencia de pruebas de que la celebración del referéndum se pagara «con cargo a fondos públicos» y «menos aún» que, en su caso, se desembolsaran finalmente esos 6,2 millones.

Las defensas de Puigdemont y los ex consellers sostienen –esgrimiendo una certificación de la Intervención de la Generalitat– que únicamente se gastaron 25.000 euros correspondientes al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI), pero matizan que en todo caso se hizo antes de que el Tribunal Constitucional anulase las partidas del referéndum.

La Guardia Civil cifra en 502.639 euros el dinero gastado por la Generalitat en la consulta. En un informe incorporado a la causa acusa al Gobierno de Puigdemont de llevar a cabo «argucias» para impedir conocer ese montante y propone que el Tribunal de Cuentas o la Intervención General realicen una auditoría. Además, no descarta que Òmnium o ANC pagasen los gastos.

Zaragoza acoge 507 congresos durante 2017 con un impacto de 48 millones de euros

Más de 48 millones de euros. Es el impacto económico que han dejado los 507 congresos que Zaragoza ha acogido durante el año 2017. Se trata de un 2,6% más de eventos que el año pasado, que han traído a la capital aragonesa a unas 117.500 personas, consolidándose así como una ciudad acogedora de congresos.

Son datos que ha detallado el consejero de Economía del Ayuntamiento de Zaragoza, Fernando Rivarés, en la reunión de la asamblea de Zaragoza Convention Bureau, integrada ya por 135 empresas e instituciones que trabajan conjuntamente para ofrecer los servicios necesarios en la organización de eventos.

Los congresos que más gente atraen son los relativos a medicina o educación, aunque en los últimos años han crecido los eventos sobre asuntos espirituales o mindfulness. «Hemos abierto la veda a un nuevo tipo de congresos, que podemos llamar espirituales, que tiene que ver con ámbitos nuevos de la investigación de creencias no religiosas o bienestar», ha señalado Rivarés. Para el año 2018, ya están confirmadas varias citas de estas características.

Los trabajos del Consistorio se centran ahora en impulsar la internacionalización, tal y como refleja el recientemente aprobado Plan Estratégico de Turismo 2017-2021, y reforzar las labores de difusión previas a las citas. «Hay que trabajar en el pre, durante y post. Antes de que decidan que Zaragoza es una opción para su congreso, tienen que saber que Zaragoza existe. Por eso aumentan los congresos aquí, porque les decimos que somos los mejores para su evento», ha indicado.

Además, Zaragoza Congresos desarrollará en los próximos meses una intensa actividad promocional con agentes profesionales de Francia, Alemania, Bélgica, Reino Unido y Holanda mediante la presencia en ferias especializadas, participación en workshops, organización de viajes de familiarización o visitas comerciales.

Asimismo, la previsión para 2018 es buena, ya que está confirmada la celebración de importantes citas como el Congreso Nacional de Pediatría, el Congreso Internacional de Investigación Educativa, la Convención de la Edificación, el Congreso de Educación Médica o el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Rodilla y Artroscopia, entre otros.

Santamaría promete un plan del Gobierno para relanzar la “marca Barcelona”

El Gobierno será el garante de la recuperación de la “marca Barcelona”. Así lo ha anunciado este lunes la vicepresidenta, Soraya Saénz de Santamaría, tras un encuentro con representantes del sector turístico en el que se han analizado los malos datos de los últimos dos meses y, sobre todo, del puente de diciembre en la capital catalana.

“Es fundamental relanzar la marca Barcelona. Cataluña y especialmente Barcelona tienen un gran potencial, excelentes infraestructuras, capacidad de atracción, infrasestructuras en ámbito turístico de primera magnitud y no es justo que por el procés se haya deteriorado la confianza en una marca que es de calidad” ha señalado Santamaría.

La vicepresidenta del Gobierno se ha reunido durante más de dos horas con representantes de los gremios de hostelería, restauración y comercio de Barcelona, -entre ellos Joan Clos, Amancio López o Joan Gaspar- con los que ha analizado las consecuencias del proceso independentista. El PP catalán ha hecho de la factura económica del procés uno de los ejes de su campaña, y su candidato, Xavier García Albiol, ha incidido especialmente en la defensa del sector que más directamente ha notado los efectos del 1-O y sus derivadas, acumulado a los de los atentados de Barcelona y Cambrils del pasado agosto.

“Es importante que no se cronifique” el deterioro económico que ha generado el proceso independentista, ha señalado, tras apuntar que los hoteleros le han trasladado caídas del 30% de la facturación y las reservas, pese a que se han bajado precios.

El turismo es empleo, ha destacado para señalar la importancia de estos datos que ha completado advirtiendo de que en los meses de octubre y noviembre el paro creció un 7% en el sector servicios en Cataluña mientras en el resto de España “se ha creado empleo en este sector”.

En este sentido, la vicepresidenta ha señalado que “es crucial cambio de clima en la Generalitat que permita al Gobierno tener interlocutor que dentro de la ley se preocupe por dar la vuelta al momento económico difícil que se está viviendo. Si restauramos la fractura social podremos darle la vuelta a la factura económica”.