29 localidades de la provincia de Zaragoza se verán beneficiados con 1,3 millones de euros para invertir en infraestructuras y servicios de interés general. Igualmente, se concederán 990.000 euros a 25 ayuntamientos de barrios rurales para atender als necesidades de este tipo de núcleos de población dispersos. Así lo ha decidido este miércoles el pleno de la DPZ que ha aprobado por unanimidad el plan de inversiones en municipios con especiales dificultades (Pimed).
“El Pimed es un plan destinado a compensar a los municipios que sufren afecciones por embalses y por otras instalaciones de producción de energía eléctrica, mientras que el plan de barrios rurales va destinado a los barrios rurales de la provincia dejando fuera a la capital, que ya dispone de un convenio específico entre la Diputación de Zaragoza y el Ayuntamiento”, ha explicado el vicepresidente primero de la DPZ, Martín Llanas.
Con ese dinero, los 29 ayuntamientos beneficiarios podrán ejecutar trabajos de pavimentación, alcantarillado, abastecimiento y tratamiento de residuos, así como obras en equipamientos culturales, instalaciones deportivas, caminos y dependencias municipales.
Por su parte, el plan de barrios rurales de la provincia recoge 44 actuaciones que suman 990.000 euros y que también se financiarán con cargo al presupuesto de 2017 y 2018. Con las ayudas concedidas, los 25 ayuntamientos beneficiarios acometerán obras de pavimentación, alcantarillado, abastecimiento y alumbrado público.
Según se establece en las bases de este programa, se considera barrios rurales a aquellos núcleos de población separados del casco urbano principal de su municipio que figuran en la encuesta de infraestructuras y equipamientos locales y que, por sus características poblacionales, estructura de las viviendas, antecedentes históricos y manifestaciones de una peculiar idiosincrasia, pueden ser objeto de un tratamiento diferenciado y específico.
Dos mociones
En el pleno de esta mañana también se han aprobado dos mociones. Una de ellas, presentada por el grupo En Común, insta al Gobierno central a modificar la regla del techo de gasto para permitir a los ayuntamientos que cumplen los criterios de estabilidad presupuestaria y control de la morosidad “reinvertir el superávit fiscal” y dar prioridad a los gastos vinculados “a los servicios públicos municipales”. El texto ha salido adelante con el apoyo del PSOE, CHA y el PAR y la abstención del PP y Ciudadanos.
La otra moción, planteada por CHA, insta al Ejecutivo central a resolver “con la mayor diligencia” el conflicto laboral de los examinadores de tráfico y a poner en marcha “medidas extraordinarias” para agilizar los miles de exámenes aplazados. En este caso, todos los grupos han apoyado la propuesta menos el PP, que se ha abstenido.
