Exviceministros y testaferros de políticos del Gobierno de Venezuela durante la presidencia de Hugo Chávez (1999-2013) cobraron presuntamente más de 2.000 millones de euros en comisiones ilegales por intermediar para que compañías extranjeras consiguieran adjudicaciones de la principal firma estatal, Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA). La mecánica implicó, al menos, a diez personas —exdirigentes chavistas, empresarios y sus familiares—, según informes de la Policía de Andorra que maneja la juez Canòlic Mingorance. La magistrada andorrana indaga el supuesto blanqueo en el marco de un expolio de la petrolera estatal.
Los pagos de los presuntos sobornos se abonaron entre 2007 y 2012 en la Banca Privada d’Andorra (BPA), a 7.400 kilómetros de Caracas. Y circularon por una telaraña de 37 cuentas corrientes a nombre de sociedades panameñas. El dinero saltó después desde el Principado a paraísos fiscales como Suiza o Belice a través de una laberíntica arquitectura concebida para enmascarar fondos, según las pesquisas.
EL PAÍS ha tenido acceso a las cuentas corrientes de los cabecillas y a detalles confidenciales sobre sus sociedades instrumentales. La red estaba formada por los exviceministros de Energía de Venezuela Nervis Villalobos y Javier Alvarado; un primo de un expresidente de PDVSA y directivos de este gigante petrolero. El grupo se completaba con un magnate de los seguros y testaferros.
LOS EXDIRIGENTES BAJO SOSPECHA
Nervis Villalobos Cárdenas. Fue uno de los jerarcas de la primera etapa del chavismo. Ingeniero, exviceministro de Energía y Petróleo encargado del control y suministro de electricidad entre 2001 y 2006, diseñó la planificación a largo plazo de uno de los sectores más estratégicos para el país. Tras dejar sus cargos asesoró a grandes empresas.
Javier Alvarado Ochoa. Hombre de confianza de Chávez. Exviceministro de Energía y expresidente de la eléctrica estatal de Caracas.
Rafael Ramírez. Hombre fuerte del chavismo, exministro de Energía y Petróleo y expresidente de PDVSA, que dirigió durante 12 años. Fue forzado a dimitir por Nicolás Maduro, que le nombró delegado ante Naciones Unidas hasta que tuvo que dejar el cargo el pasado día 4.
La trama justificó ante el banco andorrano sus millonarios ingresos como honorarios por trabajos de asesoría a empresas. Fue el argumento que esgrimió ante el denominado departamento de cumplimiento (compliance), un órgano de fiscalización de la BPA para prevenir la evasión de capitales. Y evitar que fondos de la droga, el tráfico de armas o la corrupción política aniden en un depósito bancario bajo apariencia legal.
Los investigadores sostienen que los supuestos trabajos de asesoría nunca existieron. Y que algunos de los informes por los que se pagaron minutas millonarias ocuparon folio y medio.
La juez de Andorra Canòlic Mingorance sospecha que el grupo cobró comisiones de entre el 10 % y el 15 % a compañías extranjeras, especialmente chinas, que recibieron después contratos de extracción de petróleo gestionados por PDVSA y sus filiales.
Las pesquisas conectan los manejos de la red con un acuerdo entre Venezuela y China por el que el país sudamericano recibió un préstamo de 20.000 millones de dólares (17.000 millones de euros) del gigante asiático a cambio de petróleo. Un portavoz de PDVSA ha declinado pronunciarse. Dice que el asunto «compete a la Fiscalía».
Trama de blanqueo
Pese los recelos, la BPA abrió las cuentas bajo sospecha. Y eso que su unidad de fiscalización interna llegó a advertir en algunos casos de la condición de los clientes de Personas Políticamente Expuestas (PEP), que es como se denomina en la jerga financiera a aquellas personalidades que, por haber ocupado un cargo público, deben someterse a un control especial para prevenir el blanqueo.
Las autoridades de Andorra, donde hasta el pasado año regía el secreto bancario, intervinieron en marzo de 2015 la entidad elegida por la trama para limpiar su botín. Estados Unidos había denunciado antes que este banco fue empleado por bandas criminales para el blanqueo, algo que sus propietarios niegan.
La juez Mingorance ha situado bajo su foco al que fuera viceministro de Energía del Gobierno de Hugo Chávez entre 2004 y 2006, Nervis Villalobos. El exdirigente fue detenido en Madridel pasado octubre por una causa distinta a petición de EE. UU., que solicita su extradición. Villalobos figura también como investigado en un juzgado de la Audiencia Nacional por presuntos sobornos de la ingeniería asturiana Duro Felguera.
LA MALA GESTIÓN QUE HUNDIÓ A PETRÓLEOS DE VENEZUELA
Venezuela y sus Gobiernos dependen en buena medida del rumbo y la estabilidad de su petrolera estatal. La situación de Petróleos de Venezuela (PDVSA), fundada en 1975 durante el primer mandato de Carlos Andrés Pérez, refleja desde hace años la gravísima crisis institucional y económica que golpea al país. Pero en los últimos meses se ha acelerado el ocaso de esta empresa, la única que garantizaba al aparato bolivariano una presencia en los mercados internacionales. A mediados de noviembre las agencias de calificación Fitch y Moody’s declararon en suspensión de pagos a la compañía. Al mismo tiempo, se conoció que en octubre se registró una caída en la producción de crudo nunca vista en los últimos 30 años, según la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Este hundimiento se debe, según los analistas, a tres factores: los desequilibrios cambiarios, la desinversión y la mala gestión de PDVSA.
Además, el presidente, Nicolás Maduro, empezó en agosto, con decenas de destituciones y detenciones, una purga de los hombres de confianza de su antecesor, Hugo Chávez. La operación culminó hace dos semanas con el nombramiento de un militar, el mayor general de la Guardia Nacional Manuel Quevedo, al frente de la petrolera. También desmanteló la cúpula de su filial en Estados Unidos, Citgo. En cualquier caso, el desmoronamiento de esta empresa va más allá del intento de Maduro de acaparar todo el poder y su temor a la traición. Tiene que ver con la mala gestión de sus recursos, las redes clientelares y la corrupción.
Tanto el letrado de Villalobos en esta última causa como el que le representa en la investigación de Andorra han declinado ofrecer su versión. Las pesquisas revelan que el exviceministro abrió 12 depósitos en la BPA y constituyó 11 sociedades instrumentales. Sus cuentas recibieron 124,2 millones de euros, según la Policía de Andorra.
Por su parte, Javier Alvarado, exviceministro de Energía y Petróleo y exdirector entre 2007 y 2010 de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), manejó cinco depósitos y cuatro sociedades que percibieron 46,5 millones de euros. Una de sus cuentas en Andorra se abrió en julio de 2008, cuando el dirigente todavía formaba parte del Ejecutivo de Hugo Chávez (fallecido en marzo de 2013).
Mientras, Diego José Salazar, primo de Rafael Ramírez, exministro de Energía, expresidente de PDVSA y representante hasta hace dos semanas del Gobierno de Nicolás Maduro en la Organización de Naciones Unidas (ONU), acumuló siete depósitos y seis sociedades. Sus cuentas movieron 21,2 millones de euros. Salazar fue detenido la semana pasada por su presunta participación en la trama. Este periódico no ha logrado localizar a los letrados de Alvarado y Salazar.
Cerco al hombre fuerte del expresidente
La fiscalía de Venezuela anunció el pasado martes que investiga a Ramírez, hombre fuerte de Hugo Chávez, por supuestos negocios petroleros con su primo. Ramírez no tiene cuentas en la BPA ni figura entre los investigados por la juez Mingorance.
En el foco policial están, también, las cuentas ocultas del magnate venezolano de los seguros Omar Farias, un empresario cercano al régimen bolivariano. Sus depósitos recibieron 586 millones de euros, según los informes policiales.
Rodney Cabeza, vicepresidente de su firma, Seguros Constitución, ha indicado a este periódico que el origen del dinero de Farías “responde a operaciones de reaseguros totalmente legales” y que la compañía que preside el empresario gestionó la póliza de PDVSA solo en 2006. El directivo añade que Farías carece de relación profesional con los exministros Villalobos y Alvarado y admite que el 50 % de los clientes de la aseguradora son trabajadores públicos.
Del estudio de las decenas de depósitos confidenciales abiertos por los investigados en la BPA se desprende que todos sacaron de Andorra la mayor parte del dinero antes de que los fondos fueran bloqueados por la investigación judicial, en julio de 2015.
La Policía de Andorra apunta también en sus pesquisas a otros personajes en apariencia secundarios, pero que movieron grandes sumas en la institución financiera del país pirenaico. Es el caso de Luis Mariano Rodríguez Cabello, gestor de negocios de Diego Salazar. Abrió 11 depósitos y manejó diez sociedades con ingresos de 626 millones de euros.
Los investigadores señalan también a José Luis Zabala, apoderado de Salazar y Farías, que recibió 27 millones de euros. Y al exabogado corporativo de PDVSALuis Carlos de León Pérez, detenido en Madrid el pasado octubre por otro supuesto caso de corrupción.
LOS CHAVISTAS QUE SE FUERON DE VENEZUELA POR SEGURIDAD
Cuando el exviceministro venezolano Nervis Villalobos tocó a la puerta de la Banca Privada d’Andorra (BPA), en junio de 2007, se enfrentó al cuestionario de rigor, el llamado know your customer (conozca a su cliente, en inglés), una suerte de tercer grado de la institución financiera para determinar el origen de los fondos. A la tercera pregunta —¿Cuáles son sus motivos para abrir una cuenta?”—, el que viceministro de Energía del Ejecutivo de Hugo Chávez entre 2004 y 2006 respondió: “Quiero mantener mis ahorros fuera de Venezuela, en una jurisdicción que ofrezca seguridad jurídica, estabilidad y confidencialidad”.
Con estos mimbres, Villalobos aterrizó como cliente en la BPA un año después de abandonar el Ejecutivo venezolano. Y con estos mimbres controló hasta 2012 en ese banco 12 depósitos: uno a su nombre y el resto bajo el velo de sociedades creadas en los paraísos fiscales de Panamá y Belice, según documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS.
Villalobos se presentó ante el banco como un ingeniero de éxito. Argumentó que pretendía colocar en Andorra los honorarios de sus servicios de “intermediación” de las firmas para las que trabajaba, como Duro Felguera. Una compañía que ha declinado pronunciarse al respecto.
El banco recogió en un documento que Villalobos tenía depósitos en Suiza, Uruguay, Estados Unidos y Panamá, y que su patrimonio sumaba 70 millones de euros. Entre los motivos para hacerse cliente de la BPA, el exviceministro destacó la “opacidad” del banco, según un cuestionario interno.
El expediente del antiguo responsable de Energía incluye un informe que asegura que el cliente “fue indagado en 2006 por enriquecimiento ilícito junto con el expresidente del Banco de Comercio Exterior. El caso no llegó a los tribunales. Posiblemente existieron desviaciones (venta de influencias) por parte de algunos de sus allegados”, indica este documento elaborado en agosto de 2008 por el International Center of Economic Penal Studies (ICEPS).
Clientes de alto riesgo
Pese a las alarmas en la BPA, que llegó a calificar a Villalobos de “cliente de alto riesgo” y recomendó “vigilar sus operaciones”, este no tuvo problemas para abrir sus cuentas.
La BPA también fue advertida sobre el riesgo de acoger como cliente a Javier Alvarado, exviceministro de Energía y Petróleo y exdirector entre 2007 y 2010 de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec).
Alvarado, que tuvo cuentas en Estados Unidos y Suiza, planeaba unificar su patrimonio en la BPA, según la entidad del Principado. El exviceministro se presentó ante el banco como un ingeniero especializado en la asesoría en el sector eléctrico. Dijo que se decantó por esta institución financiera por su “confidencialidad y seguridad”. Y anunció que, solo en uno de sus depósitos, preveía recibir anualmente 30 millones de dólares.
“Abre cuenta para depositar sus fondos en una plaza fuera de Venezuela”, advirtió la BPA que, pese a calificar al exdirigente de “alto riesgo”, aceptó sus depósitos.
Diego Salazar, primo del que fuera ministro de Energía, presidente de PDVSA y exembajador en la ONU, Rafael Ramírez, tampoco tuvo problemas para abrir sus once cuentas en la BPA. Y eso que la entidad andorrana también le consideró Persona Políticamente Expuesta (PEP).
El departamento de cumplimiento (compliance) de la BPA —el fiscalizador para prevenir el blanqueo de capitales— recogió que Salazar movió en los depósitos de Andorra 70 millones de euros. “Es propietario de más de 10 empresas en Venezuela y posee un importante patrimonio inmobiliario en Caracas constituido principalmente por edificios de oficinas que alquila a empresas”.
El primo del exembajador Ramírez abrió su cuenta en junio de 2007 con su esposa, Rosycela Díaz Gil. Como el resto de sus compatriotas, Salazar también expuso la “opacidad” como uno de los acicates para abrir una cuenta en la entidad andorrana.
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Al igual que en el caso Odebrecht, el gigante brasileño de la construcción que sobornó durante más de cinco años a presidentes, altos funcionarios y políticos de 12 países de América, BPA recurrió a su filial BPA Serveis, SA para crear una telaraña de sociedades pantalla en Panamá. El objetivo: dificultar el rastreo del millonario caudal de fondos que circularon por sus depósitos.
La alarma sobre la presunta trama de comisiones se activó después de que Francia advirtiera a Andorra de una transferencia sospechosa de 89.000 euros. El beneficiario del dinero fue un trabajador de un hotel galo y el concepto del envío, “regalo por servicios prestados”. Tras la operación, afloró una firma de Diego Salazar, primo del exembajador de Venezuela en la ONU Rafael Ramírez.
El siguiente movimiento se desarrolla en 2012. Salazar intenta enviar 40 millones de euros de Suiza a Francia para la supuesta adquisición de una propiedad. La juez andorrana bloquea la operación. En todos los casos aparece la BPA. Una entidad que está siendo investigada en el Principado por varias causas.
El Gobierno venezolano reaccionó con detenciones a la trama andorrana de saqueo la semana pasada, dos años después del inicio de la investigación. La Fiscalía de este país eleva el expolio a 4.200 millones.
