El 3 de diciembre fue el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, un colectivo que, como los demás, también tiene derecho a trabajar. Pues bien, lejos de estar de fiesta, hay miles de discapacitados en Cataluña a los que la Generalitat les debe dinero. Concretamente una subvención de 16 millones de euros destinada a pagar parte de sus nóminas y cuya cuantía, además, fijó por debajo de lo que establece la ley. Los afectados son los discapacitados físicos y sensoriales que trabajan en los Centros Especiales de Empleo (CEE) de la región, alrededor de 5.000 personas.

«Si tienes todo el día la cabeza en un sitio, no la puedes tener en otro y el último Gobierno de Cataluña sólo pensaba en la independencia». Sólo así se explica José Antonio Canillas, director gerente del CEE L’Horitzó, que, a finales del mes de noviembre, no se hubiera repartido una subvención destinada a financiar las nóminas anuales de los discapacitados que trabajan en centros como el suyo. La situación colapsa la tesorería de estas instituciones, el principal caladero de trabajo para ellos.

Sistema complejo

«Siempre digo que nuestro primer objetivo no es vender pescado en conserva, sino insertar discapacitados en el mundo laboral», cuenta a ABC Jaume Grau, socio fundador de la «Factoría del Mar», una conservera donde trabajan 55 personas, todas ellas con alguna discapacidad. «Menos una, el gerente, que es un chaval nuevo», especifica Grau, cuya compañía se ha tenido que endeudar para pagar a sus trabajadores.

El panorama de las subvenciones en Cataluña es complejo. Según los datos facilitados por la Consejería de Trabajo, Asuntos Sociales y Empleo, la Generalitat ha dedicado en 2017 unos 80 millones a fomentar el empleo de discapacitados. Según sus cálculos, 45 millones proceden de una transferencia estatal que se utilizó, como señala Julio Martínez, presidente de la Federación de Centros Especiales de Trabajo de Cataluña (FECETC), para pagar «parte de las nóminas» de una parte de los 15.150 discapacitados que trabajan en los CEE. Desde Cataluña puntualizan que tuvieron que adelantar este dinero porque el Ministerio de Empleo, con quien este medio ha tratado de contactar sin éxito, aún no habría realizado la transferencia.

Los 35 millones restantes proceden de las arcas catalanas y de ahí sale un programa de subvenciones de 33 millones de euros que se convocó tres días antes del 1-O y que todavía no se ha resuelto (ni cobrado, claro). Este programa se divide a su vez en dos líneas que también sirven para pagar parte de las nóminas de los trabajadores discapacitados. La primera, de 17 millones pagará el 50% del SMI de los discapacitados de «especiales dificultades» que no hayan podido recibir una ayuda de los fondos nacionales.

Y el problema llega aquí, con la segunda línea, cuantificada en 16 millones que, contra lo que enuncia la ley de la discapacidad, otorgará el 25% del SMI -la mitad de lo decretado- a todos aquellos discapacitados físicos y sensoriales -con un grado reconocido entre el 33% y el 65%- que no hayan recibido dinero de otras subvenciones. En Cataluña, según los datos -actualizados a 31 de diciembre de 2016- a los que ha tenido acceso ABC, hay 5.239 personas que cumplen el último requisito. Por ello, Martínez habla de «agravio comparativo» entre los discapacitados a los que el Govern paga lo que por ley les corresponde y los que no.

«Estos trabajadores no han percibido ninguna mensualidad de la ayuda del 50% de su SMI. Están contra las cuerdas», denuncia Martínez, quien especifica que en Cataluña hay «210 centros especiales de empleo». «Nunca antes» –dice– se había llegado a estas alturas del año sin percibir dinero público para pagar los salarios.

Consecuencias

«Algunos centros no están pagando las nóminas y otros están hasta con EREs», expone Martínez, quien critica a los artífices de la distinción entre discapacitados de primera y de segunda en Cataluña. Se refiere a la exconsejera Dolors Bassa –en prisión hasta el pasado lunes– que aprobó la reducción de la aportación a una parte del colectivo hasta el 25% del SMI con las federaciones DINCAT, AMMFEINA SMC, AEES DINCAT, Forum Salut Mental y CETIP, según la nota de prensa de la Generalitat.

Hoy no hay Gobierno, el porcentaje de la ayuda ha rebasado el umbral legal mínimo y, a juicio de Martínez, las ayudas no van a servir para sostener los sueldos de trabajadores como José Carrera quien, tras sufrir de niño un accidente de tráfico, presenta daños mentales y físicos. Tiene reconocido el 36% de discapacidad y lleva casi ocho meses trabajando en el CEE de L’Horitzó. «Doy gracias por que me hayan dado esta oportunidad». «El futuro es bastante oscuro», vaticina Martínez.

Después de la presión que ha realizado el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para que el Gobierno acelere la privatización de Bankia, el Estado, a través del FROB, ha dado orden para vender el 7% de sus acciones en el mercado. Tras esta operación, el Estado pasará de controlar el 67,63% al 60,63%. El sistema utilizado es una colocación acelerada de acciones que tienen un valor de mercado de 840,47 millones, ya que las acciones cerraron la cotización este lunes a 4,17 euros. La colocación se hará entre fondos de inversión, de pensiones y aseguradoras internacionales y está previsto que se cierre la noche de este lunes con un descuento inferior al 4% sobre el cierre del lunes. Los dirigentes de Bankia se han manifestado en repetidas ocasiones a favor de la privatización porque cree que es bueno dar más liquidez al valor para que entren más inversores y se cierren futuras ventas.

Según los planes, en la mañana del martes 10 de diciembre estará cerrada la venta del 7% de las acciones. En un comunicado enviado al regulador bursátil, se anuncia que las tres entidades colocadoras serán Deutsche Bank, Morgan Stanley, International y UBS. En febrero de 2014 el Estado ya vendió otro 7,5% de las acciones de la nacionalizada Bankia. En aquel momento logró con el paquete (que tenía el día que se comercializó un valor de mercado de 1.365 millones de euros) 1.304 millones de euros. En aquel momento se vendió a seis euros por acción, ahora será a unos cuatro. El esta ocasión es probable que el Estado obtenga cerca de 800 millones.

Con estos precios, el Gobierno venderá ligeramente por debajo de la última valoración que tiene de Bankia, situada en 12.346 millones, según el último informe del Tribunal de Cuentas. Este lunes Bankia cerró con una capitalización de 12.040 millones y se venderá con descuento. Por supuesto, también estará por debajo del coste de rescate, que se sitúa en 22.424 millones.

¿Por qué vende ahora el Gobierno? Tras vivir malos meses, los bancos han vuelto a estar en el objetivo de los inversores porque se ha cerrado el nuevo acuerdo de capital denominado Basillea III, que no exigirá grandes esfuerzos de recursos propios adicionales. De hecho, desde el 21 de noviembre pasado, Bankia ha subido un 10% en Bolsa. El Gobierno estudió la posibilidad de sacar un paquete de acciones en octubre, pero la inestabilidad creada por la situación de Cataluña lo desaconsejó, según fuentes conocedoras de la operación. Ahora, el factor soberanista ha dejado de ser un factor desestabilizador en Bolsa, aunque pudiera volver a serlo tras el 21-D.

El futuro de Bankia, clave para el sector

El Gobierno llevaba tiempo preparando la colocación de otro paquete de acciones de la entidad y el ministro de Economía, Luis de Guindos, comentó que se realizaría probablemente en otoño. La previsión era sacar entre el 7% y el 9%de las acciones. Tanto el BCE como el FMI consideran que la reestructuración bancaria española está terminando, pero el cierre de la privatización de Bankia es un elemento capital, que determinará cómo acaba configurado el mapa financiero. Si la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri sigue independiente o vendida a un competidor, es la mayor incógnita sobre la banca española.

Luis de Guindos, ministro de Economía, parece haber aprovechado ahora el interés de los inversores internacionales, así como que la privatización de Bankia no provoca quejas políticas de los demás grupos parlamentarios. Además, de no haberlo hecho ahora, no sería posible vender acciones de Bankia hasta la segunda mitad de febrero porque la entidad presentará resultados en enero y, en esas fechas, está prohibido colocar capital. Esta colocación se hace poco antes de que se haga público el cierre de la fusión de Bankia con BMN, que supondrá la salida de trabajadores y cierres de oficinas.

Durante esta misma tarde, las entidades colocadoras están desarrollando actividades de difusión y promoción de la colocación «con el fin de obtener indicaciones de interés o propuestas de adquisición de las acciones por parte de potenciales inversores», según el comunicado. Una vez cerrado el procedimiento, probablemente esta misma noche, se hará público el resultado con una comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Uno de los objetivos que la Guardia Civil y los jueces intentan esclarecer desde que arrancaron las investigaciones en torno al ‘procés’ es evidenciar que los preparativos para la ruptura fueron un desafío a la legalidad coordinado por varios responsables: Govern, políticos sin cargo público, líderes del soberanismo social, técnicos y asesores externos.

La Unidad de la Policía Judicial de Cataluña encontró durante un registro el pasado septiembre un documento clave en ese aspecto. Un escrito, de puño y letra de uno de los ‘fontaneros’ del proceso y cerebro tras el 1-O, que recoge el listado más completo de quienes elaboraron esa estrategia. Entre ellos se incluye a Carles Puigdemont o Oriol Junqueras, pero también a la secretaria general de ERC y ‘numero 2’ de la candidatura republicana para el 21-D, Marta Rovira.

Se trata de la constatación de la existencia de una suerte de Comité Estratégico del ‘procés’ que ya se describía en un informe previo también requisado por el Instituto Armado. Bautizado como ‘Enfocats’ y considerado como una hoja de ruta embrionaria, en la misma se incluía ya a varios líderes politicos y sociales soberanistas como Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, líderes de la ANC y Òmnium y todavía encarcelados por orden del Supremo.

En esta ocasión, los investigadores cuentan con una agenda manuscrita que, además de detallar el nombre de los implicados en la construcción del ‘procés’, también narra, reunión a reunión y durante casi dos años, la operativa para llevar al Estado al choque y forzar la intervención internacional en Cataluña.

El documento, a cuyo contenido ha tenido acceso EL MUNDO, se encuentra entre los últimos informes entregados al Juzgado número 13 de Barcelona y se erige en pieza clave de una causa por la que, por el momento, se mantiene imputadas a una veintena de personas.

La investigación de la Guardia Civil ha motivado, precisamente, que el juez del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena, haya reclamado este mismo lunes un informe «individualizado» sobre todos los implicados en la estrategia soberanista. El juez ha ampliado la investigación ya abierta a Marta Rovira y a Anna Gabriel, ex presidenta del grupo parlamentario de la CUP.

Localizada el 20 de septiembre en una vivienda particular, la agenda personal pertenece a Josep Maria Jové, secretario general de Vicepresidencia, Economía y Hacienda de la Generalitat y uno de los 14 cargos del Govern detenidos aquel día por un presunto delito de sedición.

El manuscrito -una ‘Moleskine’ grande de color negro- identifica a los responsables de una estrategia que gira en torno a una premisa general: : «La única manera para que desde fuera presionen al Estado sobre el referéndum es que vayamos hasta el final», según queda escrito en una de las reuniones, en febrero de 2016.

Las citas descritas en la agenda, celebradas entre febrero de 2015 y noviembre de 2016, mencionan la participación de los máximos responsables del Govern. En las entradas se identifica en reiteradas ocasiones al ‘president’ cesado, Carles Puigdemont; al vicepresidente Oriol Junqueras; o a los ex ‘consellers’ Carles Mundó y Raül Romeva. También participaron en las cumbres cargos públicos que abandonaron el Ejecutivo catalán antes del 1-O. Se trata de la ex consellera Neus Munté y el ex senador de ERC Santi Vidal, apartado tras revelar públicamente uqe se obtenían de forma ilegal datos fiscales de los catalanes.. También participó en múltiples reuniones Joan Vidal de Ciurana, hombre de confianza de Mas mientras fue president y quien también dejó el Govern antes de culminar el referéndum.

Jové, además, tomó notas precisas de cumbres en las que participaron diputados de todos los partidos soberanistas. Entre ellos se incluye a Marta Rovira, o a diversos miembros de la CUP. El ex presidente de la Generalitat Artur Mas y la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, también participaron en encuentros en los que se decidió qué pasos debían darse y hasta dónde. Se incluye en las negociaciones estratégicas a varios representantes, también, de la CUP. Jové recoge reuniones en las que participaron los diputados anticapitalistas Anna Gabriel, Eulàlia Reguant, Benet Salellas o Gabriela Serra.

Según concluye la Guardia Civil de Cataluña en su informe al juzgado, durante poco menos de dos años Jové realizó un esquema global de «la hoja de ruta y el proceso hacia la independencia». En su agenda explica parte de los preparativos para el referéndum ilegal del 1-O, la creación de las estructuras de Estado como la Hacienda o la Seguridad Social catalanas hasta la aprobación de las denominadas «leyes de desconexión» y cómo burlar los controles del Parlament. También se esgrimen los pasos previstos para «la estrategia de desobediencia» al Gobierno y a los jueces españoles.

La agenda de Jové también recoge la estrategia particular de ERC para controlar las áreas clave el ‘procés’ o las cumbres de urgencia convocadas entre partidos independentistas cuando el proceso flaqueaba por las presiones del Estado o por las divisiones internas.

El contenido de la agenda supera en concreción sobre los planes soberanistas al informe anterior bautizado como ‘Enfocats’, en el que se realizaba un esbozo, a grandes trazos, de la hoja de ruta. El primer documento especificaba que el ‘procés’ se sostenía en dos grandes grupos, un Comité Estratégico y otro Ejecutivo.