Apenas seis especialidades seguirán teniendo este tipo de pruebas después de una reforma en la que la DGA reduce el número de temas y mantiene su objetivo de aligerar los procesos selectivos
El Gobierno de Aragón va a «eliminar’ los exámenes orales de las pruebas de acceso a la administración autonómica. Tan solo seis de las especialidades públicas mantendrán este tipo de ejercicio, el menos querido por los opositores. La reforma de los procesos selectivos, que se aprueba este miércoles en el Consejo de Gobierno, afecta tanto al turno libre como a la promoción interna y contempla también la reducción de temario en la mayoría de las categorías y mantiene el objetivo de aligerar los procesos, para facilitar el acceso a la carrera pública.
El cambio, impulsado desde la Consejería de Hacienda, Interior y Administración Pública que lidera Roberto Bermúdez de Castro, es la adaptación al gusto del Gobierno de Jorge Azcón de una de las últimas normativas elaboradas por el Ejecutivo de Javier Lambán. La actual DGA modifica la simplificación de procesos selectivos que el Gobierno del socialista publicó en el BOA el 4 de julio de 2023. Entonces, ese Ejecutivo estaba en funciones, después de las elecciones autonómicas del 28 de mayo de 2023. Poco más de un mes después, el 10 de agosto de 2023, Jorge Azcón era investido presidente de Aragón, entonces con dos consejeros de Vox en su Gobierno.
La norma aprobada por Lambán entraba en vigor el 1 de enero de 2025, pero el Ejecutivo autonómico no ha lanzado ninguna convocatoria en esta primera mitad del año, por lo que ninguna prueba realizada en Aragón se ha regido bajo la reforma de ese Gobierno en funciones. Con la aprobación del texto este miércoles, las siguientes convocatorias de exámenes públicos se regirán por unos criterios que quitan el examen oral, reducen y actualizan temas y aligeran los procesos.
La prueba oral que se elimina no será sustituida por otra. Es decir: los opositores tendrán que hacer, en la mayoría de los casos, dos exámenes en lugar de tres. La intención del Ejecutivo autonómico es retirar una barrera de entrada a las oposiciones autonómicas. El examen oral es el que más rechazo genera en los estudiantes. Ahora solo tendrán que hacer test, examen con respuestas cortas o de medio desarrollo y supuestos con casos prácticos. Los aspirantes a convertirse en agentes para la protección de la naturaleza tendrán pruebas físicas.
El examen hablado desaparece en todas las especialidades menos en seis. Los aspirantes que todavía tendrán que explicar oralmente sus conocimientos buscarán entrar en plazas que necesitan esa habilidad comunicativa. Las especialidades que lo mantienen son administradores superiores, interventores e inspectores financieros, técnicos superiores de gestión de empleo, sociólogos y politólogos, técnicos superiores de protocolo y letrados de servicios jurídicos. Estos últimos, con dos pruebas orales.
Menos temas y menos tiempo de espera
La actualización de los criterios de accesos a los procesos selectivos produce cambios en los plazos para la realización de los exámenes y en el número de temas que deberán estudiar los opositores para afrontar las pruebas. Hay un cambio importante también en los criterios para aprobar los exámenes.
En el caso del tiempo, la reforma de estos criterios hace que el Gobierno de Aragón se comprometa a que pasen entre tres y doce meses entre que se anuncia el examen y se realiza la primera de las pruebas.
La reducción del número de temas a estudiar sí que es diferente en función del puesto y especialidad al que se quiera aspirar. En la mayoría de los casos del grupo A1, por ejemplo, se quitan hasta 20 temas para las pruebas. En el A2, unos cinco por especialidad. Esa misma cifra es la más repetida en los grupos C1 y C2. La reducción de los temas viene acompañada de una actualización. El Gobierno de Aragón ya trabaja en esa nueva composición de los asuntos de los que tendrá que estudiar cada opositor para sus pruebas. La intención es comunicarlo lo antes posible, para que tanto los estudiantes como las academias puedan estar preparados. La resolución en el BOA podría estar en septiembre u octubre, con el inicio del curso, y siempre seguro antes de las convocatorias.
Para aprobar, los alumnos deberán sacar un 5. En el caso de que haya más plazas que opositores hayan alcanzado el 50% de los puntos, se ampliará hasta llenar ese número de huecos ofertados. Al menos, eso sí, deberán haber logrado una calificación del 33% de los puntos. Este criterio no se aplicará en la escala de letrados.
La medida se aprueba ahora en el Consejo de Gobierno con la mirada puesta en la macrooposición que el Ejecutivo autonómico sacará en el último cuatrimestre del año. Así, el Gobierno de Azcón puede poner en marcha ese importante concurso bajo una normativa propia, sin heredar la aprobada en julio de 2023.
