El PSOE estalla contra los jueces. Fuentes de la dirección socialista acusan a los magistrados de tener «un objetivo muy claro» en sus decisiones sobre el ‘procés’, la última la de un juez de Barcelona que prorroga la instrucción de la trama rusa que vincula a Carles Puigdemont con Moscú y sus estrategias de desestabilización en países europeos. «Cada vez que el Legislativo mueve ficha, un juez mueve ficha», lamentan desde la cúpula socialista, a veinticuatro horas de que se vote en el Congreso la ley de amnistía.
Una norma que llega con la ampliación a los delitos de terrorismo que se investigan en relación al proceso secesionista de 2017 -los que habrían cometido tanto los Comités de Defensa de la República, los CDR, como Tsunami Democràtic, cuyos vínculos con Puigdemont y con la también prófuga Marta Rovira, de ERC, ha pedido indagar el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón- pactada la semana pasada con Junts y ERC. La portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Esther Peña, ha asegurado este lunes que «de momento» no hay ningún cambio en el texto de la ley que concederá el olvido legal a Puigdemont y los encausados en el ‘procés’, e incluso ha dicho de manera tajante que «no estamos negociando», aunque de sus palabras no se puede descartar al 100% cualquier otra modificación.
Peña no ha llegado tan lejos sobre la investigación judicial abierta en Barcelona en sus palabras en público, donde respondiendo a preguntas de la prensa sobre la trama rusa ha dicho que «estamos estudiando las fuentes, y su veracidad».
En marzo de 2022, y tras producirse la invasión rusa de Ucrania, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una comparecencia en el Congreso de los Diputados precisamente para informar de la posición española, se refirió de manera inequívoca a la injerencia rusa en el proceso secesionista de Cataluña. «A lo largo de sus años de presidencia, Putin ha tratado de dividir a Europa de todas las maneras posibles, con ‘fake news’, con ciberataques, con espionaje, acercándose a actores políticos y también a actores económicos en nuestro país», señaló en aquella ocasión el jefe del Ejecutivo, cuando no dependía parlamentariamente de Junts per Catalunya, admitiendo esa injerencia.
Por otra parte, Esther Peña ha afirmado de manera tajante que «el independentismo incurrió en prácticas reprobables, pero no hubo terrorismo». La flamante portavoz socialista ha explicado que España es un país que conoce bien ese fenómeno, lo que ha explicado citando a «ETA, Terra Lliure, el Grapo, el 11-M y el terrorismo de extrema derecha». E incluso de manera retórica le ha preguntado a Alberto Núñez Feijóo si las algaradas ante la sede socialista de Ferraz podrían considerarse también terrorismo. Una incógnita que ella misma ha despejado diciendo que no. Tampoco es terrorismo, ha asegurado para apuntalar su argumentación, las revueltas en Gamonal (Burgos) de hace una década o las que tradicionalmente han realizado los mineros o los trabajadores de astilleros en comunidades del norte de España como Asturias o Galicia.
