Mientras España vive una complicada crisis migratoria, concluido un 2023 que fue el segundo año en el que más inmigrantes irregulares han llegado al territorio nacional, empieza a ser efectivo el acuerdo de migración que Pedro Sánchez cerró con Joe Biden en la primavera de 2023, una cita de la que el Ministerio de Asuntos Exteriores no quiso dar detalles unos meses después, requerido por el Consejo de Transparencia.
En pleno colapso en Canarias, se calcula que 281 inmigrantes han llegado a nuestro país enviados por el Gobierno de Estados Unidos, tras haber huido de los regímenes de Nicolás Maduro y Daniel Ortega.
Entre ellos hay 23 familias nicaragüenses que se encuentran viviendo en Valladolid tras su llegada en diciembre.
España aceptó recibir migrantes que solicitaban asilo en centros de procesamiento regional gestionados por Estados Unidos, que pretende así aliviar la presión en sus fronteras.
El Ejecutivo asegura que es un procedimiento para garantizar una “inmigración segura” que garantiza “reubicaciones a las personas acreedoras de protección internacional”, apelando al “derecho de asilo”.
En mayo, antes de que Pedro Sánchez se viera con Biden, el titular de la cartera de Exteriores, José Manuel Albares, se reunió en Washington con su homólogo Antony Blinken para perfilar los detalles del acuerdo migratorio, aunque ninguno de los dos aportó datos sobre el número de inmigrantes afectados, ni desde qué centros se procesarían las peticiones o sobre el estatus migratorio una vez llegados a España, en nuestro caso.
Requerido por Transparencia, el director del Gabinete del ministro Albares inadmitió la solicitud de información al respecto alegando que correspondía a «otros departamentos», que no eran mencionados, en base al artículo 18.1.d) de la norma, que establece la inadmisión de una petición de información cuando va «dirigida a un órgano en cuyo poder no obre la información y se desconozca el competente».
Uno de los «departamentos» implicados y afectados por el acuerdo sellado es el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a cargo de José Luis Escrivá, encargado de abrir las denominadas Oficinas Regionales de Gestión de la Migración en Colombia y Guatemala, donde funcionarios de la ACNUR y la Organización Mundial de las Migraciones tienen que seleccionar a los candidatos para ser trasladados a España y Canadá. Dado ese paso, los interesados podrán conseguir protección internacional o su reasentamiento en estos países, por ejemplo con algún permiso de trabajo.
El acuerdo de Estados Unidos con España y Canadá pretende fomentar las vías legales de migración ante la expiración de la normativa migratoria y la vuelta al llamado Título 8, por el que aquellos migrantes que lleguen a sus fronteras de forma ilegal serán devueltos y no podrán volver a intentarlo en 5 años. Desde la Administración Biden han explicado que la intención es «abrir finalmente unos 100 centros regionales de tramitación en lugares clave del Hemisferio Occidental».
Estados Unidos, por su parte, acaba de reabrir varios puntos de entrada en la frontera con México ante la llegada masiva de migrantes en los últimos meses.
