El Ministerio para la Transición Ecológica ha recurrido a Sovereign Arbitration y Williams & Connolly para la asistencia jurídica especializada a la Abogacía General del Estado, a cambio de 531.000 euros
España mantiene la alerta con los arbitrajes internacionales por el recorte de las primas a las renovables de 2013. Un asunto que el Gobierno gestiona a través de la Abogacía del Estado, aunque el Ministerio para la Transición Ecológica siga ayudando en esta defensa. El último movimiento al respecto del equipo de Teresa Ribera ha sido contratar a dos de los principales bufetes de Estados Unidos en asuntos arbitrales para abordar el caso ‘PV Investors’, una agrupación de inversores internacionales afectados por el recorte a la prima de las renovables.
El acuerdo con Sovereign Arbitration y Williams & Connolly, valorado en 531.000 euros, consiste en la asistencia jurídica especializada a la Abogacía General del Estado en la defensa del Reino de España ante los arbitrajes abiertos en los Tribunales de Estados Unidos. Un contrato que el Ministerio para la Transición Ecológica ha tramitado a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).
Estos despachos se encargarán del estudio, preparación y presentación de escritos de oposición a las solicitudes de reconocimiento y ejecución de 48 millones de euros que reclama la firma suiza Swisspower Renewables. Una exigencia de pago que está vinculada con la exigencia de pago en 2020 a España a los inversores agrupados en ‘PV Investors’ en el Palacio de la Paz en La Haya.
Un arbitraje que arranca hace más de una década. Un grupo de inversores de plantas de energías renovables de Dinamarca, Alemania, Irlanda, Luxemburgo, Holanda y Reino Unido interpusieron el primero de los arbitrajes de inversiones contra España bajo el nombre de ‘The PV Investors’.
Su denuncia hacía referencia al daño patrimonial que les provocó las reformas energéticas emprendidas por el Gobierno español, que entonces lideraba Mariano Rajoy, que afectó a las subvenciones en sector de las energías renovables que había puesto en marcha el anterior Ejecutivo liderado por José Luis Rodríguez Zapatero.
Los inversores consideraban un castigo el nuevo impuesto del 7% sobre los ingresos de los generadores de energía y una reducción de los subsidios para los productores de energía renovable. Su demanda era la más cuantiosa de las interpuestas contra el país hasta el momento: un total de 1.900 millones de euros. Una reclamación que llevaba al caso ‘PV Investors’ a ser uno de los arbitrajes más cuantiosos contra España.
Finalmente, el 28 de febrero de 2020 se conoció el resultado de este arbitraje en La Haya, que redujo los daños que tiene que enfrentar España a 91 millones de dólares. El tribunal consideró entonces que España vulneró el artículo 10, apartado 1, del Tratado de la Carta de la Energía (TCE) con las reformas energéticas que se sucedieron entre 2010 y 2014.
No obstante, la reducción de la cuantía a pagar a los inversores se debe a que consideran que estas medidas del Gobierno de Rajoy no fueron desproporcionadas y no había una falta de transparencia de España, que los demandantes destacaban como una violación del Tratado.
El castigo de los arbitrajes
Estos inversores quieren cobrar ya lo que le han reconocido y España se defiende. Para ello, se ha puesto en las expertas manos de Sovereign Arbitration y Williams & Connolly, dos firmas especializadas y reconocidas a nivel internacional en procedimientos arbitrales en Estados Unidos.
La Abogacía del Estado tiene sus limitaciones para defenderse en estos casos internacionales y, por ello, el Gobierno subcontrata estos servicios legales cuando los demandantes piden la ejecución de un laudo.
España acumula 22 procesos arbitrales sobre las que ya no cabe recurso y que fallan en su contra. El monto total pendiente de resarcir sube a 1.208 millones de euros, cifra a la que se deben sumar los 250 millones de sobrecostes legales y financieros derivados de la estrategia de impago de los laudos.
Como lleva informando los últimos meses Vozpópuli, estas cuentas pendientes en los arbitrajes ha desatado la intervención, incautación y embargo de diversos bienes del Reino de España por parte de los fondos. Un proceso que promete nuevos capítulos, pero que ya daña la imagen del país a nivel internacional.
