Tanto el organismo como el Ministerio deniegan el acceso al informe que encargó Calviño y que utilizó para intentar frenar el cambio de sede en la semana de la Junta
Tanto la CNMV como el Ministerio de Economía ocultan el informe que Nadia Calviño encargó al supervisor y sobre el que la vicepresidenta primera del Gobierno ha basado buena parte de la presión ejercida sobre Ferrovial. Con esta maniobra, intentó frenar la salida de su matriz de España, aprobada en la Junta General de Accionistas el 13 de abril. Según Calviño, el informe concluye que no hay obstáculo alguno para cotizar en EEUU desde España. Éste es el motivo esgrimido por Ferrovial sobre el que cargó la última andanada gubernamental contra la empresa. De hecho, el Ejecutivo llegó a presionar con ello al grupo a través de una carta remitida por el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, en la semana de la Junta.
Vozpópuli ya reclamó el informe a la CNMV y al Ministerio de Economía, sin resultado. Ahora, tanto el organismo como el departamento que lidera Calviño han recibido sendas solicitudes formales de acceso al informe, que también han sido denegadas, según ha podido saber este periódico. Esta negativa ha originado reclamaciones ante el Consejo de Transparencia.
La CNMV ha contestado a la solicitud de acceso de información, pero no lo ha hecho Economía, con lo que su rechazo se produce por silencio administrativo.
En su respuesta, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, la CNMV se ampara en un artículo de la Ley 6/2023 del Mercado de Valores que no aplica al caso para denegar la información. En concreto, cita el artículo 233 en su apartado 1: «Todas las informaciones, documentos o datos que obren en poder de la CNMV u otras autoridades competentes como consecuencia del ejercicio de sus funciones relacionadas con la supervisión e inspección, incluida la potestad sancionadora, previstas en esta u otras leyes o en normativa europea no podrán ser divulgados ni podrá concederse acceso alguno a los mismos a ninguna persona o autoridad, fuera de los supuestos previstos en esta ley».
Es decir, actúa como si este informe que le encargó Calviño para presionar a Ferrovial fuera parte de su labor de supervisión e inspección.
Y la argumentación resulta especialmente pintoresca cuando la CNMV añade el siguiente párrafo de la ley: «Sin perjuicio de lo dispuesto en esta ley y de los supuestos contemplados por el derecho penal o fiscal, ninguna información, documento o dato de los antes citados podrá ser accesible o divulgado a persona o autoridad alguna, salvo de forma genérica o colectiva que impida la identificación concreta de las empresas de servicios y actividades de inversión, organismos rectores de los mercados, mercados regulados o cualquier otra persona a que se refiera esta información».
Argumenta así que podrían divulgarse informaciones genéricas sobre el contenido de informes que no identifiquen a las empresas sobre las que tratan, cuando el Gobierno ha salido en tromba contra Ferrovial e, incluso, contra su presidente, Rafael del Pino, con ataques directos constantes. A esto se añade que la existencia del informe sobre Ferrovial ha sido anunciada por la propia Calviño, que lo utilizó en la semana de la Junta para presionar a la empresa. El Gobierno filtró además la carta que remitió a la compañía que lo mencionaba, para influir en el voto de los accionistas.
Esta labor de supervisión que esgrime la CNMV respecto al informe, en cambio, no la activó cuando se filtró la carta de presión del Gobierno tres días antes de la Junta, lo que expertos consultados por Vozpópuli consideraron pertinente que se hiciera y se planteara a la empresa registrar un hecho relevante por sus efectos en la cotización.
La cotización en EEUU
La carta que remitió Economía a Ferrovial se basaba sólo en el argumento de la imposibilidad de cotizar en EEUU desde España, uno de los motivos que alega la empresa. «Conforme a los informes de Bolsas y Mercados Españoles y la CNMV no se ha identificado ningún obstáculo legislativo, reglamentario, supervisor o de operativa para la admisión de negociación directa de las acciones de una sociedad española cotizada en España en EEUU ni indicios de su existencia», trasladaba la misiva.
Las conclusiones derivadas de «los análisis realizados cuestionan, por tanto, la motivación económica alegada» por la compañía para el traslado de su sede a Holanda», insistía.
También se aseguraba que no existe ninguna diferencia entre países de la Unión Europea en cuanto a los requisitos de admisión establecidos por las bolsas estadounidenses a través de Dual Listing (cotización simultánea). «Tanto el Gobierno como la CNMV y BME estamos comprometidos y dispuestos a impulsar que las empresas españolas tengan el mejor acceso posible a dichos mercados con las acciones que sean oportunas», remachaba.
Calviño había asegurado en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros del pasado 28 de febrero: «Tanto la CNMV como Bolsas y Mercados han realizado un análisis en profundidad, incluso han viajado a Estados Unidos, han estado en contacto con sus contrapartes estadounidenses y han confirmado que no se identifica ningún factor diferencial de nuestro país con respecto a otros países europeos que pueda explicar o justificar las razones que se esgrimieron en público».
Fuentes de Ferrovial habían trasladado, después de que la CNMV asegurara que no ve impedimento a cotizar en EEUU desde España: «Ninguna sociedad española cotizada ha negociado nunca sus acciones en los mercados de valores de Estados Unidos de manera directa (sólo a través de ADR). Actualmente no existe una estructura que habilite esa posibilidad. Según la información disponible, para crearla, al margen de eventuales cambios regulatorios, habría que dar solución a cuestiones técnicas y operativas (compatibilidad tecnológica, rebalanceos, reconciliaciones de saldos, protocolos de información, etc.)». Eso sí, advertía que éste es sólo «uno de los varios motivos en los que se justifica» su salida.
Ferrovial respondió al Gobierno en forma de carta. Una misiva del consejero delegado, Ignacio Madridejos, en la que aprovechó para lanzar un dardo a la secretaría de Estado de Economía, a la que acusó de «prejuzgar» y «condicionar» el criterio «puramente técnico que correspondería aplicar a otros organismos», en alusión a la Agencia Tributaria. Esta respuesta llegó ante el cuestionamiento que hace el Gobierno de la motivación económica del proyecto de fusión. Ferrovial entiende que está aludiendo a que las autoridades competentes objetarán que la fusión se acoja al régimen de neutralidad fiscal.
La misiva traslada que no comparte con el Gobierno que no haya una motivación económica en este proyecto de fusión. Ferrovial insiste en que la doble cotización desde los Países Bajos es una alternativa «expedita y bien conocida», mientras que la posibilidad de lograrla desde España carece de precedentes y se encuentra sujeta a interrogantes técnicos y operativos que, en el mejor de los casos, harían incierto el calendario de su hipotética implementación. Por todo ello, «el Consejo de Administración de Ferrovial ha considerado preferible para el interés social recurrir a vías ya contrastadas de cotización directa», concluye.
Bruselas investiga las maniobras del Gobierno
La actuación del Gobierno de Pedro Sánchez contra la mudanza de Ferrovial a Países Bajos también se analiza fuera de España. La Comisión Europea estudia una denuncia contra el Gobierno de Pedro Sánchez, según ha podido saber Vozpópuli, por los «ataques a Ferrovial contrarios a las libertades comunitarias de establecimiento, libre circulación de capitales, prestación de servicios y libertad de empresa» que regula el Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE). El 13 de abril este periódico avanzó que la denuncia había sido admitida a trámite.
Se abre ahora un procedimiento por el que, si la Comisión sigue adelante y considera finalmente que existe violación del Derecho de la UE y el Gobierno español no hace nada al respecto, le llevará ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
Si se llegara al Tribunal de la UE, a pesar de no juzgarse una ley o un impuesto nacional concreto, que si son anulados, los jueces o el Gobierno deben adaptar, el TJUE puede avalar la denuncia y concluir que el Ejecutivo español ha vulnerado o incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del Tratado de la UE. El fallo podría obligar a revertir decisiones del Gobierno contrarias al Derecho de la UE si se hubieran producido.
