Mientras en las diferentes naciones europeas se abandonan las políticas provida, el pequeño Principado no tiene intención de despenalizar esta práctica
En la Unión Europea solo hay un país en el que el aborto está prohibido en todas sus formas. Se trata de Malta, un archipiélago que conforma una diminuta nación y que está situado en el Mediterráneo, al sur de Italia, al este de Túnez y al norte de Libia. Es uno de los países más densamente poblados del continente y se independizó en los años 60 de Reino Unido.
Sin embargo, no es la única nación de nuestro entorno que defiende la vida de una forma tan notoria, aunque ya quedan pocas. Andorra, ese pequeño país vecino situado entre España y Francia, también se suma a la pequeña lista de territorios que aún prohíben liquidar esas vidas no nacidas.
Mientras, en el resto de Europa continúan los afanes por ampliar el aborto hasta prácticamente el momento anterior al alumbramiento, cuando el bebé ya está casi perfectamente formado. En el caso de la ley aprobada hace un mes en España, desaparece el período de reflexión para las madres, las menores de 16 y 17 años podrán hacerlo sin permiso paterno y se crea una ‘lista negra’ para los médicos objetores.
Estas políticas supone promover la supresión de las vidas que crece dentro de las mujeres en lugar de fomentar el nacimiento de esos niños y niñas dándole a las madres los recursos necesarios para ello. En Europa se está apostando, por tanto, por las políticas de muerte en vez de por las de la vida.
Lo prohíbe la Constitución
Andorra mantiene una prohibición del aborto en todos los supuestos, incluidos los casos de violación, malformación del feto o riesgo para la mujer. Así lo recoge explícitamente la constitución del Principado, redactada en el año 1993, en la que se reconoce el derecho a la vida, protegiéndola «plenamente en sus diferentes fases».
En el Código Penal del país, aprobado en el año 2005, el aborto se encuentra entre los delitos «contra la vida humana prenatal» y distingue tres casos: el no consentido, el consentido y el imprudente.
Para el autor del primer supuesto se prevén penas de prisión de cuatro a diez años. En el caso de las interrupciones del embarazo consentidas, el texto es rotundo y dice que quien produzca el aborto de una mujer con su consentimiento «tiene que ser castigado con pena de prisión de tres meses a tres años e inhabilitación para ejercer cualquier profesión sanitaria por un periodo hasta cinco años».
Para la mujer que produzca su aborto o consienta que otra persona se lo provoque tiene que ser «castigada con pena de arresto», según el mismo artículo del Código Penal andorrano.
La mano del copríncipe
Un factor que contribuye a que este país continúe ejerciendo sus políticas provida es a que uno de sus copríncipes es Joan-Enric Vives, obispo de Urgel (Lérida). Vives ha amenazado con renunciar a su cargo, provocando así una crisis institucional en Andorra, en el caso de que algún día el Consejo General apruebe la despenalización del aborto.
Lo cierto es que, por el otro lado, el otro copríncipe es Emmanuel Macron, presidente de Francia, que encendió la mecha en el Parlamento Europeo el pasado año al apostar por incluir el aborto en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Sin embargo, en una visita al Principado, Macron expuso que él «siempre» ha defendido el derecho de las mujeres a disponer de su propio cuerpo, pero que no puede decir a Andorra qué debe hacer.
