No habrá recomendación salarial, pero la organización empresarial avisará a sus organizaciones de que tengan muy en cuenta factores como la evolución de empleo o de la productividad a la hora de negociar subidas de sueldos en los convenios. Así lo ha decidido la patronal depués de constatarse la imposibilidad de alcanzar un acuerdo con los sindicatos que sirva de referencia para cerrar un pacto salarial para los próximos, un escenario lo que anticipa conflictividad y deja al Gobierno sin un arma poderosa contra la inflación. Tras meses de negociación los interlocutores sociales no han conseguido dar con la fórmula que permita a los trabajadores no perder poder adquisitivo en un momento en el que la inflación crece un 10% y los sueldos apenas un 2,4% y en el que la recuperación económica está en entredicho.
La exigencia sindical de extender de forma masiva las cláusulas de revisión salarial en los convenios que se negocien ha chocado con la patronal y se ha convertido en el principal motivo para dar por finiquitadas las negociaciones. Para la organización empresarial la ampliación de estas cláusulas de salvaguarda ha sido una línea roja desde un principio con el argumento de la multiplicación de los costes empresariales y la inflación desbocada. Alertan los empresarios que el tejido productivo no se ha recuperado de la pandemia y que en el último medio año se ha aprobado una subida del 0,6% en las cotizaciones sociales para financiar el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) de la Seguridad Social y desde el pasado enero el salario mínimo ha escalado a 1.000 euros. Una sucesión de cargas que asfixia a las empresas, especialmente a pymes y autónomos.
Superadas las negociaciones, las centrales que dirigen Pepe Álvarez y Unai Sordo se preparan para dar la batalla en las 4.000 mesas de negociación que están abiertas con una ofensiva para «tensionar» y «bloquear» las negociaciones y obligar a la patronal a negociar, según han reconocido los líderes sindicales, que ya reconocen que las actualizaciones de las remuneraciones en el marco del AENC se retomarán en 2023.
El escenario en el que se ha movido la frustrada negociación salarial está salpicado de fuertes tensiones inflacionistas que se agravan por la guerra en Ucrania, y que ha disparado los precios hasta el 8,4% en abril, el mayor incremento en 30 años, casi cuatro veces más de lo que están creciendo los sueldos pactados en convenio. La última propuesta de la CEOE sobre la mesa era una subida salarial del 8% distribuida en tres años que sería gestionada por las empresas según su situación económica (2,5% en 2022, 2% en 2023 y 1,5% en 2024). Los sindicatos propusieron una alza muy similar: 3,4% para este año, 2,5% para 2023 y 2% para 2024, pero con tres cláusulas de revisión en caso de desviación de la inflación para el periodo. El no de la CEOE a esta oferta negociadora ha sido contundente.
Como adelantó ABC, el choque entre los agentes sociales frustraría también el deseo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que los agentes sociales alcanzaran un pacto de rentas para evitar los efectos de la denominada segunda ronda de la inflación, que serían perversos para la economía en un momento en Gobierno recortará el crecimiento después de hacerlo las principales casas de análisis y de advertir el Banco de España de los riesgos de recesión.
El Ejecutivo pretendía negociar el reparto de las pérdidas que ha generado la guerra en una nueva edición de los Pactos de la Moncloa y del éxito que tuvo aquel acuerdo, que en 1977 logró contener la inflación -entonces llegó al 44%- e impulsar la salida de la crisis. Pero aquellas intenciones que el presidente anunció el 2 de marzo en el Congreso de los Diputados se quedaron ahí; ni una sola reunión precedió aquel anuncio y el objetivo de Sánchez se fue diluyendo con el paso de las semanas. «En este momento en España no hay ninguna propuesta seria de pacto de rentas. Ni la hay ni se la espera. Para que haya un pacto de rentas, las administraciones públicas, particularmente el Gobierno, tendrían que decir qué pone encima de la mesa y cómo se va a obligar a patronales y empresas a que lo cumplan. Nadie ha puesto un paquete de ese tenor». Así se expresaba hace unas semanas el secretario general de CC.OO., Unai Sordo, en el acto de presentación de las movilizaciones sindicales del 1 de Mayo.
Los economistas ya temen los efectos que la ausencia del pacto de rentas puede tener en la espiral inflacionista tras advertir de que la persistencia de la inflación en niveles elevados está presionando al alza los sueldos en los convenios. Coinciden en que de no distribuir el esfuerzo entre asalariados y beneficios empresariales existe un riesgo a contribuir a una espiral inflacionista. De momento, la inflación no se ha dejado notar en los convenios porque casi cinco millones de trabajadores ya tienen cerradas sus condiciones para este año en las que se recoge un alza media del 2,36%, frente al 2,4% de los 112.256 empleados que han ratificado su convenio de nueva firma este año.
Gasto desbocado
Junto a los sueldos el otro foco de preocupación de economistas y analistas es el gasto desbocado que se atisba ya en el pago de pensiones, después de que la última reforma blindara sus nóminas de los vaivenes de los precios. Su repunte se ha convertido en el principal problema económico del Gobierno y especialmente el impacto que tendrá en el gasto en pensiones, un factor de desequilibrio que ha puesto en alerta a Bruselas.
Casas de análisis y expertos sitúan la inflación media en 2022, la que se usará para revalorizar las pensiones el año próximo, entre el 6% y el 7%. Teniendo en cuenta que cada punto de inflación costará a las arcas públicas unos 1.500 millones, la factura total para el sistema escalará hasta el entorno de los 10.000 millones. De confirmarse este escenario la partida de las pensiones volverá a ser la más elevada del Presupuesto con un gasto que escalaría al récord de 180.000 millones, cifra inédita en el escenario de la Seguridad Social.
