Miguel Ángel Rodríguez Arias es abogado de la asociación de víctimas Dignidad y Justicia (DyJ), que hace seis años impulsó a través de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeola iniciativa que ayer culminó en un informe de este organismo que propone importantes medidas para resolver los 379 crímenes de ETA que siguen impunes.
¿Qué supone lo que aprobó este jueves el Parlamento Europeo?
Un hito histórico y un paso de gigante, y en varios sentidos, para contribuir a acorralar nacional e internacionalmente la impunidad de ETA.
¿Por qué es tan importante?
El Parlamento Europeo es una de las grandes instituciones mundiales en derechos humanos y lo que nos está recordando son nuestras varias y graves asignaturas pendientes en esa materia con las víctimas de ETA. Nos coloca ante el espejo de nuestras propias contradicciones, como no aplicar nuestra propia jurisprudencia sobre la autoría mediata por dominio a los jefes de la banda.
¿En qué se concreta eso?
Por ejemplo, en que el Parlamento Europeo llame a los crímenes de ETA crímenes contra la humanidad con todas las letras. Y en que señale a España que el camino en la lucha contra la impunidad de ETA pasa por enjuiciar a los jefes de la banda, que muy pocas veces han sido enjuiciados. También en que reconozca que la situación de esas 379 familias que sufren esa impunidad consolidada viola el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
¿Por qué los crímenes de ETA pueden ser de lesa humanidad?
Su nivel de violencia y persecución no es comparable al de ningún otro grupo terrorista en nuestra historia. Como han reconocido varias fuentes, como el Instituto Vasco de Criminología, ETA expulsó a entre 60.000 y 200.000 seres humanos del País Vasco y Navarra, algo que no tiene nada que ver con un delito del Código Penal ordinario, es mucho más que terrorismo. Y su número total de perseguidos aún fue mayor.
¿Y qué implica que esos crímenes sean tipificados como tal?
No se trata de que España tipifique nada, porque el derecho penal internacional ya lo tiene muy claramente tipificado desde hace 70 años, mucho antes de que ETA comenzara a atentar. Por eso no se puede hablar de que el Parlamento Europeo esté planteando aplicar la ley de forma retroactiva.
¿Cómo se pueden considerar como tal si esa figura no se incorporó a la legislación española hasta 2004? ¿Se puede aplicar de forma retroactiva?
Es la propia Constitución Española la que garantiza que todos los españoles estamos protegidos de los crímenes contra la humanidad, al igual que el resto de ciudadanos europeos. Lo que es totalmente insostenible es lo contrario, que los españoles hemos sido hasta anteayer una especie de extraterrestres sin ninguna protección desde el derecho penal internacional como el resto de seres humanos.
¿Por qué es importante que Bruselas reconozca esa cifra de 379 crímenes sin resolver? Algunos dicen que son menos…
No entiendo qué polémica hay con esa cifra, que se basa en el criterio del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas desde hace 15 años y que ampara a esas 379 víctimas asesinadas y en la impunidad sin dejarse ni una fuera. Y así lo refrenda el Defensor del Pueblo español y ahora también el Parlamento Europeo, ante el que Dignidad y Justicia presentó 379 fichas con todos los datos y detalles de esos crímenes impunes. ¿En qué beneficia a las víctimas blanquearle a ETA un 20 por ciento de crímenes impunes y decir que son 300 y no 379?
¿Qué es la autoría mediata por dominio por la que DyJ propone juzgar a los jefes de ETA?
Es una vía que estaba ahí, sin utilizar también, desde el Código Penal de 1995. Es la misma vía por la que se condenó al jefe terrorista de Sendero Luminoso en Perú y a otros en Colombia, avalada además por los Tribunal Supremo español o alemán. La autoría mediata por dominio se ha venido aplicando para resolver buena parte de los grandes escenarios de asesinatos, secuestros y violaciones de derechos humanos de los últimos 50 años en Chile, Alemania o Argentina. ¿Y por qué no se puede aplicar esto mismo a los jefes de ETA?
¿Cómo ha sido el proceso para conseguir esto del Parlamento Europeo?
Arranca en 2016, cuando DyJ planteó una doble estrategia contra la impunidad de ETA, en la Audiencia Nacional y en el Parlamento Europeo, por la vía de los derechos humanos, que no se había utilizado desde que España entró en la UE en 1986. Teníamos que ser muy claros y contundentes para abrir esa puerta, no enviar a Bruselas un mero listado o algo similar, sino averiguar exactamente cuántos casos estaban sin resolver y documentarlos ficha a ficha. Eso nos llevó casi un año y medio para enviar esas 1.700 páginas en siete tomos. Demostrando todo ello de la forma más incontestable posible teníamos una buena oportunidad. Y funcionó. Ahora el Parlamento Europeo reconoce que todos y cada uno de los puntos de nuestra petición eran fundados y nos da la razón.
