Los secretarios generales de los sectores postales de CCOO, Regino Martín Barco, y UGT, José Manuel Sayagués, han enviado una carta al presidente de Correos, Juan Manuel Serrano Quintana, en la que expresan su «extrañeza» por la llegada al Ministerio del Interior de los tres envíos postales «con contenidos amenazantes y balas de fusil» dirigidos contra el candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, el ministro Fernando Grande-Marlaska y la directora general de la Guardia Civil, María Gámez.
En la carta, según ha podido saber ABC, los sindicatos recuerdan que en la época de ETA se impusieron «numerosas medidas de seguridad para impedir que un servicio público como el nuestro fuese utilizado para otros fines diferentes a su función».
Mecanismos de detección
Entre estos instrumentos citan las inversiones realizadas en mecanismos de detección de envíos sospechosos o la implantación de protocolos «en toda la red postal». Todo ello para impedir «la circulación de objetos como los citados», un objetivo alcanzado con éxito hasta el momento ya que las medidas de seguridad implantadas «han permitido afirmar que la red postal es segura».
«Así, se consolidaron dos de los atributos que mejor identifican al Servicio Público Postal, su seguridad y su fiabilidad». Además de su «extrañeza», los sindicatos muestran su preocupación por el peligro que «conlleva para los trabajadores y clientes de Correos» el que tres envíos postales como los citados lograran sortear los mecanismos de seguridad de la compañía y llegar a su destino sin problemas.
Piden una investigación
Por ello, reclaman a Serrano Quintana la realización de un análisis de los actuales protocolos de seguridad para detectar fallos «en aras a mejorar nuestros sistemas de detección de envíos que ni pueden ni deben circular por nuestra red».
Asimismo, le piden que «informe de si se ha modificado la operativa de seguridad que venía funcionando hasta fechas recientes» y que les detalle si «va a realizar una auditoría de los procesos de seguridad que se aplican en la actualidad».
Los sindicatos creen que Correos no puede permanecer de brazos cruzados ante la utilización de la compañía pública como vehículo de amenazas y envío de material peligroso, sino que debe adoptar medidas para «detectar posibles necesidades que precisen nuevas inversiones para la adecuación y mejora de los sistemas actuales».
La carta concluye confiando en que el presidente de Correos atenderá la petición e informará a los representantes de los trabajadores sobre el «resultado de estas iniciativas» como «responsable máximo» de la compañía. Creen los sindicatos que solo así se podrán preservar «los atributos de seguridad y fiabilidad que han caracterizado» a la empresa pública.
