El Pacto de Toledo, que revisa el actual modelo de la Seguridad Social, está más cerca del acuerdo sobre la recomendación segunda que analiza la revalorización anual de las pensiones, según resaltaron este martes los portavoces de los distintos grupos políticos tras una nueva reunión de la Comisión. Existe consenso en la necesidad de preservar el poder adquisitivo de los pensionistas y que el IPC sea la base de la revalorización anual. Subir a todos los pensionistas la inflación cada año tiene un coste de 37.680 millones de euros entre 2018 y 2022, según se desprende de un documento interno elaborado por el Ministerio de Empleo que maneja la Comisión del Pacto de Toledo al que ha tenido acceso el Economista.
Hoy mismo, la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, recordaba que «se necesitan medidas urgentes para inyectar ingresos complementarios en el sistema público de pensiones».
Aunque el IPC está consensuado, existen matices a la hora de su aplicación en los momentos de crisis. En el seno de la Comisión se han formado dos frentes distanciados. Por un lado, la izquierda parlamentaria -PSOE, el grupo Podemos, ERC y Compromís- pretenden que el IPC se suba siempre y a todos los pensionistas sin tener en cuenta los ciclos económicos.
Por su parte, el PP, Ciudadanos y PdCat consideran que, aunque las subidas deben estar ligadas al IPC y hay que garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas, debe incluirse un elemento de flexibilidad a la hora de aplicar las subidas en tiempos de crisis. Con el ciclo bajo se limitaría el IPC a las pensiones bajas, con la posibilidad de que cuando el ciclo sea positivo, se pueda subir por encima de la inflación para recuperar el poder adquisitivo perdido en crisis. Fuentes parlamentarias matizan que así se garantiza el poder adquisitivo según IPC en el conjunto del ciclo.
Desde el PNV remarcan que el documento definitivo no está redactado y que su posición es que se puedan incluir otros factores además del IPC. Sobre cómo actuar en crisis, el grupo vasco no se ha posicionado sobre las limitaciones de las subidas de las nóminas.
En lo que sí se muestran todos de acuerdo, es en que la redacción del Pacto de Toledo debe ser lo suficientemente abierta como para que cualquier Gobierno tenga margen de actuación legislativa. Y, también, en dar un protagonismo a los agentes sociales con el Diálogo Social.
La Revista de Pensiones de el Economista publicó el 30 de mayo que cada cuarto de punto de subida de pensiones supone 5.110 millones, según un documento de Empleo. Sumando el 1,6% de subidas para 2018 y 2019 y las previsiones futuras de IPC, subir la pensiones con la inflación es un esfuerzo de más de 37.500 millones.
