El Consejo de Ministros extraordinario ha aprobado este martes de la Semana Santa el proyecto de Presupuestos de 2018 con seis meses de retraso por la inestabilidad política creada por el desafío independentista en Cataluña. Las cuentas son expansivas, con aumento del gasto público y bajadas de impuestos, gracias a una recaudación récord. Mejora sus proyecciones económicas hasta situar la evolución del PIB en el 2,7%, cuatro décimas más que los pronósticos del pasado octubre cuando empeoró sus cáculos por la crisis catalana. Los Presupuestos expansivos y procíclicos permitirán un nuevo acelerón de la actividad económica en vísperas de año electoral. En 2019 coinciden elecciones autonómicas, locales y europeas.
Los Presupuestos de 2018 serán los primeros en una década que no estén condicionados por la reducción del déficit público. España saldrá del brazo corrector de la Comisión Europea a largo de este año, lo que dará margen para ciertas alegrías presupuestarias. No muchas, porque Bruselas seguirá controlando de reojo cualquier exceso —aún debe reducir el déficit del 3,1% al 2,2% del PIB—. Además, son unas cuentas públicas que servirán solo para medio año, ya que se espera que se aprueben definitivamente a final de junio. Y eso si Rajoy logra salvar una tramitación parlamentaria que se antoja complicada porque aún carece del apoyo del PNV, que condiciona sus votos al levantamiento de la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.
Por lo pronto, ya cuenta con el aval de Ciudadanos, que ayer lunes escenificó el acuerdo apropiándose de casi todas las medidas más populares. Aunque muchas sean la reedición de compromisos incumplidos o decisiones ya previstas desde hace tiempo. Casi todas las medidas figuraban además en el anterior pacto presupuestario. Aún así, Rivera cifró en unos 8.000 millones el importe del acuerdo.
En cualquier caso, los Presupuestos de 2018 están construidos con unas previsiones económicas prudentes como viene haciendo el Ejecutivo popular desde 2013. El Gobierno augura que el PIB crecerá este año alrededor de un 2,7%, cuatro décimas más que el pronóstico anterior del pasado octubre cuando el Gobierno rebajó sus previsiones de PIB del 2,6% al 2,3% por el supuesto impacto de la crisis catalanas en la economía. El cuadro macroeconómico también augura que la tasa de paro caerá hasta cerca del 15,5% a final de año. Será el nivel de desempleo más bajo en una década, desde que estalló la crisis financiera. El Gobierno espera que el número de desempleados se reduzca hasta los 3,4 millones durante este año. Y el número de trabajadores ascienda a 19,473 millones. Estas previsiones están en línea con los pronósticos de las principales casas de análisis económico. Así lo ha anunciado el nuevo ministro de Economía, Román Escolano, que ha comparecido junto al titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, tras el consejo de ministros.
En el capítulo de los impuestos se han planificado ciertas alegrías. Se eximirá a los trabajadores que ganen menos de 14.000 euros al año de pagar impuestos. Y habrá rebajas fiscales para los que ganen menos de 18.000 euros. También se ampliarán los impuestos negativos para determinados colectivos, como familias con ascendientes o descendientes dependientes. Y se aprobará la esperada rebaja del IVA al cine que pasará del 21% al 10%.
Sueldo de los funcionarios
Los Presupuestos de 2018 contienen, además, guiños a grupos de población muy importantes para el PP ante la cita electoral del año próximo, cuando coinciden elecciones autonómicas, municipales y europeas. Al preguntar a los políticos por la idoneidad de estos regalos fiscales, un veterano miembro del Gobierno de Rajoy suele justificar que para hacer reformas hay que estar en el poder y para tener el poder hay que hacer política. Así que los Presupuestos de 2018 incluyen subidas del sueldo a los funcionarios y mejora de las pensiones más bajas. Lo que ese veterano político describe como hacer política.
El Ministerio de Hacienda logró hace unas semanas un pacto plurianual con los sindicatos representativos de los empleados públicos para mejorar las condiciones laborales de los funcionarios. El acuerdo incluía una subida de la retribución de los trabajadores públicos del 1,75% este año, frente a un incremento de los precios del 1,1%. Este incremento les permitirá recuperar parte del poder adquisitivo perdido durante la crisis, que los sindicatos cifran en un 14%. También se permitirá aumentar las plantillas públicas y se autoriza a las administraciones públicas más saneadas a que negocien la jornada de 35 horas.
Mejora pensiones mínimas
El gasto en pensiones es uno de los quebraderos de cabeza de los responsables económicos del Gobierno. Representa casi un tercio del gasto presupuestario. Y los jubilados se han echado a la calle en las últimas semanas reclamando mejoras que vayan más allá del 0,25% que vienen recibiendo desde 2014. Este colectivo es esencial para las aspiraciones electorales del PP.
Así los Presupuestos de 2018 incluyen una subida de hasta el 3% para las pensiones más bajas y una mejora para las de viudedad superior a la avanzada ayer lunes por el líder de Ciudadanos Albert Rivera, cuando anunció los detalles del pacto presupuestario con el PP.
En realidad, parte del incremento de estas pensiones ya estaba previsto desde hace tiempo porque era un compromiso recogido en la reforma de las pensiones de 2011 pero que no se había aplicado hasta ahora. La ministra de Empleo, Fátima Bañez, ya anunció hace meses que aplicaría esa revalorización que consiste en una subida de la base reguladora (por la que se calcula la cuantía de la prestación) del 52% al 54% para los mayores de 65 años sin otras fuentes de ingresos, lo que afectará a unos 500.000 pensionistas.
El Gobierno sube tanto las pensiones mínimas, un 3% más, como las no contributivas, otro 3%, y aquellas pensiones de hasta 700 euros, que subirá un 1,5%. Para aquellos que cobren una pensión de alrededor de 12.040 euros al año verán incrementada su prestación un 1%. Esta decisión afectará a un total de 6,73 millones de jubilados, casi dos de cada tres.
Se ampliará el permiso de paternidad a cuatro semanas, se mejorará la dotación para las becas y los fondos para investigación e I+d+i. También habrá un ligero repunte de la inversión para avanzar en la construcción del AVE al País Vasco, la conocida como Y vasca, y de las líneas de alta velocidad del corredor mediterráneo. También se reserva fondos para cumplir con los compromisos anunciados por el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, para Cataluña. El ministro prometió el soterramiento de las vías del tren en L’Hospitalet de Llobregat, Sant Feliu y Montcada i Reixach, la construcción de la terminal satélite del aeropuerto de El Prat, y la llegada del AVE al de Girona.
Todos estos guiños están muy medidos. Los Presupuestos se asientan sobre un techo de gasto público no financiero —el límite que impide aumentarlo por encima del crecimiento potencial de la economía— que asciende a 119.834 millones de euros, un 1,3% más que el de 2017. Se trata de la primera subida del tope de gasto del Estado tras tres años seguidos de reducciones.
El techo de gasto, el límite máximo de compromisos que puede abordar el Estado durante un ejercicio, es la columna fundamental sobre la que se sustentan los Presupuestos. Se calcula a partir de la evolución prevista de los ingresos y, por tanto, del crecimiento económico. Es una de las cifras más importantes porque define en buena medida si la política fiscal será expansiva o recesiva. Y este año será expansiva a pesar de las preferencias del ministro Montoro.
El veterano ministro suele explicar con insistencia como el crecimiento de España en los últimos años es el más sano de su historia reciente. Es la primera vez que la balanza por cuenta corriente es positiva sin necesidad de devaluar la moneda. Por eso, suele decir, no hay que hacer nada. No hay que tocar nada en política presupuestaria, insiste. Pero este año ha dibujado unos Presupuestos procíclicos que estimularán la economía. Y tratarán de que no se ralentice como auguran todas las casas de análisis económicos.
