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Maduro da el primer paso para prohibir los partidos opositores

La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprobó hoy un decreto que obliga a los partidos políticos que no participaron en las elecciones municipales a inscribirse nuevamente ante la Asamblea Constituyente, lo que implica reconocerla, si no quieren ser inhabilitados para las próximas elecciones presidenciales. El Decreto Constituyente para la Validación de Partidos Políticos, recientemente aprobado, establece que las formaciones políticas que no hayan concurrido a la última convocatoria electoral deberán renovarse, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Partidos Políticos, Manifestaciones y Reuniones Públicas. Este decreto deberá ser implementado por el Consejo Nacional Electoral, ente que obligó a los partidos políticos a renovar su nómina de representantes durante los meses de marzo y abril de este año. En ese proceso, participaron los partidos AD, Copei, MAS, Primero Justicia, Avanzada Progresista, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular.

Ante esta decisión todo apunta a que la coalición opositora deberá someterse en el mejor de los escenarios al proceso de renovación en el que los partidos deben demostrar también que cuentan con el reconocimiento público suficiente como para mantenerse en la carrera política. Es decir, deben recoger la firma de al menos un 0,5% de los ciudadanos inscritos en el Registro Electoral Permanente en cada uno de los doce estados del país.

La decisión no ha sorprendido a casi nadie en Venezuela. Lo sospechaban incluso los partidos participantes en la «mesa de dialogo» de Santo Domingo. Era cuestión de poco tiempo después de que Nicolás Maduro usurpara las funciones de la Asamblea Nacional y enviara el mensaje a los partidos de la oposición de que tendrían prohibido presentarse a las presidenciales. «Los partidos, Voluntad Popular (VP) y Primero Justicia (PJ) han desaparecido del mapa político venezolano y hoy desaparecen totalmente porque partido que no haya participado hoy y haya llamado al boicot de las elecciones no puede participar más», afirmó Maduro.

Para el chavismo los partidos Voluntad Popular (VP), Primero Justicia (PJ) y Acción Democrática (AD), los tres más importantes partidos opositores, perdieron el derecho a acudir a unos próximos comicios. La portavoz de la ANC, Delcy Rodríguez, aseguró ayer que este instrumento legal solicitado por el presidente Nicolás Maduro «busca proteger el derecho del pueblo al sufragio ante las pretensiones de sectores de la derecha de boicotear procesos electorales, como ocurrió en las elecciones recientes».

Eliminar la competencia

La oposición y también juristas internacionales cuestionan esta normativa. El partido opositor Primero Justicia (PJ), del excandidato presidencial Henrique Capriles, considera que el oficialismo quiere «una elección presidencial sin competencia», mientras que Voluntad Popular (VP) partido del preso político Leopoldo López ve «paradójico ilegalizar a los partidos cuando hay diálogo». Más allá de las reacciones, no se sabe qué hará la oposición frente a esta nueva amenaza de Maduro, que los pone entre la espada y la pared, condicionando la negociación de Santo Domingo, cuando en esa ciudad se debate antes que nada que haya condiciones electorales libres y justas.

Algunos analistas creen que lo que han anunciado periodistas afectos al chavismo de que el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) quiere adelantar las elecciones presidenciales para el primer semestre del próximo año es una posibilidad cada vez más real. La oposición se enfrentaría así a un escenario electoral muy dividida y sin candidato único.

La Embajada de Estados Unidos en Venezuela ha visto con malos ojos todo lo que está ocurriendo y rechaza el decreto de la asamblea nacional constituyente (ANC). «El gobierno venezolano y su ilegítima Asamblea Nacional Constituyente están inventando reglas a medida que avanzan. Esto no es democracia. Los diversos puntos de vista políticos hacen democracias fuertes», escribió la embajada en su cuenta de Twitter.

 

Aragón contabiliza en 120 millones las pérdidas agrarias por la sequía

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Aragón (UPA) ha acusado al Gobierno de no haber puesto en marcha iniciativas para compensar los daños ocasionados por la sequía, que cifra en 120 millones de euros.

Así lo han puesto de manifiesto hoy el secretario general de UPA Aragón, José Manuel Roche, y líder federal, Lorenzo Ramos, en una rueda de prensa en la que además han exigido que se refuerce el número de efectivos en el medio rural a raíz de los asesinatos ocurridos la semana pasada en la provincia de Teruel.

La sequía, tanto hidrológica como climática, la crisis de los precios en el sector de la fruta, la «inactividad» del Gobierno de España y la amenaza del lobo al modelo de ganadería extensiva han sido cuatro de las preocupaciones principales de UPA durante el año 2017.

«El balance de este año 2017 ha sido nefasto y muy complicado para el sector agrario, fundamentalmente por la sequía, que ha ocasionado pérdidas de unos 120 millones de euros en Aragón y de 4.000 millones de euros a nivel nacional», ha subrayado Roche.

Por provincias, la más afectada por la sequía y por las heladas tardías en el mes de abril ha sido Teruel, con pérdidas de 60 millones, seguida de Zaragoza, con 40 millones, y Huesca, con unas pérdidas estimadas en 20 millones.

La escasez de precipitaciones ha perjudicado gravemente a todos los cultivos de secano (herbáceos y leñosos) y a la ganadería como consecuencia de la falta de agua de bebida y de pastos para el ganado extensivo, hecho que también «genera una gran incertidumbre en vistas al 2018», ha subrayado Roche.

Por este motivo, tanto Ramos como el secretario general de UPA Aragón han puesto sobre la mesa la necesidad de que el Gobierno invierta en conectar las cuencas hidrográficas de los ríos para poder solventar la falta de abastecimiento de agua en el país.

Roche ha apuntado que a día de hoy «los regantes no tienen asegurada la campaña de riego porque solo disponen de una quinta parte de agua embalsada para utilizar».

Asimismo, han acusado al Ejecutivo de «inactividad» al no haber ofrecido iniciativas que compensen los daños ocasionados por la sequía y han denunciado el dato de la renta agraria en el campo español facilitado por el Ministerio de Agricultura que afirma que ha subido un 5 % en 2017.

El secretario de UPA Aragón ha considerado esas cifras una forma de «enmascarar la realidad» y ha afirmado que la renta de los agricultores aragoneses «ha sido negativa en el año 2017» y que han tenido que depender «exclusivamente» de los ingresos que han recibido de la PAC.

Por otro lado, Roche se ha mostrado «orgulloso» del modelo «justo y social» que ha propuesto el consejero de Desarrollo Rural, Joaquín Olona, que tiene en cuenta la renta de agricultores y ganaderos y permite «abrir un debate en torno a la PAC».

Por todo ello, UPA ha exigido al Gobierno que sea «valiente» y se implique en un proceso de reforma de la PAC que beneficie a España y no solamente a los países de Centroeuropa y que aporte soluciones estructurales que favorezcan al sector o de lo contrario, llevarán a cabo movilizaciones reiteradas en 2018.

El año 2017 también ha sido «desastroso» para el sector de la fruta aragonesa, por márgenes comerciales «abusivos» que «solo benefician a los intermediarios».

Por último, han querido mostrar su apoyo y condolencias a las familias de los tres asesinados por «Igor el ruso» en la provincia de Teruel y han declarado que van a unirse a la UAGA para «pedir responsabilidades», porque consideran «una negligencia como la copa de un pino» lo que ha sucedido como consecuencia de «la falta de medios y efectivos de seguridad en el medio rural».

Theresa May dice que Gibraltar no quedará excluido de las negociaciones del Brexit

La primera ministra británica, Theresa May, ha insistido hoy en que Gibraltar no quedará excluido de las negociaciones sobre el «brexit», que han pasado a la segunda fase, centrada en la futura relación comercial entre Londres y Bruselas.

«No vamos a excluir a Gibraltar de las negociaciones, ni del periodo de implementación (transición) ni del futuro acuerdo» con la Unión Europea (UE), dijo May en la sesión semanal de preguntas a la primera ministra en la Cámara de los Comunes.

La primera ministra hizo la breve referencia a Gibraltar después de que la prensa informase hoy de que la UE presiona al Reino Unido para que resuelva con España el contencioso de Gibraltar si Londres quiere conseguir un acuerdo sobre el periodo de transición.

Ante una pregunta al respecto de un diputado, la primera ministra dejó clara su posición en relación con Gibraltar y concluyó esa referencia con un «puedo asegurar eso».

El diario «The Guardian» recordó hoy que en abril la UE había insistido en que Gibraltar quedase fuera de cualquier futuro pacto comercial con Londres a menos que hubiera un acuerdo con Madrid.

May busca un acuerdo de transición de dos años para tranquilizar a las empresas, que están nerviosas ante la posibilidad de perder el acceso al mercado europeo, según los medios.

Hoy en Bruselas, el negociador jefe de la Unión Europea (UE) para el «brexit», Michel Barnier, indicó que el periodo de transición solicitado por el Reino Unido debería concluir el 31 de diciembre de 2020, al mismo tiempo que el actual marco financiero plurianual.

El ministro principal del Peñón, Fabián Picardo, ha sugerido que un «brexit» duro -sin acceso al mercado único europeo- supondría una «amenaza existencial» para el territorio.

La Audiencia Nacional reconoce el derecho de la familia de Cordón a 300.000 euros de indemnización

La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional ha reconocido el derecho de la familia de Publio Cordón a recibir la indemnización de más de 300.000 euros por el secuestro del empresario zaragozano que aún no se le ha otorgado.

La familia de Cordón había presentado un recurso contra la resolución de marzo de 2016 de la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo que limitaba la cuantía indemnizatoria a 1.536 euros para la mujer y 8.831 para cada una de sus hijas. Interior aplicaba así una indemnización restrictiva, de acuerdo con la Ley 32 /1999 de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo cuando se refiere a secuestro.

Frente a este criterio, la familia Cordón reclamaba los 300.506 euros para la mujer y 2.404 euros para cada hija que las sentencias penales de 2007 (Audiencia Nacional) y 2009 (Tribunal Supremo) fijaron respectivamente para el empresario y sus familiares, quienes argumentaban que no puede desligarse secuestro y fallecimiento, en concordancia con los artículos 2 y 5 de la mencionada ley.

En línea con la familia Cordón, la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional considera ahora que el régimen jurídico de aplicación es la ley de 1999 y no la vigente sobre indemnización a víctimas del terrorismo. El tribunal explica que aunque se ha reconocido a las demandantes indemnización por fallecimiento en virtud de la Ley de 2011 de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, es compatible con una posible indemnización por secuestro.

La cuestión clave que analiza la Sala es si, en caso de secuestro, cuando hay sentencia penal firme que establece una cuantía determinada como responsabilidad civil, el derecho de las víctimas del terrorismo a ser resarcidas lo es conforme al artículo 6 de la Ley 32/1999 «a la totalidad de la cuantía fijada en sentencia o sólo a la cuantía máxima que pueda corresponderles prevista en el anexo de la presente Ley para la incapacidad permanente parcial.

Favorecer a las víctimas.

La Sala reconoce que en virtud de ese artículo 6 de la ley de 1999 no se contempla explícitamente el secuestro en el pago de indemnizaciones o compensaciones por daños físicos o psicofísicos por este motivo, como tampoco lo contempla expresamente la ley actual, hasta una modificación posterior de 2012. Pero los jueces concluyen que los preceptos de la ley del 99 han de ser interpretados con su exposición de motivos, en la que «alienta un espíritu claramente favorecedor de las víctimas del terrorismo».

Así, el tribunal concluye que la ley, «por razones de solidaridad», regula el derecho a las víctimas de terrorismo a ser resarcidos o indemnizados en concepto de responsabilidad civil, subrogándose el Estado frente a los obligados al pago a aquellas, de modo que si hay sentencia firme, «procede reconocer la responsabilidad civil a favor de la víctima o, en su defecto, si se han llevado a cabo oportunas diligencias judiciales o incoado los procesos penales para el enjuiciamiento de los delitos».

De este modo, la Audiencia Nacional reconoce el abono de los 300.506 euros fijado en las sentencias penales, debiendo descontarse las cuantías reconocidas en la resolución recurrida, y que ascendía a 38.060 euros, en el caso de que ya hayan sido abonados a las interesadas. A la cifra resultante habrá añadir los intereses legales generados desde la fecha de la solicitud de la indemnización.

Más hipotecas, por mayor importe y con el interés mínimo histórico del 2,67%

El mes de octubre terminó con más hipotecas contratadas que justo un año antes, con un importe superior (al calor de la subida del precio de la vivienda) y con unos intereses históricamente bajos. En concreto, la contratación de créditos para la compra de viviendas alcanzó los 24.706 préstamos. El dato refleja que el mercado, dentro de su senda positiva, volvió a moderarse al crecer un 8,2% interanual, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). El repunte, con el que se acumulan seis meses consecutivos de alzas, es inferior al experimentado en los meses anteriores: en agosto creció un 29,1% y en septiembre la subida fue del 9,2%.

A pesar de la moderación, las hipotecas siguen llegando a los compradores que se están endeudando con un tipo de interés en mínimos históricos. La competencia entre entidades financieras por captar clientes solventes está arrastrando a la baja el precio de los préstamos. Así, el tipo de interés medio fue del 2,67%, un 15,6% inferior al registrado en octubre de 2016 y el más bajo de toda la serie histórica del INE (desde 2009). “El esfuerzo que realiza el sector bancario por prestar cada vez más aumentará previsiblemente en los próximos meses, ya que se siguen cancelando más hipotecas de las que se conceden, disminuyendo paulatinamente el negocio de las entidades”, señala Fernando Encinar, jefe de estudios de Idealista.

Más hipotecas, por mayor importe y con el interés mínimo histórico del 2,67%

El abaratamiento llega tanto a las hipotecas variables, que suponen el 63% del total, como a las fijas, que representan el 37%. El hecho de que estos productos con cuotas fijas durante toda la vida de la hipoteca hayan bajado de precio ha atraído a más clientes que buscan productos más seguros. Destaca el INE que estos créditos fijos crecieron un 17,6% en octubre con respecto al mismo mes de 2016. El tipo de interés medio al inicio en las variables fue del 2,48%, con un descenso anual del 21,2% y también marcando un mínimo histórico. Y del 3,09% para las de tipo fijo, un 3,7% menor.

En octubre se firmaron hipotecas por un importe mayor, debido al encarecimiento del precio de la vivienda. La cuantía media solicitada fue de 120.628 euros, un 9,2% más respecto al mismo mes de 2016. El capital prestado también subió un 18,2% en tasa interanual, hasta situarse en 2.980,2 millones de euros.

Más hipotecas, por mayor importe y con el interés mínimo histórico del 2,67%

En el acumulado del año, de enero a octubre, las hipotecas suben un 12% en España. “El mercado inmobiliario sigue avanzando en su recuperación gracias a la consolidación del crédito, la mejora económica, los bajos tipos de interés y una vuelta de la confianza en la vivienda como valor patrimonial y de inversión”, añade Beatriz Toribio, responsable de estudios de Fotocasa. «Los datos muestran que las familias españolas mantienen una elevada sensibilidad por la vivienda en propiedad lo que supone su principal decisión patrimonial. Y también que el mercado hipotecario español funciona bien para satisfacer esta demanda bajo las mejores financieras», añade al portavoz de la Asociación Española de Banca, José Luis Martínez Campuzano. Pero los expertos prefieren ser prudentes y no se atreven a pronosticar cómo acabará el ejercicio a la espera de ver las consecuencias reales que tiene la crisis catalana en el mercado hipotecario.

De momento, en octubre las comunidades con mayor número de hipotecas constituidas sobre viviendas fueron Madrid (5.168), Andalucía (4.847) y Cataluña (3.998), que son también las regiones en las que se prestó más capital. Las comunidades que presentaron las mayores tasas de variación anual fueron La Rioja (87%), Madrid (31,2%) y Galicia (22,1%).  En Cataluña, en un mes marcado por la inestabilidad política ante el desafío independentista, subió la concesión un 12,8%, por detrás de Madrid pero encima de la media nacional (8,2%) y de la mayoría de las autonomías.

En cuento al capital prestado, que subió un 18,2% en conjunto, creció con especial fuerza en Madrid (40%), La Rioja (51,1%) y Cantabria (35%). En Cataluña se elevó un 28,4%. Solo se registraron caídas en Aragón (-38,5%), Asturias (-12,9%), Comunidad Valenciana (-1,7%) y Castilla y León (-0,8%).

El PP pide a Santisteve que rectifique, «se tranquilice» y «deje de incitar al odio»

El Grupo Municipal Popular de Zaragoza ha calificado este jueves las declaraciones del alcalde, Pedro Santisteve, en las que les acusa de «agitador de la ultraderecha» como un «error» y ha pedido que rectifique y «se tranquilice».

El portavoz adjunto del PP, Pedro Navarro, considera que el alcalde «está muy nervioso» por sus propios errores y «por los que han cometido» los concejales de Zaragoza en Común en los últimos días.

En este sentido, Navarro ha recordado que la vicealcaldesa Luisa Broto calificase de fallecimientos y no de asesinatos las muertes de tres personas, dos de ellas guardias civiles, en Andorra.

También que el concejal Alberto Cubero respaldara la versión de supuesto asesino de Víctor Laínez y que Pablo Muñoz escribió que Laínez era «traficante de drogas».

Navarro ha asegurado que la actitud del Partido Popular ha sido de «profunda responsabilidad», ha apuntado que no van a contribuir a la «escalada de tensión» y ha hecho un llamamiento a Santisteve para que contribuya a la calma.

El edil popular ha considerado que la intervención del alcalde ha estado llena de «insultos, injurias y calumnias» y ha pedido que «se dé cuenta de lo que representa y que no incite al odio». «No es un activista, es el representante institucional de todos los zaragozanos», ha insistido Navarro.

A su juicio, con los insultos a Jorge Azcón, portavoz del PP, insulta a todos los concejales del partido, a todos los ciudadanos y a los que representan.

Ronaldo, madridista hasta «el fin de carrera»

Cristiano lanzó el guante después de sentenciar el Mundial de Clubes, como decidió la Champions de Cardiff, como fue determinante en la Liga, como fue letal en el Mundial de Clubes anterior, disputado en Yokohama. Con la sonrisa por bandera y el trofeo en sus manos, en Abu Dhabi se dejó querer por un Real Madrid que ya le quiere bastante: «Yo deseo retirarme aquí, pero todo depende del club». El Balón de Oro no abrió un frente, manifiestan los hombres que trabajan con él. Al revés, lo que busca es «un guiño del club».

Un mayor reconocimiento a su relevancia en los éxitos cosechados por la entidad. Sabe que no puede quejarse del dinero que gana, 21 millones fijos anuales (se convirtieron en 25 con primas), la cifra prioritaria del nuevo contrato que rubricó hace un año y que se extiende hasta 2021, cuando el luso tendrá 36 años y cuatro meses. El propio futbolista firmó esa cantidad. Pero los acontecimientos vividos en un verano convulso, que transformó el dinero del fútbol hasta la locura, le han hecho pedir «un detalle».

Posee contrato hasta 2021, cuando tendrá 36 años: El club está «tranquilo». Renovó hace un año y hay tiempo para hablar, no irá al ritmo que marquen otros

 

Tsipras logra aprobar los «últimos presupuestos con recortes»

Tras un intercambio de acusaciones y velados insultos entre Tsipras y su ministro de Finanzas Euclides Tsacalotos y por el otro los líderes de los partidos de la oposición, el Parlamento griego aprobó por mayoría los presupuestos del Estado para el año próximo. A favor votaron todos los diputados radicales y los de su socio en el gobierno, el partido nacionalista de los Griegos Independientes ( en total 153) y en contra 144 diputados de la oposición.

Tsipras afirma que este presupuesto será el último con programa de ajustes y reformas.

En su intervención, Alexis Tsipras destacó que «nuestra patria, tras una larga y dolorosa aventura, deja atrás un periodo que no queremos recordar» refiriéndose a los años de la crisis desde el 2010. Afirmó también que es el último presupuesto bajo el memorando, nombre del programa de ajustes y reformas impuesto por los acreedores, ya que el gobierno asegura que en agosto del año próximo el país podrá regresar a los mercados internacionales.

“Después de ocho años, Grecia regresa al escenario internacional, recuperando su autosuficiencia económica y prestigio (…). Tras haber completado un ajuste fiscal difícil, hemos ganado credibilidad en los últimos dos años y medio, implementando al mismo tiempo reformas estructurales que nadie se atrevió a efectuar anteriormente”. El primer ministro insistió en que Grecia “cumplirá sus compromisos y logrará el acceso sostenible a tasas de interés favorables en los mercados (internacionales)” y en que el país “ha hecho grandes progresos” mencionando que el 2017 fue “el primer año con crecimiento durante tres trimestres consecutivos. En cualquier caso, el primer año con un crecimiento sustancial”.

El líder de la oposición, Kiriakos Mitsotakis, presidente del partido de centro derecha Nueva Democracia, acusó en su intervención al gobierno, insistiendo que los ciudadanos griegos “no se merecían otro año de sacrificios”, recordando que “han engañado ustedes dos veces al pueblo griego. Fueron elegidos la primera vez como contrarios a los programas de recortes y reformas, la segunda vez con dichos programas. Fracasaron las dos veces. La primera nos costó (al pueblo griego) 100 millones de euros. El segundo fracaso lo pagaremos todos los griegos durante muchos años”.

Mitsotakis acusó también al gobierno de conseguir un superávit primario este año gracias a un aumento de impuestos, y a la disminución del gasto social y de las inversiones publicas. Y preguntó retóricamente la razón de conseguir superávit económicos mayores que los que exigen los acreedores para poder entregar a finales de año dinero a grupos sociales concretos, “copiando los peores métodos clientistas del pasado”. Este año han sido grupos concreto de personas sin trabajo.

El líder conservador recordó también que las medidas aprobadas se aplicarán hasta el 2022, que Grecia no se recupera como Chipre, Irlanda o Portugal y comentó que “somos el único país de la eurozona que va hacia atrás, mientras que todos los demás van hacia delante”. Recordó también que en tres años este gobierno ha impuesto 27 impuestos nuevos, 21 recortes entre pensiones y beneficios sociales y dos reducciones de los ingresos libres de impuestos.

 

Cuba prolonga dos meses la última legislatura de Raúl Castro

El Parlamento cubano aprobó hoy extender hasta el 19 de abril del 2018 la actual legislatura, que debía concluir el próximo 24 de febrero después de la celebración de unas elecciones generales tras las que se espera que el presidente Raúl Castro sea relevado en el cargo.

La medida, propuesta por el Consejo de Estado -máximo órgano decisorio del país-, se tomó por «la situación excepcional» provocada por el paso del huracán Irma en septiembre pasado, que dejó en la isla diez muertos y millonarios daños materiales.

La primera etapa del proceso electoral, los comicios municipales fijados para octubre, ya había sido pospuesta un mes por el mismo motivo.

De acuerdo a la Constitución cubana, una legislatura solo puede extenderse «por acuerdo de la propia Asamblea en caso de guerra o en virtud de otras circunstancias excepcionales que impidan la celebración normal de las elecciones y mientras subsistan tales circunstancias».

Según lo aprobado hoy por la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento unicameral) en su segundo y último pleno del año y de la octava legislatura, la vigencia de las actuales asambleas provinciales del Poder Popular también se extiende, en este caso hasta el 25 de marzo, según un informe de la estatal Agencia Cubana de Noticias.

Unas elecciones sin Castro

Las próximas elecciones generales cubanas suscitan un gran interés, ya que la próxima legislatura será la primera ocasión en seis décadas que la presidencia de Cuba no estará ocupada por un mandatario apellidado Castro, tras más de 40 años de Gobierno de Fidel Castro, sucedido en 2006 y hasta la fecha por su hermano menor, Raúl, de 86 años.

El proceso electoral, que incluye la celebración sucesiva de comicios municipales, regionales y generales, comenzó el 26 de noviembre con la elección de los delegados municipales del Poder Popular (concejales), en la que participaron 7,6 millones de personas, según datos oficiales.

De cara a ese proceso municipal se había constituido la plataforma ciudadana #Otro18, que por primera vez intentó presentar candidatos independientes, aunque finalmente no lo logró.

De entre los delegados elegidos en ese primer proceso saldrá parte de los candidatos a diputados de la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral) en las elecciones generales, aún sin fecha, y el nuevo Parlamento que resulte electo ratificará el 19 de abril al nuevo presidente de Cuba.

Aunque no se ha confirmado oficialmente, se prevé que el relevo de Raúl Castro sea el actual primer vicepresidente, Miguel Díaz-Canel.

La ley electoral cubana establece que el presidente, junto con el vicepresidente y los restantes miembros del Consejo de Estado, se eligen a partir de una propuesta elaborada por una Comisión de Candidaturas integrada por diputados electos en los comicios generales, que es sometida a votación en el Parlamento.

La medida, propuesta por el Consejo de Estado -máximo órgano decisorio del país-, se tomó por «la situación excepcional» provocada por el paso del huracán Irma en septiembre pasado, que dejó en la isla diez muertos y millonarios daños materiales.

 

El Ibex registra hasta mediados de diciembre su mejor resultado en cuatro años

El presidente de BME, Antonio Zoido, ha puesto en valor que el Ibex ha registrado este año, cuando celebra su 25 aniversario, su mejor resultado en cuatro años, con una subida del 10% hasta el pasado viernes, mientras que el Ibex Small Cap ha batido al índice con una revalorización del 26%.

De hecho, la negociación de las cotizadas de menor tamaño supone el 53% del conjunto de la Bolsa, una tendencia que «da mayor estabilidad al mercado y repercute de forma positiva en los inversores».

Zoido ha recordado que durante los primeros meses del ejercicio el selectivo español se llegó a revalorizar hasta un 21%, pero la «tensión política» y «otras incertidumbres mundiales» han influido sobre él de forma negativa en la segunda mitad del año.

Según ha explicado, se ha dado una «práctica ausencia de volatilidad durante todo el año», con el Dow Jones registrando su valor mínimo de los últimos 30 años (8%) y la Bolsa española la mitad que en 2016 (15,7%).

Durante este ejercicio, la capitalización de las Bolsas españolas ha superado los 1,15 billones de euros, lo que, en opinión de Zoido, representa «un elemento de confianza hacia el mercado español y sus cotizadas».

El presidente de BME se ha mostrado «optimista» de cara a 2018 en cuanto a la contratación de renta variable, que al cierre de este ejercicio quedará en línea con el anterior, por encima de los 650.000 millones de euros.

Las fintech: oportunidades y riesgos

Durante su discurso, Zoido ha explicado que la llegada de las fintech está creando «nuevas oportunidades» para los inversores, pero también «riesgos y vulnerabilidades», algo que «ocurre en todo proceso de transformación».

«Esto es un reto para todos», ha indicado Zoido durante su tradicional discurso de Navidad en el Palacio de la Bolsa en referencia a estos nuevos competidores, que influyen en la transformación de los modelos de servicios financieros, algunos de los cuales son prestados desde las Bolsas.

Para Zoido, algunas de las tendencias que «forzarán a un cambio en la prestación de los servicios financieros» son un mejor y mayor acceso a los datos, la reducción de costes en los bienes y servicios, la desintermediación y la ‘re-intermediación’, así como los cambios demográficos.

«El sistema financiero deberá continuar con el proceso de adaptación de la nueva realidad que traen consigo la regulación y la innovación», ha apuntado el presidente del hólding que aglutina las Bolsas españolas.

Zoido augura un 2018 «favorable» para los mercados, si bien ha apuntado que no estará «exento de dificultades». Concretamente, en el caso de España ha destacado los riesgos coyunturales, así como «factores persistentes», como el déficit, la deuda y el paro.

Debut positivo de las nuevas empresas

Hasta mediados de diciembre, un total de 23 empresas han debutado en los mercados operados por BME y han captado unos 4.290 millones de euros, lo que supone tres veces más que los registrados en las mismas fechas de 2016 y el cuarto mejor registro de los últimos diez años.

De estas compañías, cinco iniciaron la negociación en Bolsa, captando 4.018 millones de euros, mientras que el resto lo hicieron en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB).

Además, dos empresas, Másmóvil y Borges, han cambiado este año de segmento y han comenzado a cotizar en el mercado principal, algo que, para Zoido, es «muy satisfactorio», pues los mercados cumplen «un papel esencial en el desarrollo y acompañamiento de las empresas».

Asimismo, en 2017 se han admitido al MAB 18 empresas, con lo que a mediados de este mes el total sumaba 84 compañías, que han conseguido este ejercicio unos 903 millones de euros de nuevo capital.

Hasta mediados de diciembre, ha habido 98 operaciones de ampliación de capital, a través de las que se captaron 29.477 millones de euros, un 31% más que un año antes.

Mayores participación de inversores extranjeros

Los dividendos distribuidos por las cotizadas españolas alcanzaron los 25.000 millones de euros a cierre de noviembre, en línea con los registros de años anteriores.

La rentabilidad por dividendo de la Bolsa española se situaba al cierre de noviembre en el 4,1% y acumula diez años por encima del 4%, según ha explicado Zoido.

Por otra parte, los inversores no residentes aumentaron su participación en la propiedad de las empresas españolas cotizadas en Bolsa y, con los datos de cierre del primer semestre, se prevé un nuevo récord histórico por encima del 45%.

Las familias continúan siendo el segundo propietario en la Bolsa, con el 23,4%, frente al mínimo registrado hace diez años, que fue del 20%, ha explicado Zoido.