«Con gran pesar hemos decidido activar el procedimiento del artículo 7. Los hechos no nos dejan otra opción», ha anunciado el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, en una decisión sin precedentes en la historia de la Unión Europea, ante la deriva autoritaria en Polonia en los últimos años.
El pasado agosto Bruselas dio un ultimátum a Varsovia. Tenía un mes para corregir su reforma del sistema judicial que, a juicio de la Comisión Europea, pone en serio riesgo la separación de poderes y el Estado de derecho. De no hacerlo, el ejecutivo no dudaría en sacar la artillería pesada y poner en marcha el artículo 7 del Tratado de la UE, que podría acabar privando a Polonia de su derecho al voto en el Consejo. Timmermanns considera que la situación, lejos de mejorar en los últimos meses, ha empeorado. Por eso el Colegio de Comisarios cumple su amenaza y pone en marcha el procedimiento. «Esto no tiene que ver solo con Polonia sino con toda la UE, con lo que somos», ha sentenciado el vicepresidente.
«Tristemente, nuestras preocupaciones se han intensificado», ha lamentado Timmermans al inicio de su intervención. «En un periodo de dos años, un número significativo de leyes, 30 en total, han sido adoptadas, las cuales ponen en serio riesgo la independencia del sistema judicial y la separación de poderes en Polonia», ha afirmado. La Comisión entiende que toda la estructura del sistema se ha visto afectada por estas reformas que conciernen al Tribunal Constitucional, el Supremo, el Consejo Nacional del Poder Judicial, los Tribunales Ordinarios y la Escuela Nacional de Poder Judicial.
El ejecutivo Europeo considera que las reformas resultan en una politización del sistema judicial, ya que los poderes legislativo y ejecutivo podrán interferir políticamente en la composición, la administración y el funcionamiento de las autoridades judiciales. «Hoy, en Polonia, la constitucionalidad de la legislación ya no puede ser garantizada», ha denunciado Timmermans. El vicepresidente cita como ejemplos los poderes sobre la designación de los jueces del Constitucional y el Supremo, que recaerán sobre el presidente de la República, que también determinará la duración de su mandato, a recomendación de un Consejo Nacional del Poder Judicial también politizado. Una situación que se repite en los Tribunales Ordinarios, donde la designación de los jueces recae en las manos del ministro de Justicia, que es también fiscal general.
La Comisión inicia hoy una cuarta recomendación sobre el Estado de derecho en Polonia y da a Varsovia tres meses para reaccionar. Al mismo tiempo, activa el artículo 7.1, previsto cuando se constata «la existencia de un riesgo claro de violación grave por parte de un Estado miembro de los valores contemplados en el artículo 2». Timmermans aclara «esta no es la opción nuclear». El vicepresidente insiste que la puesta en marcha del artículo 7, sencillamente implica que tanto el Parlamento Europeo como el Consejo hagan «lo que la Comisión ha hecho los últimos dos años», es decir, analizar la situación en Polonia. Y, asegura, si el gobierno polaco toma en cuenta las recomendaciones de las instituciones, la Comisión está dispuesta a frenar el artículo 7. La tercera medida que el ejecutivo ha acordado es denunciar la reforma de los Tribunales Ordinarios ante el Tribunal de Justicia de la UE, por considerar que viola la legislación europea.
Polonia lleva tiempo en el punto de mira de la Comisión. El pasado año, el ejecutivo europeo abrió expediente a Varsovia por la reforma del sistema de elección de los jueces del Tribunal Constitucional y de la Ley de Medios, que minaba la independencia de la radio y la televisión públicas. A las preocupaciones de Bruselas a este respecto, se sumó poco después una seria de reformas que, entiende la Comisión, «socava la independencia del poder judicial en Polonia».
Bruselas ha manifestado su rechazo en particular de las competencias otorgadas al ministro de Justicia, que es también fiscal general y que, entiende, socaban la separación de poderes. El titular de Justicia polaco podrá nombrar a magistrados en tribunales regionales y de apelación, además de decidir sobre las prórrogas de los mandatos de los jueces en edad de jubilación y la destitución y nombramiento de los presidentes de los tribunales. Esta reforma, respaldada por el Parlamento polaco hace unas semanas, es precisamente la línea roja que en julio puso Bruselas para impulsar el artículo 7.
Qué es y cómo funciona
El artículo 7, recogido en el Tratado de la UE, «tiene por objeto garantizar que todos los países de la UE respeten los valores comunes de la Unión, incluido el Estado de Derecho». Contempla dos mecanismos: preventivo y sancionador. El mecanismo preventivo, que debe ser aprobado por cuatro quintos de los miembros del Consejo, tiene por objeto «constatar la existencia de un riesgo claro de violación grave por parte de un Estado miembro de los valores contemplados en el artículo 2». El Consejo debe escuchar las alegaciones del Estado miembro en cuestión, hacer recomendaciones y monitorear la situación.
En cuanto al mecanismo sancionador previsto en el artículo 7.2, se activa cuando el Consejo Europeo, «por unanimidad y a propuesta de un tercio de los Estados miembros o de la Comisión y previa aprobación del Parlamento Europeo», constata «la existencia de una violación grave y persistente por parte de un Estado miembro de los valores contemplados en el artículo 2». La institución podría entonces suspender incluso el derecho a voto del Estado miembro en cuestión, por mayoría cualificada.
Que llegue a privarse a Polonia del derecho a voto es poco probable. La puesta en marcha del mecanismo sancionador requiere unanimidad y algunos estados miembros, como Hungría, han expresado su predisposición al veto. Precisamente porque el gobierno de Viktor Orban ha sido objeto de críticas, y procedimientos de infracción, por su propia deriva autoritaria.
Bruselas tiende la mano para el diálogo
La decisión de activar el artículo 7 viene precedida por tres recomendaciones, más de 25 cartas y numerosas reuniones entre las autoridades europeas y polacas en las que, insiste Timmermans, la Comisión ha sido muy clara en sus demandas. «Hemos estado siempre dispuestos a dialogar. Este año, ese diálogo no ha tenido lugar», ha lamentado el vicepresidente, muy crítico con la hostilidad del gobierno polaco en los últimos meses. Así y todo, Timmermans tiende la mano al nuevo ejecutivo para retomar las conversaciones. También el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, que ha invitado al nuevo primer ministro Matesz Morawiecki, tras la destitución de Beata Szydlo, a una reunión de trabajo en Bruselas el próximo 9 de enero: «Un diálogo sincero es la única manera de superar las diferencias que tenemos en el presente».
«Estoy convencido de que reconducir el Estado de derecho en Polonia va en el interés de Polonia, como nación, va en el interés de los ciudadanos polacos, que son también ciudadanos europeos, y ciertamente, va en el interés de la UE, como un todo», ha sentenciado el vicepresidente Frans Timmermans.
El primer ministro ha recogido el guante lanzado por Juncker y Timmermans poco después el guante en su cuenta de Twitter, aunque con matices. «El diálogo entre la Comisión y Varsovia debe ser abierto y honesto. Creo que la soberanía de Polonia y la idea de una Europa unida pueden conciliarse», ha asegurado Morawiecki. El primer ministro ha destacado el compromiso de Polonia con el respeto al Estado de derecho pero no duda en defender una reforma judicial que considera «profundamente necesaria».
