Es el área que más acumula fuera de plazo, incluso por encima de las renovables, según ha explicado el director gerente
El nuevo director gerente del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), Luis Simal Domínguez, ha comparecido este jueves por primera vez en las Cortes. En plena Comisión de Investigación de las renovables, que apunta directamente al órgano que ahora dirige, los datos han ido en otra dirección, y es que la gestión de residuos es hoy el área del Inaga con más retrasos acumulados. Según sus palabras, hay “casi 1.200 expedientes” fuera de plazo del total de 6.500. Simal ha apuntado su reducción, algo extrapolable a otros apartados, como la principal prioridad, todo ello con el objetivo de fondo de la “simplificación administrativa” que a su juicio persigue la institución desde que nació en 2003.
“Es el primer foco en el que nos hemos centrado”, ha valorado a cerca de la gestión de residuos. No obstante, ha matizado que esta problemática atañe a más organismos, caso de la CHE, cuando se trata por ejemplo del vertido de purines en los sectores agrícola y ganadero, y en especial el segundo. En este sentido, Simal ha recordado que España sufrirá una sanción de la Unión Europea por la contaminación de las aguas con nitratos.
Respecto al despliegue de las renovables, el director general ha comentado que su dificultad no reside tanto en el número sino en la complejidad. Así las cosas, si bien los años 2022 y 2023 han sido de gran volumen, como lo fueron 2008 y 2009, este pico de expedientes se debe también al hecho de dar respuesta a todos, sean “grandes o pequeños”, “autonómicos o estatales”.
Otra cuestión candente es la externalización de estos informes. “El principal consultor es Sarga, salvo algún fleco que quedaba de otros contratos”, ha asegurado. En cualquier caso, ha recordado que este “es el modelo desde el origen”.
PROBLEMAS ESTRUCTURALES Y COYUNTURALES
Una consigna rodea el Inaga de forma reiterada y es la tardanza en la tramitación de expedientes. No se esconde Luis Simal a la hora de decir señalar que “es un problema estructural”. Su solución pasa, ha dicho, por la migrar “hacia una administración electrónica mucho más moderna”. Para los más sencillos, “el grueso”, cabe incluso la posibilidad de implementar declaraciones responsables. A los problemas de raíz se sumó en febrero otro coyuntural como fue la marcha de hasta 16 funcionarios “con experiencia” y su sustitución por trece “que todavía hay que formar”.
De los grupos políticos, Tomás Guitarte (Aragón-Teruel Existe) ha sido especialmente crítico con el desarrollo de la presente legislatura, sobre todo en la autorización de los parques solares y fotovoltaicos y que no se persigan, dice, prácticas como la fragmentación, la hibridación o la instalación en zonas protegidas por la Red Natura 2000. “Da la impresión de que en Aragón todo vale”, ha añadido.
Por su parte, Joaquín Palacín (CHA) y Leticia Soria (PSOE) han mostrado su “preocupación” por los retrasos en las tramitaciones. Juan Vidal (Vox) ha culpado al Ejecutivo anterior del “colapso” de la administración con las renovables y Susana Cobos (PP) ha centrado estas mismas críticas en la “falta de transparencia”.
