Los socios de Pedro Sánchez se desmarcan de las correcciones a la medida de gracia pactadas por el PSOE, Sumar, ERC, Bildu y el BNG
Junts sube la apuesta. Pedro Sánchez afronta una legislatura imposible. La ley de amnistía, que le dio la llave de la Moncloa, tiene ya sus enmiendas registradas en el Congreso. Los de Carles Puigdemont quieren ampliar el lapso de aplicación de la medida de gracia dos meses: a partir del 1 de noviembre de 2011 en lugar del 1 de enero de 2012. Y todo con el objetivo de salvar al clan Pujol por sus delitos de corrupción.
Además, pretenden eliminar el delito de terrorismo como línea roja para aplicar la amnistía y blindar así al expresidente catalán, a quien se ha abierto una investigación por ese delito en el marco de la causa Tsunami Democràctic. Fuentes socialistas, no obstante, rechazan las pretensiones de sus socios secesionistas: «Nosotros respondemos por nuestras enmiendas», zanjan fuentes del partido.
El caso Pujol está pendiente de juicio en la Audiencia Nacional, por lo que en caso de que estas enmiendas se aprueben, se podría evitar la celebración de la vista, así como una posterior sentencia condenatoria. El PSOE ha evitado comparecer tras presentar en el registro del Congreso sus propias enmiendas pactadas con Sumar, ERC, Bildu y el BNG. La jornada ha sido tensa. Los socialistas han intentado hasta el último minuto que Junts no se desmarcara y firmara con ellos al menos una de las enmiendas. Pero la aparente negativa de Ferraz a salvar a los Pujol ha provocado la espantada de los de Puigdemont.
También ERC pide el borrado del terrorismo
Puigdemont también quiere borrar los delitos cometidos en respuesta a los agravios por la ‘operación Cataluña’ y que en el redactado de las enmiendas figuran como «los actos en respuesta a operaciones policiales artificiosas». Junts, además, sigue obcecado con las cuestiones prejudiciales al TJUE (artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil) porque considera que puede dinamitar la amnistía. Por eso pretenden que contra lo que dice la legislación europea y la propia Constitución, una «cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE» no pueda dejar en suspenso la aplicación de la amnistía.
El texto registrado por Junts busca amnistiar «todas las responsabilidades civiles y contables» derivados de los actos y delitos del procés, incluidas las de la causa actual que se sigue en el Tribunal de Cuentas contra Puigdemont y sus compañeros por malversar fondos públicos. Esta causa ya se intentó parar. El problema es que se trata de una devolución por el uso indebido de esos fondos. Al no tratarse de un delito o una sanción, sino de una mera devolución, parecía complicado que se pudiera acoger en los efectos de la amnistía. Además, Junts pretende que todos los encausados puedan reclamar que se les devuelvan las multas que ya han pagado.
No solo Junts pide el borrado de la violencia para infundir terror. ERC también quiere suprimir «la exclusión de los casos de terrorismo de la ley para blindarla al máximo posible». No obstante, esa petición ha discurrido en una enmienda propia. «En este momento no se han llegado a transaccionar debido al poco tiempo para materializar un acuerdo, pero que confiamos pactar durante la ponencia de la ley y la comisión, en que la negociación continuará», zanjan fuentes de ERC.
Fuentes de Junts explican: «Toda ley siempre es técnicamente mejorable y el trámite de enmiendas es la oportunidad de hacerlo antes de su aprobación. La voluntad de Junts es continuar trabajando en la mejora de la ley hasta su aprobación definitiva, y esto se hará en el ámbito parlamentario que se inicia a partir de la presentación de estas enmiendas. El objetivo es blindar la amnistía siguiendo un doble criterio: que la ley incluya todos los casos de acoso contra el independentismo sin excepciones y que sea aplicable en toda su extensión y que tenga efectos inmediatos en su aplicación».
Entre las enmiendas registradas por el PSOE y sus socios se encuentran, por ejemplo, la exclusión de la amnistía por delitos contra la Comunidad Internacional; la plena delimitación de todos los actos amnistiados a hechos producidos durante el proceso independentista o el refuerzo de la función jurisdiccional de jueces y magistrados en la aplicación de la medida de gracia. Aunque lo más sangrante es que Ferraz ha pactado ampliar la amnistía a delitos en redes sociales y en las aulas para proteger las injurias vertidas en medios y el doctrinamiento.
En plata: la intención del PSOE y del Gobierno es introducir cambios que permitan blindar la aplicación de la amnistía en dos meses desde su entrada en vigor. Sánchez ha dado un acelerón a la ley para que esté aprobada cuanto antes. Estas enmiendas se abordarán en la ponencia de este jueves en el Congreso y ya próximo el martes se volverá a convocar a la Comisión de Justicia para que debata y vote las modificaciones del texto.
Si la ley recibe el visto bueno de la Comisión de Justicia, se elevará nuevamente al Pleno del Congreso para que se debata y vote definitivamente. Tras ese Pleno, que podría celebrarse la semana del 30 y 31 de enero -aunque lo tendría que habilitar la Mesa por ser este un mes inhábil desde el punto de vista parlamentario-, la ley viajaría ya al Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta. Génova tiene intención de paralizar allí la norma durante dos meses para que puedan pronunciarse expertos e instituciones sobre la materia y retratar al Ejecutivo.
