Los ‘indepes’ afirman que tienen «policía propia» y podrá asumir algunas funciones que desempeña la Policía Nacional
La delegación de competencias en materia de inmigración a la Generalitat de Catalunya sigue siendo una incógnita a despejar dos días después de que Junts ‘arrancase’ este compromiso al Gobierno a cambio de salvar dos de los tres decretos que se votaron el miércoles en el Congreso. Por ahora, lo único que ha quedado claro entre ambas partes es que la cesión se desarrollará a través de una ley orgánica, según ha señalado el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. Sobre los detalles, es decir, las atribuciones que quedarán en manos del Govern, nadie en el Ejecutivo de Pedro Sánchez parece saber nada.
La noticia del acuerdo pilló por sorpresa a los dos ministerios a los que, previsiblemente, afectará la transferencia. Mientras desde el Ministerio de Migraciones la respuesta era, directamente, «no tenemos ni idea»; en Interior, las fuentes consultadas por este periódico hacían alusión a Presidencia del Gobierno, desde donde tampoco se facilitaba información alguna a última hora del miércoles. Este viernes la versión es similar aunque con algunos matices. Desde ambos departamentos se refieren a las palabras de Bolaños y señalan que será «una delegación de facultades, recogida dentro de la Constitución».
Frente a esta posición, desde Junts, su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, sí ha desgajado algunas de las cesiones que incluirá la futura ley orgánica en una entrevista con Rac1: permisos de residencia, requisitos lingüísticos, control de fronteras y de los flujos migratorios. Las dudas que se plantean sobre esta «delegación» es si afectará o no a las competencias que ostenta la Policía Nacional en esta materia. Para los nacionalistas catalanes, sin embargo, parece no haber dudas. La propia Nogueras ha llegado a señalar que «tienen policía propia» y, por tanto, los Mossos d’Esquadra podrán asumir algunas de las funciones que ahora desempeñan las fuerzas de seguridad del Estado en Cataluña.
Un paso atrás en Cataluña
La Policía Nacional es quien se encarga en todo el país del control de entrada y salida del territorio nacional de españoles y extranjeros, la prevención, persecución e investigación de las redes de inmigración ilegal y, en general, del régimen policial de extranjería, refugio y asilo e inmigración. Por lo que, de materializarse esa concesión a los ‘indepes’, unos 1.000 agentes podrían perder el puesto en las unidades de Cataluña. Esta cifra engloba, según fuentes sindicales, la brigada de Extranjería, así como los grupos que tiene cada comisaría local para realizar gestiones de documentación y expedición de los NIE.
Además de la posible pérdida de operatividad, fuentes policiales ven en la transferencia un nuevo paso atrás en su presencia en Cataluña, ya de por sí mermada. El malestar se extiende a todos los rangos, desde donde trasladan que este acuerdo supondrá «la casi total desintegración de la Policía Nacional» en la comunidad autónoma catalana.
El Sindicato Unificado de Policía (SUP), mayoritario en el Cuerpo, ha remitido este jueves una carta urgente al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, «para que defienda a la Policía Nacional y preserve las competencias del Cuerpo». Al mismo tiempo, han solicitado amparo de la Unión Europea frente a lo que consideran «un riesgo extremo para nuestras fronteras». «No podemos ir en contra de la dinámica de la Unión Europea, que trata de asumir y de centralizar mayor competencia en materia de extranjería y fronteras y es ahí a donde debemos dirigir nuestros ojos, con las acciones coordinadas desde los países miembros», advierten.
«Objetivos partidistas» de Junts
Jupol, otro sindicato con gran representación en la Policía, ha calificado de «despropósito» el anuncio y advierte de que supondrá una «pérdida de competencias para los policías destinados en Cataluña, sin atender en ningún caso a criterios técnicos u operativos y basándose solamente en objetivos políticos y partidistas».
Desde la organización sindical, su secretario general, Aarón Rivero, ha asegurado que la posible merma en las competencias de la Policía Nacional «es una muestra del talante que pretende mantener este Gobierno durante la legislatura y del perjuicio que va a suponer el mismo para todos los policías nacionales, para la institución y en consecuencia para la ciudadanía en general».
En la misma linea, la Confederación Española de Policías (CEP) también ha apuntado que la cesión «no obedece a un proceso sosegado y riguroso de análisis de necesidades» ni es la «conclusión de un debate en el que se haya acreditado que la gestión compartida de las políticas migratorias es más eficaz o va a beneficiar más a los ciudadanos. Al contrario, la medida anunciada responde a aplicación de un criterio de conveniencia política —plenamente legítimo— cuyo fin último no es la mejora de una política pública sino el paliar una debilidad parlamentaria».
Aunque todavía no se conoce el alcance concreto de la cesión, que podría centrarse en la parcela social y laboral y no tanto en la competencia policial, desde el CEP defienden que el Estado «debe mantener el ejercicio exclusivo vinculado al estatuto jurídico del inmigrante, especialmente en todo lo relativo a las infracciones en materia de extranjería y su régimen sancionador»
