El plan de Junts para conseguir que las empresas que salieron de Cataluña por el 1-O regresen se le vuelve en contra y conseguirá el efecto opuesto: que las compañías se centralicen en Madrid. El Gobierno ya ha adelantado -aunque sin aclarar cómo- que pondrá en marcha una serie de incentivos para lograr que las compañías muevan su sede social al territorio donde tengan su principal actividad. Sin embargo, ese plan se traducirá automáticamente en un traslado masivo de grupos hacia Madrid.
CaixaBank fue una de las entidades más importantes que salió de Cataluña en 2017 mudando su sede a Valencia, sin embargo, tras la compra de Bankia, el banco podría instalar su sede en Madrid en vez de en Cataluña por tener una actividad mayor en la capital. Pero la cuestión no solo se ciñe a esta región, la medida que plantea el Ejecutivo azuzado por Junts tendría efectos a nivel nacional, de lo contrario sería anticompetitiva según las normas de la Unión Europea, por lo que afectaría a compañías de todo el país provocando su llegada a Madrid. Entre estas firmas, destacan otros grandes bancos como el Santander, que tiene la sede social en Cantabria, pero su principal actividad en Madrid, o también BBVA, con sede en Bilbao pero con su actividad en la capital del país.
El efecto será el opuesto al perseguido y continuará potenciando la centralización empresarial en Madrid.
Una cuestión que resulta paradójica teniendo en cuenta que, con el fin de romper con la centralización, el Consejo de Ministros aprobó en diciembre de 2022 que Sevilla acogiera la sede de la Agencia Espacial y A Coruña, la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial.
El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, aseguró este viernes en una entrevista a RNE que es «imposible» sancionar a las empresas, como ya adelantó un día antes la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) defiende tanto la libre circulación de capitales como la libertad de sede. Por tanto, según Cuerpo, se va a «reforzar» los requisitos de la Ley de Sociedades de Capital para alinear en un mismo lugar la actividad económica principal y la sede social. El cambio estaría en el artículo 9 de la norma que en la actualidad señala en su punto primero que «las sociedades de capital fijarán su domicilio dentro del territorio español en el lugar en que se halle el centro de su efectiva administración y dirección, o en el que radique su principal establecimiento o explotación». Aunque maticen este apartado para indicar que las sociedades deben tener su sede donde tenga su actividad principal, la norma española no podrá en ningún momento ser contraria a la Europea que permite la libertad de establecimiento.
El socio director de Navas & Cusi Abogados, Juan Ignacio Navas, indica al respecto que el derecho de sociedades en España es el resultado de la implementación de directivas comunitarias, y las directivas comunitarias se basan en el derecho originario y básico de la Unión Europea (en especial los tratados constitutivos). «Una de las libertades básicas del derecho comunitario originario es la libre circulación de capitales y de libre establecimiento. Ningún Estado miembro puede dictar normas que eventualmente la conculquen. Una infracción de estas normas de derecho comunitario podría dar pie a la apertura de un procedimiento de infracción a España a instancias de la Comisión Europea, y esto ya ha pasado en alguna ocasión como con la Ley de Grandes Superficies de Cataluña», matiza Navas. Bruselas denunció a España porque la ley Catalana imponía trabas para abrir grandes instalaciones, como hipermercados, en la región en pro de proteger el pequeño comercio. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dijo en 2011 que España había incumplido la libertad de establecimiento.
Rechazo empresarial
Los empresas ya han mostrado su rotunda oposición a los planes del Gobierno y Junts de dar incentivos fiscales a las compañías para que cambien de sede. Foment del Treball, principal organización patronal de Cataluña, rechaza que se premie la vuelta de las empresas que se marcharon, ya que supondría un castigo indirecto para aquellas firmas que aguantaron en Cataluña con los consecuentes efectos para su negocio y bajo acusaciones de independentismo. En un comunicado, la organización exige al Ejecutivo y los partidos que dejen a la economía fuera del «mercadeo» político porque solo conlleva al freno de la actividad económica, provoca desconfianza e inseguridad jurídica.
Por su parte, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, rechazó este viernes que se incentive fiscalmente a las empresas con el objetivo de que varias de ellas vuelvan a Cataluña. «No creo que Europa consintiera una norma para favorecer a empresas en un territorio sobre otros. Serían las famosas vacaciones fiscales que ya se dieron y se condenaron», dijo. Garamendi señaló que la única forma que hay para que las empresas regresen a la región es garantizar «estabilidad, seguridad, tranquilidad y confianza».
Motivos de la llegada de empresas a Madrid
El Gobierno y Junts aún no han aclarado cómo ni de qué forma se articularán los incentivos para lograr que las empresas tengan su sede social en el territorio donde tengan su mayor actividad. Sin embargo, al ser una medida que encabeza la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, las primeras interpretaciones apuntan a que se tratarán de incentivos del ámbito fiscal. De hecho, la propia Montero señaló que se reforzará la «vigilancia» para que compañías no tributen donde tienen la sede sino donde más actividad tienen, convirtiéndolo en una cuestión de fiscalidad. De este modo, una empresa con sede en un terrritorio distinto a donde tenga su principal actividad, a pesar de que de inicio no quiera el cambio, finalmente podría valorar que fiscalmente le saldría más ventajoso mover la sede social si le supone un ahorro de impuestos, que podría ser forma directa o a través de mayores deducciones.
