«Que quede claro que vamos a cumplir una vez más con los mandatos de las sentencias de nuestro país», insiste la vicepresidenta
No hay marcha atrás: el controvertido Estatuto del Becario pactado unilateralmente entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos se firmará «seguramente» el jueves al margen de la comunidad educativa y de los empresarios. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, lo ha confirmado en declaraciones a los medios, antes de participar en el Consejo de Ministros de Empleo y Política Social de la Unión Europea (Epsco), que se celebra en Luxemburgo. Díaz ha agradecido a los sindicatos su «altura de miras» para alcanzar un acuerdo «ambicioso» con su ministerio porque va a «erradicar» esta «forma de precariedad que queda todavía» en España. «Le quiero dar las gracias a la mesa de diálogo social que preside el Secretario de Estado. Llevan, como saben, muchos meses discutiéndolo».
Trabajo, CC OO y UGT acordaron el viernes -al margen de la CEOE- aprobar el Estatuto del Becario para los jóvenes en formación práctica no laboral en el ámbito de la empresa, que «redefine las prácticas para evitar fraudes, la compensación de gastos o el establecimiento de un régimen sancionador efectivamente disuasorio», además de fijar topes de personal en prácticas que pueden albergar las empresas «de forma simultánea en función del tamaño de las plantillas», explicaron fuentes ministeriales. Para Díaz, la figura de los «falsos becarios» es una forma de «precariedad» que todavía perdura en España y «que nos hemos decidido a erradicar. Que quede claro que vamos a cumplir una vez más con los mandatos de las sentencias de nuestro país. Y no podemos sustituir puestos de trabajo por personas en prácticas de formación», incidió Díaz, que recordó que con esta norma se cumple también con el «mandato recogido en la reforma laboral. «Es una grandísima noticia que esperan los jóvenes en nuestro país porque se expulsa del ordenamiento jurídico esos falsos becarios, que son esas zonas grises del Derecho Laboral».
La CEOE se ha descolgado del pacto al rechazar «tanto por el fondo como por la forma». Considera que «no se puede aprobar una norma tan importante en un periodo de disolución de las Cámaras porque no concurre ni la urgencia ni la extraordinaria necesidad que son preceptivas en estos casos». En cuanto al fondo, cree que «limita tanto el número de horas e incrementa tanto la burocracia que perjudicará la formación práctica del alumnado, algo imprescindible para garantizar su empleabilidad y para tender puentes entre la formación teórica y el mundo del trabajo». También considera que «no se llegar a nuevos acuerdos» tras el adelanto electoral y la consecuente disolución de las Cortes, «no es lo más adecuado».
También la comunidad educativa y universitaria ha mostrado su rechazo frontal a la aprobación del Estatuto. La Conferencia de Rectores (Crue Universidades Españolas), la de Consejos Sociales, el Consejo de Estudiantes y la red de Fundaciones Universidad Empresa (RedFue), y en menor medida los ministerios de Educación y de Universidades, han acusado a Díaz de haber presentado la ley por su cuenta, obviando «nuestra experiencia y conocimientos y sin siquiera consultarnos». (RedFue) estima que 1,15 millones de estudiantes universitarios y de formación profesional –650.000 de la Universidad y 500.000 de FP– podrían quedarse sin poder finalizar sus estudios si entrara en vigor la nueva norma al no poder realizar sus prácticas obligatorias. Esta organización –vinculada a 43 universidades españolas y más de 15.000 empresas– advierte de que, de aprobarse esta normativa, 83 universidades y 3.823 centros de formación profesional no podrán cumplir con sus planes de estudios, por lo que consideran «un error legislar in extremis, sin consenso y sin haber escuchado a la comunidad educativa, a la que no se ha permitido formar parte del diseño de una normativa académica de carácter puramente formativo».
Pero la vicepresidenta no se da por aludida e insistió desde Luxemburgo que como responsable de la cartera de Trabajo era «el abordaje del Estatuto» porque las prácticas laborales en las empresas son «una forma de precariedad que queda todavía en nuestro país y nos hemos decidido a erradicar esta gran anomalía española que era la precariedad». En este sentido, reiteró que «queda claro» que, no solo «vamos a cumplir una vez más con los mandatos de nuestro país», sino que «vamos a dar más pasos» porque «no podemos sustituir trabajos, puestos de trabajo, por personas que están en prácticas de formación» y recordó que no dará un paso atrás sobre la obligatoriedad de una compensación de gastos y de cotizaciones, uno de los puntos más criticados por universidades y empresarios.
