Varsovia y Bruselas firmarán la paz con la visita prevista de la presidenta de la Comisión Europea a Polonia el próximo 2 de junio, después de dos años de graves tensiones institucionales en el tema del respeto a los principios del Estado de derecho. La cámara baja del Parlamento polaco, la Dieta, aprobó este jueves pasado el proyecto de ley que anula la sala disciplinaria de la Corte Suprema que podía castigar a los jueces y que era uno de los elementos más discordantes en la disputa.
Las presiones que ejerció la Comisión al bloquear la entrega de los 36.000 millones que le corresponden al país para afrontar las consecuencias de la pandemia han tenido efecto, pero la votación parlamentaria no ha servido aún para resolver del todo el problema porque no ha contentado ni a los nacionalistas más extremistas que acusan al Gobierno de haberse rendido ante la UE ni a la oposición democrática de la Plataforma Cívica que considera que las medidas no son suficientes.
Desde Bruselas han tenido que reconocer que la guerra de Ucrania y el papel específico que ha jugado Polonia al recibir masivamente a más de dos millones y medio de refugiados no le dejaba espacio para seguir manteniendo su presión contra el Gobierno. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha viajado varias veces a Polonia para ofrecer su apoyo en la crisis migratoria con Bielorrusia primero y ahora con la llegada de los ucranianos que huyen de la guerra, pero las relaciones con la Comisión Europea estaban completamente congeladas.
El jueves por la tarde poco antes de la votación, el portavoz del principal partido de la mayoría gubernamental, el PiS (Ley y Justicia), Radoslaw Fogiel, afirmó que se había terminado la disputa con Bruselas. «Se ha llegado a un acuerdo. Las negociaciones han terminado. La Comisión Europea aceptó un cierto compromiso. Polonia está reformando el aspecto disciplinario de su sistema judicial y la Comisión intentará no interferir donde no tiene competencia y no debería hacerlo».
Sin embargo, el proyecto de ley aún debe ser aprobado por el Senado, donde el partido del Gobierno no tiene mayoría, y por ahora todos los grupos de oposición en la Cámara Baja votaron en contra de la medida. El partido abiertamente euroescéptico Polonia Unida, que es un miembro menor de la coalición gobernante, se opuso ferozmente por considerar que el Gobierno se ha doblegado ante Bruselas, mientras que la oposición tanto de centroderecha como de izquierda advirtió que la medida no es suficiente para restaurar el Estado de derecho y proteger al sistema judicial de interferencias políticas.
La propuesta aprobada quiere servir para cumplir con tres condiciones de la Comisión: desmantelar la controvertida sala disciplinaria que puede castigar a los jueces sin estar controlada por la Justicia misma; reformar el régimen disciplinario y ajustarlo a los principios normales en todos los países; y reintegrar los jueces destituidos como consecuencia de procesos disciplinarios llevados a cabo por esta cámara.
Problema enconado
El bloqueo del dinero del fondo de recuperación se convirtió en un problema enconado para el Gobierno nacionalista polaco, que necesita con urgencia un impulso en la economía muy afectada por la pandemia primero y la inflación galopante.
El cambio en las relaciones del PiS con la Comisión coincide también con la inminente despedida del líder de la oposición, Donald Tusk, como presidente del Partido Popular Europeo (PPE). Este antiguo primer ministro polaco y presidente luego del Consejo Europeo es el líder de la oposición en Polonia y su objetivo es derrocar al PiS en las elecciones del año que viene. Sin la guerra de Ucrania y sus efectos y con la presión de la Comisión, sus opciones eran mucho más claras que ahora.
Después de esta votación, el primer ministro húngaro, Víktor Orban, se ha quedado solo en este pulso contra las competencias de la Unión Europea en asuntos fundamentales, al que ahora también se suma su negativa a aprobar el acuerdo sobre el sexto paquete de sanciones contra Rusia que implicaría la prohibición de comprar petróleo al Kremlin. Bruselas mantiene también congelados los fondos europeos para Hungría pero, por otro lado, busca una fórmula para que los efectos de esas sanciones energéticas puedan ser asumidas por el país. La situación ha deteriorado también las relaciones de Polonia con Hungría debido a su frialdad con los refigiados.
El Parlamento Europeo ha logrado imponer el criterio legal que permite a la Comisión Europea bloquear la entrega de fondos a los países que no cumplan con los estándares comunitarios en materia de respeto al Estado de derecho.
