Poco después de conocerse el principio de acuerdo alcanzado hoy por ERC y Junts para formar Govern se ha empezado a filtrar el reparto de funciones del futuro ejecutivo catalán. Por ahora, parece hecho que los postconvergentes se harán con buena parte del área económica de la Generalitat así como con el Departamento de Exteriores, centrado en proyectar el procés a nivel internacional. ERC, por su parte, parece dispuesta asumir Interior, una de las carteras más delicadas para un independentismo muy inestable en las calles.
Tal y como han confirmado a ABC fuentes cercanas a las negociaciones, el reparto de carteras dejaría un Govern con un equilibrio de fuerzas muy igualado entre ERC y Junts, aunque con los de Puigdemont controlando consejerías clave, como Salud, Economía o Exteriores. Los republicanos, a su vez, podrían quedarse con el departamento de Presidencia (responsable de TV3), Cultura, Interior -que estaría en manos del expresidente del Parlament, Roger Torrent-, Empresa y Trabajo, Agricultura y ‘Feminismo e Igualdad’, de nueva creación.
Uno de los éxito de Junts en la negociación con los de Oriol Junqueras sería quedarse con la vicepresidencia económica del Govern, responsabilidad que podría ocupar la exportavoz del Govern Elsa Artadi. Salud, Políticas Digitales, Investigación y Universidades, Justicia -cartera responsable de la política de prisiones- y Exteriores también quedarían en el cesto de Junts, según afirman ya varios medios cercanos a los partidos independentistas. Para esta última cartera suena con fuerza el nombre de Josep Rius, antiguo jefe de gabienete de Carles Puigdemont y mano derecha del expresidente, que tendría la responsabilidad de proyectar el procés en el ámbito internacional y hacer de ‘enganche’ entre el Govern y la agenda de Waterloo.
Cientos de cargos y asesores
El acuerdo ERC-Junts surge de un parto complicado, en el que las fuerzas para propiciar el entendimiento han acabado siendo mayores que las de la ruptura, nada menores. Como lo han definido de manera repetida en ambas formaciones en las últimas semanas, había mucho más a perder que ganar, tanto desde el punto de vista político como, de manera muy significativa, desde el punto de vista crematístico.
Con una estructura con elefantiasis crónica, la administración catalana es un gigante que, además del perímetro estricto de la estructura de gobierno y de los organismos adjuntos, forma parte de hasta 359 entidades participadas, 102 más que la segunda Comunidad Autónoma que tiene más (Andalucía) y 203 más que la tercera (País Vasco). En este contexto, uno de los elementos que se explica más ha pesado a la hora de fraguar el acuerdo ha sido la presión de los más de 500 altos cargos cuya continuidad dependía del mismo: asesores, secretarios de departamento, directores generales, cargos de empresas públicas… Un «sottogoverno» con tanto interés por las grandes directrices del procés como por cuestiones estrictamente personales y de subsistencia, más cuando el nivel de retribución de dicho segmento es el más alto de entre todas als CC.AA.
Cuando la pasada semana un centenar de personas se manifestaba ante la sede de ERC exigiendo que se doblasen ante las exigencias de Junts, un cargo del partido republicano, uno de los que esperaba el acuerdo precisamente, bromeaba en conversación con ABC sobre el volumen que tendría una manifestación integrada por el personal que esperaba el pacto. En números redondos, todos ellos suman 40 millones de euros largos en sueldos y retribuciones que emanan de los 27.000 millones de euros del Prespuesto de la Generalitat.
Si por parte de ERC la necesidad de llegar a un acuerdo era perentoria, algo así como un ‘ahora o nunca’, en el seno de Junts el partido se partió entre los más pragmáticos y los más arrojados. Entre los primeros, exconsejeros con aspiraciones de repetir con personal a su cargo. Entre los segundos, diputados con sueldo asegurado y figuras en la órbita de Waterloo, como el exconsejero republicano Toni Comín.
