Los tres grupos independentistas del Parlament de Cataluña han pactado este martes una resolución en la que se defiende el compromiso de la Cámara a seguir apoyando institucionalmente la autodeterminación, y que carga contra la sentencia del Tribunal Supremo en el juicio del procés. Los letrados de la cámara han advertido del riesgo de que se pudiera estar cometiendo desobediencia al Tribunal Constitucional, después de que la semana pasada se les instara a que el Parlament no realizara pronunciamientos que ya habían sido suspendidos o anulados.
La Mesa del Parlament ha retrasado el inicio de la reunión de este martes hasta que se registrara la propuesta de resolución. El orden del día del Pleno del miércoles se alterará para incorporar el debate y votación de la resolución, que saldrá adelante con los votos de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana y la CUP. Los partidos independentistas intentaron añadir a los comunes a este acuerdo de resolución, pero finalmente no lo consiguieron.
Este texto es el primero que los grupos independentistas llevan al Pleno, después de que la semana pasada fracasara el intento de lograr un pronunciamiento conjunto a la sentencia del Tribunal Supremo que condena a los líderes del procés. También es una respuesta en defensa de la autonomía del Parlament después de que el Tribunal Constitucional suspendiera, tras la impugnación del Gobierno, otras resoluciones aprobadas por la Cámara a favor de la autodeterminación y en contra de la monarquía.
El 16 de octubre el Constitucional apercibió al president catalán, Quim Torra, y al presidente del Parlament, Roger Torrent, entre otros altos cargos, de las posibles responsabilidades, incluida la penal, de desobedecer la suspensión de una resolución aprobada por el Parlamento autónomo el pasado 26 de septiembre, y en la que se insistía en el supuesto derecho de autodeterminación y en el objetivo de la independencia de Cataluña.
El texto que se votará en el Pleno recuerda que el Parlament ha aprobado desde 1989 “decenas de resoluciones políticas sobre el derecho a la autodeterminación sin que esto haya sido objeto de persecución y censura por parte de las instituciones del Estado”. La resolución añade que el Parlament “se compromete a seguir haciéndolo si esta es la voluntad de los diputados y diputadas de la Cámara”.
Los partidos independentistas denuncian “la censura que el Tribunal Constitucional pretende imponer al Parlamento de Cataluña” e insisten en reivindicar los derechos de los diputados a poder debatir “sobre todos los asuntos que interesan a la ciudadanía, incluidos el derecho a la autodeterminación, la monarquía o la soberanía”.
Los letrados de la Cámara han advertido del riesgo que podría suponer desobedecer de nuevo al Tribunal Constitucional si se aprueba el punto 11 de la resolución en el que se dice que “ante las coacciones de los poderes del Estado (…) no hay más opción que defender el derecho a la representación política”. Y más adelante se anuncia que el Parlament “reitera y reiterará tantas veces como lo quieran los diputados, la reprobación de la monarquía”, entre otros asuntos. El pasado octubre, el Constitucional anuló la comisión de investigación de la Cámara autonómica sobre la monarquía.
El texto de los grupos independentistas recuerda que hay parlamentos de España que “se posicionan constantemente sobre cuestiones que desbordan su ámbito competencial, incluso pidiendo la intervención de las instituciones catalanas, sin que eso sea objeto de impugnación por parte del Gobierno español”. El independentismo defiende el derecho a que esas Cámaras sigan actuando así “porque la defensa del derecho a la representación política y a la libertad de expresión sobre todo cuando lo hacen los que no piensan como nosotros”.
La resolución muestra su rechazo a la sentencia dictada por el Tribunal Supremo y expresa la “indignación de la Cámara” ante una resolución que se considera “injusta”. Del mismo modo, se califica de “escándalo democrático” la condena a 11 años y medio de prisión por sedición a la que fuera presidenta de la Cámara, Carme Forcadell. El texto reitera el “carácter estrictamente cívico y no violento del movimiento independentista”.
Finalmente, la propuesta de resolución insta al Govern a que promueva las “iniciativas políticas, sociales e institucionales que sean necesarias” en todos los ámbitos, con el fin de lograr “una solución democrática al conflicto político entre Cataluña y España”.
