El naufragio del Gobierno hace mella dentro del PSOE. Y la Mesa del Congreso cortocircuitó ayer la confianza en que pueda haber Presupuestos de 2019 al anular la maniobra del Ejecutivo para forzar que se levantara el veto del Senado a la Ley de Estabilidad. Sin Presupuestos, el horizonte apunta a elecciones en primavera. En las filas socialistas pesa la sensación de que todo empieza a estar descontrolado, de que no hay coordinación en el Gobierno, de que no hay estrategia con el independentismo porque no hay pacto alguno y sí gestos de debilidad, que en el Ministerio de Justicia hay un problema grave que por mucho que se aguante acabará estallándole en la cara al presidente del Gobierno, que Podemos, en cuanto pueda, empezará a soltar lastre para evitar cargar con el desgaste de la crisis y que fallan hasta los asesores del presidente del Gobierno incluso en cuestiones tan de manual como «guardar las formas» a la hora de preservar la institución en sus viajes privados.
Esto no son comentarios de la oposición, sino ruido que se escucha dentro de las filas socialistas y hasta en el Gabinete del Presidente. Sin Presupuestos de 2019, el Gobierno no podrá aguantar más allá de primavera, y tampoco porque lo diga la oposición, sino que es en el PSOE donde se escucha que «si el presidente y sus ministros siguen metiéndose en líos, pueden acabar estropeando lo que tienen fácil de ganar». Que no les conviene «dar oportunidades a Pablo Casado y que es mejor dejarle sin tiempo para darse a conocer y consolidarse».
La Mesa del Congreso dio ayer otro golpe mortal a las expectativas sobre la viabilidad de los Presupuestos de 2019 al acordar, con los votos de PP y Ciudadanos, excluir la enmienda del PSOE para anular el veto irrevocable del Senado al techo de gasto a través de una ley de medidas contra la violencia machista. Los recursos de PP y de Ciudadanos prosperaron y de nada sirvió la protesta del PSOE y Unidos Podemos por entender que la Mesa del Congreso no tiene competencias para corregir la decisión previa adoptada por la Mesa de la Comisión de Justicia, donde los socialistas y ERC tienen la mayoría y la semana pasada aceptaron tramitar la controvertida enmienda. Una discusión de carácter reglamentario y técnico, pero con contundentes efectos políticos ya que Sánchez está hoy más débil que el pasado domingo.
Por mucho ruido y protesta que organice la izquierda, la única salida que les queda es recurrir al Tribunal Constitucional (TC). Y con el mantenimiento del veto de la Cámara Alta, el Gobierno puede presentar un proyecto presupuestario, aunque no será el que quiere, porque no puede aumentar el techo de gasto en 6.000 millones. Sánchez no puede contentar a Podemos, no puede jugar la baza electoral del gasto social, y es muy difícil que aplaque al independentismo con la promesa de un indulto a los políticos que impulsaron la declaración unilateral de independencia y que están pendientes de juicio en el Tribunal Supremo. Así lo ven en su propio partido.
Pero éste no el único incendio que «quema» al Gobierno. Las asociaciones de jueces y fiscales reaccionaron ayer airadamente a las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en las que, en una entrevista en «La Vanguardia», defendió que si se retrasa mucho el juicio contra los políticos independentistas no sería lógico alargar demasiado la situación de prisión preventiva. El malestar judicial ya obligó al Gobierno a cambiar su posición inicialmente en contra de apoyar la defensa del juez Llarena ante la demanda presentada en su contra por el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont.
Al mismo tiempo, PP y Ciudadanos endurecieron también la presión sobre la ministra de Justicia, Dolores Delgado, tras la difusión de audios grabados durante una comida que compartió en 2009 con, entre otros, el ex comisario José Villarejo. El PP exigió su dimisión porque entiende que no puede estar en el cargo «ni un minuto más» después de que haya quedado demostrado que ha «mentido de forma tan descarada» sobre su relación con Villarejo. Ciudadanos exigió su comparecencia urgente. Y a la titular de Justicia no le ha quedado más remedio que fijar fecha para acudir al Congreso a explicar su polémica relación con Villarejo, pero antes será reprobada por el Senado. El portavoz del PP en la Cámara Alta, Ignacio Cosidó, sentenció ayer que confía en que la ministra de Justicia dimita en las próximas horas de su cargo antes de que se ejecute esa reprobación bien mañana por la tarde o el miércoles por la mañana, según el ritmo del Pleno. El Grupo Popular la formalizó por el trato del Ministerio de Justicia al juez Pablo Llarena, pero el debate se producirá después de conocerse las citadas conversaciones de la ministra con el ex comisario de Policía, difundidas por el digital Moncloa.com.
La dirección popular volvió a exigir ayer la convocatoria de elecciones depués de la reunión que presidió Pablo Casado en Génova. Este sábado el líder popular empezará a presentar a sus candidatos para mayo.
