La Conferencia Episcopal y la Confederación Española de Religiosos han suscrito un acuerdo con el Ejecutivo, a través del Defensor del Pueblo, para asistir y compensar a quienes hayan sido agredidos por miembros de la Iglesia.

Según la Organización Mundial de la Salud, el 80% de los casos de abusos sexuales a menores se cometen en el seno del hogar. En España, el porcentaje es similar: según la fundación ANAR, más del 70% de las agresiones sexuales en la infancia se cometen en el entorno de la familia. El resto, de forma mayoritaria, en entornos escolares y clubes deportivos. Menos de un 1% de las víctimas son agredidas en el contexto de la Iglesia: parroquias, catequesis, campamentos, colegios… Y, sin embargo, estas serán las únicas víctimas de abusos sexuales que reciban una compensación reparadora incluso en los casos en que tan abyectos delitos ya hayan prescrito y no puedan por tanto, recurrir a la vía judicial.

Ese es el compromiso que han rubricado hoy la Conferencia Episcopal Española (CEE), la Confederación Española de Religiosos (Confer) y el Gobierno, a través del Defensor del Pueblo, con la firma de un protocolo que, el pasado enero, las tres entidades se comprometieron a desarrollar.

Así, a partir de ahora, las víctimas de abusos sexuales (menores o mayores de edad) podrán recibir una compensación de la Iglesia, incluso aunque los delitos hayan prescrito judicialmente, o los abusadores hayan fallecido.

El nuevo protocolo establece un sistema que viene a complementar lo ya dispuesto en el Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abusos (PRIVA), ejecutado por la CEE y la Confer desde febrero de 2025.

«Compromiso moral» más allá de la ley

«A partir de ahora existe una nueva vía de acceso al plan establecido por la Iglesia y que demuestra nuestro compromiso moral y nuestra responsabilidad», explican en un comunicado conjunto la CEE y la Confer.

El nuevo protocolo detalla que la reparación podrá ser «simbólica o restaurativa, orientada al reconocimiento institucional y al ofrecimiento de herramientas para el acompañamiento o la petición de disculpas, y también económica por el daño causado y por los gastos registrados en el tratamiento de las posibles secuelas físicas y psicológicas».

Unas compensaciones económicas que tendrán en cuenta la gravedad de los abusos sufridos, el daño provocado y así como otras compensaciones eventualmente percibidas en el marco de otros modelos de reparación impulsados por la Iglesia. Y no existirá un baremo general, sino que se aplicará y estudiará caso por caso.

Compromisos de las instituciones firmantes

A través del Defensor del Pueblo

El nuevo protocolo señala que el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, regido por Félix Bolaños, creará una Unidad de Tramitación para recibir las solicitudes de atención.

El propio Ministerio ofrecerá orientación para presentar cada reclamación, y comunicará tanto a la CEE como a la Confer y al Defensor del Pueblo cada caso, con una propuesta específica y «los informes necesarios».

El Defensor del Pueblo, por su parte, constituirá una Unidad de Víctimas, que llevará a cabo «con un equipo de expertos profesionales independiente» la evaluación «individualizada» de las denuncias.

A partir de ese estudio, elaborará la propuesta de valoración de reconocimiento de la condición de víctima y de su reparación. Un reconocimiento que tendrá en cuenta si esa víctima ya fue reparada anteriormente por el PRIVA o por la congregación religiosa concreta, o si por el contrario es una víctima que rompe el silencio por primera vez.

Una vez que la víctima inicie el proceso, podrá solicitar a esa Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo que la reparación que desea y necesita sea simbólica, restaurativa (a nivel psicológico), espiritual y/o económica.

Después, el Defensor del Pueblo remitirá el caso -y la propuesta- a la CEE y la Confer, que emitirán, a través de la Comisión Asesora del PRIVA, un informe sobre cada situación denunciada.

En caso de discrepancia entre las partes, una Comisión Mixta revisará el caso y, en última instancia, será el Defensor del Pueblo quien emita un dictamen, tras escuchar al presidente de la CEE o de la Confer, según el caso.

Exentas de tributación y por un año

La firma de este protocolo también incluye una de las peticiones que la CEE, la Confer y las asociaciones de víctimas han pedido al Gobierno: que las reparaciones económicas estén exentas de tributación, especialmente del impuesto sobre la Renta.

«El sistema establecido no está basado en la imposición de una obligación jurídica, sino en el compromiso moral de la Iglesia y el mutuo acuerdo de las partes», explica el comunicado de la CEE y Confer.

Además, se trata de una vía temporal, que entrará en vigor el 15 de abril y tendrá una duración de un año (prorrogable un año más), para aquellas causas que no hayan tenido «y no puedan tener» recorrido judicial, bien por la prescripción del delito o bien por la muerte del agresor.