Cada año se presentan 200.000 reclamaciones ante Hacienda, de las cuales un 40 % se resuelve a favor de los contribuyentes
El Foro Regulación Inteligente, que dirige el economista Diego Sánchez de la Cruz, ha elaborado un exhaustivo informe en el que detalla cómo el Gobierno de Sánchez «ha registrado cerca de cien incrementos en impuestos y cotizaciones» desde que inició su mandato, unos incrementos que han contribuido «al empobrecimiento de familias y empresas».
El informe resalta que la normativa fiscal española «es muy compleja, y además los inspectores reciben incentivos ligados a la recaudación». Aunque los contribuyentes reclaman luego en los tribunales y ganan en muchos casos, la incertidumbre que soportan socava la confianza en el sistema jurídico español.
Uno de los casos más claros es el de la Ley Beckham: «Ha pasado de ser un incentivo para atraer talento a convertirse en un foco de litigiosidad. La Agencia Tributaria ha cuestionado retroactivamente los certificados que ella misma emitió a quienes se acogían al régimen. Esto ha desembocado en la macrocausa internacional liderada por el bufete Amsterdam & Partners, que sostiene que las autoridades han vulnerado derechos fundamentales y han incurrido en malas prácticas y abuso de poder», indican desde el Foro.
El informe destaca que esta ley, pensada para atraer talento extranjero, es claramente peor que la de otros países. Mientras que el contribuyente medio que se acoge a la Ley Beckham puede obtener un ahorro fiscal medio de 13.600 euros en España, en Portugal dejaría de pagar 30.000 euros y, en Italia y Grecia, 120.000.
España se sitúa entre los diez países de la UE con mayor número de procedimientos de revisión iniciados por la Administración. Evidencia un entorno de elevada conflictividad fiscal y un nivel de control muy intenso sobre los contribuyentes. La cifra registrada (7,9 casos por cada 1.000 contribuyentes) implica que Hacienda inicia cuatro veces más procedimientos que sus homólogos en Italia o Canadá. Este valor es, además, ocho veces superior al del Reino Unido y veinte veces mayor que el de Estados Unidos. Nuestro país es, asimismo, el quinto socio de la UE en el que mayor porcentaje de procedimientos legales contra el fisco se resuelven a favor de los contribuyentes.
Cada año se presentan 200.000 reclamaciones ante Hacienda, de las cuales un 40 % se resuelve a favor de los contribuyentes. Entre 2014 y 2023, el acumulado alcanza 2,1 millones de reclamaciones y 877.000 expedientes resueltos en contra de la Agencia Tributaria. En el IRPF, el porcentaje de resoluciones estimadas en favor del contribuyente es del 49,2 %, mientras que en el Impuesto sobre el Patrimonio es del 54,1 %, en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales del 62,4 % y en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones del 65,7 %.
En el ranking que mide la competitividad del IRPF, España apenas obtiene una nota de 45 puntos sobre 100. En la clasificación dedicada a la fiscalidad aplicada sobre el patrimonio financiero o inmobiliario somos la segunda economía de la OCDE con peor desempeño, con una calificación de apenas 3,65 puntos sobre diez.
El Indicador Sintético de Seguridad Jurídica de los Contribuyentes sitúa a España como el segundo país de la OCDE con peor resultado, con una calificación de apenas 5,47 puntos sobre diez. Nos sitúa apenas por delante de Grecia y lejos de las economías con mejor desempeño. En el extremo opuesto destacan positivamente los resultados de los países bálticos, Nueva Zelanda, Chequia, Eslovaquia, Irlanda, Australia, Canadá o Israel.
