El Ejecutivo de Pedro Sánchez exhibe su rancia y trasnochada intolerancia religiosa y trata de evitar que los obispos opinen sobre cualquier tema que tenga que ver con el Estado
Es superior a sus fuerzas. Basta con que algún miembro de la Iglesia católica exprese libremente una opinión sobre algún tema que afecte al Gobierno para que este salga en tromba a tratar de amordazarle. No falla. El último al que se ha tratado de silenciar ha sido al presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), monseñor Luis Argüello, quien ha abogado por una «cuestión de confianza, moción de censura o dar la palabra a los ciudadanos. Es decir, lo que prevé la Constitución». Fue lo que respondió el arzobispo de Valladolid durante una entrevista publicada el fin de semana en La Vanguardia al ser preguntado por la situación política actual.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no encajó bien que un obispo impartiera libremente su opinión, y el domingo reaccionó con acritud: «El tiempo en el que los obispos interferían en la política ha acabado en este país. Aunque también le invito al señor Argüello que se puede presentar a las elecciones con la asociación ultraderechista Abogados Cristianos». ‘Ultraderecha’ y franquismo en una sola frase.
Los desencuentros entre Iglesia y Gobierno se han sucedido desde la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. El dirigente, que se ha presentado siempre como «ateo, a secas», siempre ha manifestado su oposición radical a que se imparta, por ejemplo, la clase de Religión en la escuela pública, pese a que lo piden alrededor del 70 % de los padres de alumnos.
No fue al Vaticano
Sánchez tampoco quiso acudir al Vaticano a la misa de inicio de pontificado de León XIV en mayo, a la que sí asistieron decenas de mandatarios de todo el planeta. En España ha acotado absolutamente cualquier presencia religiosa en actos públicos, sean funerales, celebraciones militares o conmemoraciones. Ni siquiera quiso acudir a la misa funeral celebrada hace ahora un año en la catedral de Valencia por las víctimas de la dana.
El Gobierno ha aprobado además leyes que chocan frontalmente con las enseñanzas de la Iglesia, en especial todas las referidas a la eutanasia, la ideología de género, el aborto, la «memoria democrática», etc. El Ejecutivo socialista también ha presentado su proyecto para retirar las ofensas a los sentimientos religiosos del código penal, y trató de censurar –según algunas fuentes, aunque luego nunca fue plenamente confirmado– el nombramiento de monseñor Piero Pioppo como nuncio en España
¿Quieres colaborar económicamente
con El Debate?
Con el argumento de las leyes de memoria en la mano se han retirado placas, demolido cruces y hasta desenterrado muertos. Es lo que ocurrió con los restos del general Francisco Franco y con los de José Antonio Primo de Rivera, removidos de sus sepulturas en el Valle de los Caídos. El complejo monumental ubicado en la sierra de Madrid ha sido otro campo de batalla entre la Iglesia y el Gobierno, obsesionado por «resignificar» el entorno sin prestar excesiva atención a los enormes costes económicos que esa operación puede conllevar.
Tras los ataques del Ejecutivo a monseñor Argüello, dos prelados cerraron rápidamente filas con él: el arzobispo de Oviedo y el obispo de Tenerife. Monseñor Jesús Sanz Montes lanzó un duro mensaje al Gobierno de Pedro Sánchez, al que identificó con «la decadencia moral, corrupción, prevaricación, indecencia de saunas-prostíbulos, robos, mentiras flagrantes y control de la discrepancia judicial y mediática». «Están acabados. Dice bien L. Argüello: pasar página, ya», sentenció el prelado asturiano. Monseñor Eloy Santiago, por su parte, afirmó este lunes que es «legítimo» que el presidente de la Conferencia Episcopal pueda emitir una opinión a «título personal» sobre la situación de España y no cree que esté haciendo «campaña política», según recoge Ep. En declaraciones a periodistas, ha señalado que también puede hablar un obispo y dar su «opinión personal», porque en este país no hay «censura» ni se está en la «época de la Inquisición».
Algunas notas discordantes
Más taimado en sus declaraciones fue el obispo de Málaga, monseñor José Antonio Satué, que invitó en los micrófonos de la cadena Cope a una participación «más moderada» en el debate público. «Si los políticos y los obispos, cuando hablamos de política, dijéramos lo mismo que estamos diciendo, pero con humildad, yo creo que construiríamos una sociedad un poco más vivible», apuntó el prelado.
128ª Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal
Monseñor Argüello no ve el problema de rezar delante de los abortorios que sí ve Planellas
El que ha sido más crítico con el presidente de los obispos ha sido el arzobispo de Tarragona, monseñor Joan Planellas. El prelado ha recordado que un obispo «no se puede identificar con una opción política concreta», algo que no hizo monseñor Luis Argüello en ningún momento y que, curiosamente, sí ha hecho en numerosas ocasiones el arzobispo de Tarragona, que no ha dudado en significarse junto a los postulados favorables al separatismo. «Debemos ser muy cuidadosos en la Iglesia al decir que hay que ir a nuevas elecciones o que hay que hacer una moción de censura, porque, según la Constitución Pastoral Gaudium et spes del Concilio Vaticano II, la Iglesia no puede identificarse con ninguna opción política concreta y no está ligada a ningún sistema político», ha declarado monseñor Planellas a Efe.
