Batalla legal en el horizonte por el «no» de Ayuso a la lista de objetores

La presidenta afirma que «nunca» facilitará el listado de médicos que se niegan a practicar abortos. Sánchez avisa: el Gobierno acudirá al Constitucional

Se inicia un nuevo frente judicial en el horizonte de Sol. Las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso en los últimos días ya habían señalado el camino. Ayer, en el Pleno de la Asamblea de Madrid, la presidenta fue tajante: la región no hará ninguna «lista negra» de médicos objetores al aborto, tal y como plantea el Gobierno de Sánchez.

El debate comenzó con la intervención de Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid. En la línea de la presidenta de su partido y ministra de Sanidad, Mónica García, le pidió que «cumpla la ley» y remita dicho listado de objetores. Fue entonces cuando Ayuso enumeró los artículos de la Constitución que, en su criterio, dicho listado «pone en peligro».

«Pone en peligro el artículo 14 de la Constitución Española, el artículo 15 del derecho a la vida y a la integridad física y moral, el artículo 16.1 que defiende la libertad ideológica de religión o creencias y ha dado pie a sentencias refrendadas por el propio Tribunal Constitucional. El artículo 16.2 de nuestra Constitución dice que nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias», aseguró Ayuso.

Del mismo modo, la presidenta recordó el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que habla del derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Además, señaló el artículo 18 de la Declaración sobre Objeción de Conciencia, aprobado por la Asamblea General de la Organización Médica Colegial en 1997, que defiende que, conforme a la ética, un médico, en razón de sus condiciones personales, puede negarse a practicar un aborto.

Entre las «lecturas» que recomendó la presidenta está «el Corán, su libro. Pregúntele a sus amigos de Hamás o al mundo musulmán qué opina del aborto. Y no le digo de la homosexualidad o de la transexualidad. Esa aventura se la dejo a ustedes».

Por todo ello, la región que preside no va a «obligar a un médico» a actuar «contra su conciencia y su libertad» y «nunca» va a elaborar una «lista negra de médicos».

«Un fracaso como sociedad»

La discusión subió de tono. Ayuso recordó la cifra de 106.000 abortos anuales que se hacen en España, lo que supone un millón cada diez años. «¿Le parece poco? ¿Quieren más? ¿Lo multiplicamos? A mí me parece un fracaso como sociedad. Un fracaso, porque además, en la mayoría de los casos, se podría evitar», le dijo a Bergerot.

Tras subrayar que «no se va a señalar a nadie» ni por abortar ni por dejar de hacerlo y tampoco a «ningún médico por practicar un aborto o por no querer practicarlo», la presidenta afirmó que, «si les parece poco, váyanse a otro lado a abortar».

La declaración de intenciones de Ayuso fue respondida por el presidente del Gobierno, que avisó de que utilizará todos los medios legales a su alcance y llegará hasta el Tribunal Constitucional si hace falta para garantizar el derecho al aborto.

«El Gobierno utilizará todos los instrumentos legales, para garantizar que los derechos y la dignidad de las mujeres se respeten, también en Madrid. Y si hace falta llegaremos hasta la Constitución y el Constitucional», afirmó Sánchez en un mensaje en la red social X, recogido por Ep.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, también advirtió a Ayuso: tiene tres meses para adaptar el registro de médicos objetores al aborto. Y en caso de no hacerlo el Gobierno pondrá en marcha «todos los mecanismos» para que se cumpla la ley, al tiempo que ha criticado que quiera que las mujeres «vayan a Londres a abortar, ya que tienen que ir a la sanidad privada o se tienen que ir fuera, porque en la pública no pueden hacerlo», afirmó Redondo.