La Conferencia Episcopal señala en un comunicado que las manifestaciones religiosas públicas están amparadas por un derecho humano fundamental protegido por la Constitución española en su artículo 16.1
El Ayuntamiento de Jumilla (Murcia), gobernado por el PP, ha emitido este jueves un comunicado en el que aclara la polémica surgida en torno a la campaña de verano del Gobierno que señala al PP y Vox. En el texto, se precisa que la moción aprobada «no recoge ningún veto ni prohibición a nadie por su origen o creencia religiosa». Se da la circunstancia de que en las instalaciones deportivas municipales se dieron en el pasado celebraciones musulmanas, con el fin del Ramadán o la Fiesta del Cordero en el pasado. El Gobierno municipal explica que lo que se ha hecho es limitar el uso de las instalaciones deportivas a actividades de este tipo o municipales exclusivamente, y no para realizar aquellas «actividades, culturales, sociales o religiosas ajenas» al Consistorio.
Sin embargo esa medida ha sido aprovechada por el Gobierno para lanzar duras críticas contra PP y Vox, a los que acusa de xenófobos y de perseguir a la comunidad musulmana.
Los obispos españoles han emitido un comunicado terciando en la polémica. En su escrito se han sumado a la postura de la Comisión Islámica de España y han pedido a los poderes públicos que garanticen el derecho a la libertad religiosa.
Para paralizar esta acción, la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha emitido una nota donde los obispos han afirmado que las manifestaciones religiosas públicas, entendidas como libertad de culto, están amparadas «por un derecho humano fundamental protegido por la Constitución española en su artículo 16.1», la cual afirma que se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley”.
Por tanto, prosiguen los obispos en la nota, la «única intervención posible por parte de las autoridades públicas» es «la perturbación del orden público que estas celebraciones puedan causar». Por ello, creen desde la CEE que esto debe ser «valorado con objetividad» por especialistas y con criterios técnicos para que «no responda a una decisión arbitraria o ideológica». Asimismo, detallan que las restricciones, si buscan proteger el bien común, se deben extender «a cualquier tipo de manifestación que se realice en espacios públicos y no solo a las religiosas».
Por su parte, prosiguen los obispos, la Declaración de los Derechos Humanos, en su artículo 18 afirma que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Por lo que limitación de estos derechos atenta «contra los derechos fundamentales de cualquier ser humano», y no afecta solo a un grupo religioso, sino a «todas las confesiones religiosas y también a los no creyentes».
Por último, aseveran que hacer estas restricciones por motivos religiosos es «una discriminación que no puede darse en sociedades democráticas».
Qué se aprobó en la moción
El pasado 28 de julio se aprobó en el Pleno una moción, fruto de una transaccional del PP a un texto de Vox, que pedía limitar el uso de los espacios deportivos municipales o recintos de la misma índole a actividades estrictamente deportivas o que realiza el Ayuntamiento de Jumilla, y no a actos culturales, sociales o religiosos ajenos al Consistorio.
Tras el debate, y el revuelo originado por el Gobierno, ya que ha tachado de «racista» la iniciativa «inconstitucional» del Ayuntamiento de Jumilla, la alcaldesa del pueblo ha aclarado este jueves que las limitaciones en el uso de los espacios deportivos no afectan al resto de instalaciones municipales, y estarán a «disposición de toda la sociedad, incluida la musulmana, para cualquier actividad o acto siempre que se cumpla la normativa». Tras afirmar que se ha tergiversado lo ocurrido «de forma intencionada», ha insistido en que la convivencia en Jumilla es y ha sido siempre pacífica.
