El voto postal en Albaida del Aljarafe (Sevilla) fue casi cinco veces mayor que la media nacional
En el corazón de la provincia de Sevilla, un pequeño municipio de poco más de tres mil habitantes se ha convertido en el escenario de una investigación judicial que amenaza con poner en entredicho la limpieza de las elecciones municipales de 2019. En Albaida del Aljarafe, donde gobierna el PSOE, la Guardia Civil investiga a una veintena de personas que obtuvieron contratos municipales tras haber emitido su voto por correo. Un patrón que, de confirmarse, revelaría un sofisticado mecanismo de captación de sufragios a cambio de favores públicos.
El origen del caso se remonta a una denuncia presentada por el portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento. El detonante fue un dato que, por sí solo, encendió todas las alarmas: el 14,92% del censo electoral solicitó el voto por correo en Albaida, casi cinco veces más que la media nacional registrada en aquellos comicios municipales del 26 de mayo de 2019, que fue del 3,6%, según los datos oficiales del Ministerio del Interior. Esa anomalía estadística condujo a los agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil, adscritos a la Audiencia Provincial de Sevilla, a iniciar una investigación –a raíz de la citada denuncia– que ya ha destapado conexiones inquietantes entre los sufragios emitidos a distancia y contratos públicos otorgados por el consistorio.
En los informes a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, los agentes detallan cómo cruzaron los datos remitidos por la Oficina del Censo Electoral con los registros de altas laborales proporcionados por la Tesorería General de la Seguridad Social. El objetivo: detectar coincidencias entre quienes votaron por correo y quienes fueron contratados por el Ayuntamiento en los meses próximos a los comicios. El resultado fue tan llamativo como contundente: al menos 20 personas que emitieron su voto a distancia obtuvieron un puesto de trabajo en el consistorio gobernado por el PSOE. Algunas de esas contrataciones fueron temporales, otras de larga duración. En este último grupo, los investigadores han detectado que un tercio de los empleados también optó por el voto postal.
Más allá de las cifras, el caso adquiere una dimensión más turbia con el relato de los hechos denunciados: un engranaje diseñado para captar votos entre los sectores más vulnerables del municipio, en muchos casos mediante suplantación de identidad o presión telefónica. Según la denuncia inicial, una concejal socialista, identificada como A.C.L.C, se encargaba de seleccionar a posibles votantes dispuestos a entregar su sufragio a cambio de un empleo municipal. El marido de la teniente de alcalde, B.D.A., contactaba con ellos, exigía la firma de los formularios de voto y ofrecía la promesa de un contrato. Para evitar desplazamientos incómodos o levantar sospechas en las oficinas de Correos, un trabajador del servicio postal, A.G.D., se encargaba de transportar las solicitudes y los votos.
«El PSOE me ofreció trabajo»
El relato cobra aún más verosimilitud con los testimonios recogidos por los agentes. Uno de ellos, es el de un vecino de la localidad que declaró ante la Guardia Civil. Según explicó, no necesitó acudir a ninguna oficina. Solo tuvo que entregar su DNI y firmar unos papeles. «Me ofrecieron un contrato de un mes en el Ayuntamiento a cambio de firmar el impreso del voto por correo a favor del PSOE», afirmó sin rodeos. Añadió que nunca ejerció personalmente su derecho al voto y que todo el trámite lo gestionó un tercero, que le devolvió el documento de identidad dos días después. El contrato prometido nunca llegó a materializarse. Según su versión, le pidieron paciencia: «Tenías que esperar a que se liberara un hueco», le dijeron. Finalmente, encontró trabajo por su cuenta.
Este no fue un caso aislado. En las diligencias figuran más ejemplos. Como el de una anciana que reconoció que fue su hija quien votó por ella «porque no podía desplazarse». Aunque insistió en que fue un voto «voluntario», los agentes comprobaron que se incumplió el protocolo legal: no hubo comparecencia personal en la oficina de Correos, ni exhibición del DNI original. La anciana nunca firmó ninguna autorización.
Otros vecinos relataron cómo empleados del Ayuntamiento, vinculados al partido gobernante, ofrecían contratos temporales a cambio de tramitar el voto por correo en nombre del interesado. En todos los casos se repiten los mismos elementos: promesas de empleo, entrega de documentación personal, suplantación en el ejercicio del voto y ausencia total de supervisión administrativa.
Un ‘modus operandi’ extendido
Para la Guardia Civil, estos indicios apuntan a un modus operandi extendido que podría no limitarse únicamente a Albaida del Aljarafe. De hecho, en los últimos meses se han abierto diligencias similares en otras provincias, como Almería, Murcia, Tenerife, Melilla o Ciudad Real, donde también se investiga la posible compra masiva de votos por correo. En todos estos casos, los patrones se repiten con una inquietante precisión: utilización de trabajadores públicos o militantes para captar sufragios, presión sobre personas en situación de vulnerabilidad y manipulación de trámites postales.
Si la justicia confirma los indicios recopilados por la Benemérita, estaríamos ante una red de clientelismo político basada en la instrumentalización del voto por correo como moneda de cambio. Mientras tanto, en Albaida del Aljarafe, la vida continúa con aparente normalidad. Pero bajo esa calma rural, los ecos de una posible estafa electoral siguen resonando con fuerza en los despachos judiciales.
