El Gobierno de Aragón desestima la solicitud de ampliar las visitas gratuitas al monumento, alegando prevalencia de la normativa autonómica
Un recurso de alzada está sobre la mesa de la consejería de Cultura del Gobierno de Aragón. ¿El motivo? La negativa de la dirección general de Patrimonio Cultural para «adecuar el régimen de visitas gratuitas al palacio de La Aljafería a la normativa de la ley de Patrimonio Histórico Español«, lo que supondría tener que ofrecer la entrada libre y gratuita al monumento al menos cuatro días al mes y no dos como ocurre en la actualidad.
Esa negativa por parte del departamento de Cultura no es caprichosa y se basa en un argumento que ya han utilizado antes. Y es que la normativa autonómica y la estatal no concuerdan y, mientras que la ley nacional de Patrimonio Histórico, que data del año 1985, establece el deber de los propietarios de Bienes de Interés Cultural a facilitar «su visita pública, en las condiciones de gratuidad que se determinen reglamentariamente, al menos cuatro días al mes, en días y horas previamente señalados», la norma aragonesa no dice nada sobre la gratuidad, y a eso es a lo que se agarra el Gobierno de Aragón.
Fue el pasado 4 de febrero cuando llegó un requerimiento ciudadano a dos instancias por una misma causa. Los destinatarios de esas misivas eran la dirección general de Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón y la mesa de las Cortes de Aragón. En dichos escritos se exigía a ambas instituciones que se cumpliera con la normativa estatal y que se adoptasen «las medidas necesarias para ampliar el régimen de visitas al palacio de La Aljafería» y se previera la apertura del monumento cuatro días al mes de manera gratuita con horarios previamente establecidos y públicos. En la actualidad el edificio abre sin coste para el público el primer domingo y el primer lunes de cada mes.
«Prevalece la legislación autonómica»
La respuesta se hizo esperar un par de meses pero llegó el pasado 16 de abril, cuando la directora general de Patrimonio Cultural resolvió la desestimación de la solicitud argumentando que la ley autonómica debe considerarse por encima de la estatal. «Ante la existencia de una posible contradicción entre la legislación estatal en materia de patrimonio histórico, que establece la obligación de ofrecer cuatro visitas gratuitas al menos en los BIC y la legislación autonómica aragonesa, que exige únicamente cuatro visitas mensuales, sin prever su gratuidad, entendemos que prevalece la legislación autonómica«, justificaban desde el Gobierno de Aragón. Se basan en la DGA en el hecho de que las competencias en materia de patrimonio están transferidas a la comunidad autónoma de Aragón, tal y como queda establecido en el Estatuto de autonomía.
Ante esta resolución cabía la presentación de un recurso de alzada, y eso es lo que ha ocurrido. Este es un procedimiento administrativo usado para impugnar un acto de una administración y que es un paso previo necesario para poder acudir después a la vía judicial, si bien primero deberá responder de nuevo el departamento de Cultura, que cambiará de manos cuando tomen posesión los nuevos consejeros del Gobierno de Aragón.
Casos anteriores
Esta batalla es antigua y el debate ya se ha dado con respecto a otros bienes de interés cultural que hay diseminados por la comunidad. Un requerimiento ciudadano que ya se planteó, hace un año y medio, basándose en esa misma ley, que debía garantizarse el acceso gratuito al castillo de Loarre, a la iglesia de San Pedro el Viejo de Huesca, al Monasterio nuevo de San Juan de la Peña, al Real Monasterio de San Juan de la Peña y al mirador y el museo de la basílica del Pilar. En aquella ocasión, el Gobierno de Aragón llegó a requerir a la empresa pública Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, dueña del castillo de Loarre y los monasterios nuevo y viejo de San Juan de la Peña, que cumpliera con el requerimiento, pero la solicitud acabó metida en un cajón.
Antes había ocurrido algo similar con La Seo, si bien fue Lambán quien, en sus últimos días al frente del Gobierno de Aragón, anunció la apertura gratuita de la catedral del Salvador cuatro días al mes tras haberlo acordado con el arzobispado.
