Los ministerios de Presidencia y Transformación Digital, así como la Secretaría de Estado de Comunicación, son los principales responsables de poner en marcha las medidas
Pedro Sánchez quiere dejar las medidas de su plan de regeneración en buenas manos. El documento aprobado hoy por el Consejo de Ministros recoge 31 medidas de acción democrática, y 20 de ellas -el 65%- tienen como institución responsable a dos ministros de su núcleo duro: Félix Bolaños y Óscar López. El primero, al frente de la cartera de Presidencia, se encargará de gestionar 11 de las propuestas acordadas, mientras el segundo, ministro de Transformación Digital y ex jefe de Gabinete del presidente, se responsabilizará de una decena. La Secretaría de Estado de Comunicación se encargará de siete y, de aprobarse finalmente el Plan, un tercio de las propuestas pactadas puede salir adelante sin que las Cortes gestionen su aplicación.
La redacción del texto presentado este martes estructura las medidas en tres grandes bloques: las destinadas a «mejorar la calidad» de la información gubernamental, las que buscan «fortalecer la transparencia, pluralidad y responsabilidad» de los medios de comunicación y las referentes a la transparencia del poder legislativo y el sistema judicial. Los epígrafes no son equiparables: la mitad de las propuestas son relativas a la regulación de los medios.
Transparencia de los medios de comunicación
Tras el periodo de reflexión de Pedro Sánchez que supuso el germen de este plan, el presidente anunció que tomaría medidas contra los bulos y los «tabloides digitales» para «acabar con la impunidad de algunos pseudomedios». Sin embargo, en el texto registrado este martes no figura ninguno de esos términos. Sí se hace referencia a la «desinformación» hasta ocho veces, dos de ellas con medidas concretas para combatirla: una Estrategia Nacional de lucha contra las campañas de desinformación y la constitución de una Comisión en el Congreso de los Diputados sobre la materia.
La medida que abre este bloque es la creación de un «registro de medios» en el que figuren los datos sobre sus propietarios y la inversión publicitaria que reciben. Esta cláusula tiene el objetivo de arrojar luz sobre quién está detrás de cada medio, cómo se financia, cuánto dinero público recibe y de qué administración en concreto.
Límites a la financiación de los medios
Así, es en este epígrafe de medidas relativas a los medios de comunicación donde Sánchez incluye las propuestas más polémicas del plan. El presidente quiere que la publicidad institucional que reciben la prensa y los canales audiovisuales quede sujeta a «criterios de transparencia, proporcionalidad y no discriminación en su asignación», estableciendo una metodología de medición de la audiencia que cumpla esos mismos principios.
Además, pretende fijar «límites» a la financiación que las administraciones públicas pueden dedicar a los medios, para que estos no estén «impulsados por» o sean «dependientes de» los gobiernos regionales o locales. Con esto, el PSOE busca dificultar la actividad de aquellos medios que, considera, sobreviven gracias a las subvenciones públicas, pues no tienen lectores o espectadores suficientes. Además, como novedad en esta materia, el plan recoge «medidas de apoyo para aquellos medios de comunicación que estén íntegramente en lenguas oficiales diferentes del castellano».
Poder legislativo
El plan presentado hoy por el Consejo de Ministros, en una primera instancia, pretendía «regenerar» el sistema democrático actuando no solo sobre los medios, sino también sobre el poder legislativo y la Justicia. Sin embargo, el texto que hoy ve la luz queda lejos de una reforma profunda del sistema en esas materias.
Entre las medidas que expone para promover la transparencia del sistema político destaca la propuesta de hacer obligatoria la celebración anual del Debate sobre el Estado de la Nación, así como dos cláusulas que afectan directamente a los diputados y grupos parlamentarios. Por un lado, Sánchez pretende, en aras de una mayor transparencia, reforzar las sanciones a quienes no presenten su declaración de bienes -o lo hagan de forma falsa o incompleta-. Y, por otro lado, sugiere castigar a los partidos políticos que no expongan pública y adecuadamente su contabilidad.
Procesos electorales
Consciente de que los bulos adquieren una mayor trascendencia en periodos electorales, Sánchez ha querido plantear también dos medidas en esta materia para facilitar el acceso a una información plural cuando se aproximen las citas con las urnas. Así, el Plan recoge que los debates electorales deben ser una obligación para los candidatos y pide a las casas demoscópicas que revelen todos los microdatos de sus encuestas para dotar de mayor transparencia y veracidad a sus resultados. El Ministerio del Interior y el de Presidencia serían los encargados, junto con las Cortes, de poner estas medidas en marcha.
Información gubernamental
El texto del plan dedica un capítulo íntegro a presentar nueve propuestas con las que se busca «ampliar y mejorar la calidad» de la información gubernamental. Estas abarcan desde la aprobación de una nueva Estrategia de Gobierno Abierto hasta el establecimiento de una obligación legal de rendición de cuentas cada seis meses para todas las administraciones públicas. También sugiere pactar una estrategia anti corrupción y crear la Autoridad Independiente de Protección del Informante -ambas son medidas ya recogidas en la ley de lucha contra la corrupción de 2023-.
Reforma del Código Penal
Camuflada entre las medidas relativas a los medios de comunicación hay una cláusula que responde a las peticiones de Sumar, socio de Gobierno de los socialistas y con quien se ha consensuado el texto que hoy se presenta. «Abordar una reforma integral de los artículos del Código Penal que pueden afectar al derecho de libertad de expresión», recoge el documento, abriendo la puerta a eliminar delitos como el de ofensas religiosas y otros relativos a injurias a las instituciones del Estado -sin matizar cuáles-. Ya en julio de este año, la coalición de siglas liderada por Yolanda Díaz pactó con el PSOE que este plan de regeneración debía revisar los delitos en materia de libertad de expresión, aunque fuentes de Sumar aseguran que aún hay negociación pendiente en esta materia.
