El Gobierno ultima una ‘Ley mordaza’ intolerable que tendrá en El Debate toda la respuesta que sea menester en un Estado de derecho amenazado por el Gobierno
Con una estrambótica perorata cargada de retórica y vacuidad, Pedro Sánchez se sirvió de la enésima entrevista amistosa en un medio complaciente para detallar su «Plan de regeneración de la democracia», que presentará en el Congreso el próximo 17 de julio con el objetivo, vergonzante, de señalar y perseguir a la prensa menos devota.
Ya es sonrojante, de entrada, que un político se arrogue la capacidad personal de mejorar nada menos que la labor de los medios de comunicación, que no somos más que la herramienta delegada de los ciudadanos para ejercer su derecho a la información, protegida por el artículo 20 de la Constitución y perfectamente regulada por los códigos Penal y Civil y, también, por el mercado.
Pero que se atribuya esa potestad un político que tiene en los juzgados a su esposa, a su hermano y a su partido, por presuntos casos de corrupción gravísimos a los que ni él ni el PSOE han sido capaces de ofrecer una explicación razonable, es simplemente escandaloso.
Sánchez, en realidad, intenta convertir en ley sus amenazas, con el único objetivo de dotarse a sí mismo, a su entorno y a sus siglas, de una mezcla de inmunidad e impunidad incompatibles con un sistema democrático: transformar en bulos informaciones impecables, probatorias cuando menos de que su esposa ha desarrollado actividades económicas a la vera de su marido, contradice un pilar básico del Estado de derecho, que es la rendición pública de cuentas por parte de sus altos cargos.
Y hacerlo sin dar ninguna explicación, sin contraponer un argumento, dato o hecho comprobable a las noticias impecables que atestiguan los comportamientos de su familia y del PSOE, nada menos que en plena pandemia; le sumerge en el lamentable espacio de los dirigentes tiránicos y represores de otras latitudes.
El Debate, desde su renacimiento, ha publicado un número ingente de noticias exclusivas sobre Begoña Gómez, los indultos, los gastos desmedidos de los ministros, las andanzas del Gobierno en Marruecos, el clientelismo de David Azagra, el rescate de Plus Ultra o, entre tantas otras, el uso abusivo e indiscriminado de recursos públicos para fines partidistas o privados.
Por ninguna de esas informaciones este periódico ha recibido respuesta judicial, prueba de que todas ellas son ciertas y documentables. Quien renuncia a la réplica jurídica lo hace porque sabe, perfectamente, que cada letra publicada es intachable y encierra una verdad constatada que debería provocar, en ese orden, explicaciones primero y la asunción de responsabilidades, a continuación.
Que Sánchez se pretenda convertir en juez, cuando es parte afectada del proceso en su condición de cómplice político, por acción u omisión, de tanto abuso; debería remover la conciencia de todo demócrata decente, sean cuales sean sus ideas políticas.
Porque estamos viendo cómo el mismo presidente populista que ha colonizado con adeptos todas las instituciones a su alcance, que aprueba leyes inconstitucionales para comprarse un cargo negado por las urnas, que ha atacado con contumacia la separación y autonomía de los poderes del Estado y que ha llegado a acusar a los jueces de practicar «lawfare» contra él; aspira ahora a poner una intolerable mordaza a los escasos medios de comunicación que no viven de sus subvenciones y no informan con arreglo a las órdenes y consignas de un poder indigno de una democracia plena.
Resulta cómico, por último, que Sánchez diserte sobre la financiación de los medios de comunicación y se postule como censor de los ingresos que reciban: si alguien ha utilizado recursos económicos públicos para garantizarse fidelidades indecentes, ha sido precisamente él.
Este periódico, por supuesto, se defenderá en cuantas instancias públicas, institucionales, judiciales, nacionales y europeas sea oportuno para no solo frenar esta escalada liberticida, sino también para garantizar que los múltiples abusos de un presidente deplorable tengan la respuesta que el Estado de derecho, hoy atacado desde La Moncloa, prevea para esperpentos como que el España padece, siempre con el mismo protagonista.
