«No tiene un pase en Europa, igual que no lo tiene en España», aseguran en Madrid
Von der Leyen no entrará en la amnistía hasta que la reelijan
Un día después de la entrada en vigor el martes de la ley de Amnistía, el PP envió una carta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, para solicitar que actúe para hacer frente a esta legislación que, según entienden, «ataca los principios del Estado de derecho». No se conoce reacción alguna de la alemana, que necesita a Pedro Sánchez para intentar renovar su cargo, pero desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid confían en que, una vez se analice el texto, la Comisión entienda «que va en contra del propio ordenamiento jurídico europeo».
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, reaccionó así a la información publicada ayer por este diario, en la que avanzó que Bruselas no dará ningún paso en la mediación ni hará pública ninguna opinión sobre la polémica ley antes de que se haya aclarado la decisión de renovar el mandato de Von der Leyen, según indicaron fuentes del Ejecutivo comunitario a ABC.
El silencio de la mandataria contrasta con la postura que, hasta ahora, había adoptado la propia UE con respecto a la amnistía. En septiembre de 2023, cuando la ley todavía era un proyecto, el comisario de Justicia, Didier Reynders, se dirigió al ministro Bolaños indicándole sus «serias preocupaciones» por la tramitación de la norma. La posición oficial era la de no emitir una opinión formal sobre su compatibilidad con el derecho europeo hasta que no se aprobara la ley. Ahora, una vez en vigor y pese a la carta enviada por Dolors Montserrat, candidata en las elecciones europeas y vicepresidenta del grupo del PPE, Europa se mantiene al margen.
A través de esa misiva, el partido de Alberto Núñez Feijóo instó a la Comisión Europea a que «comprenda la gravedad de la situación y las implicaciones» de la norma. Monserrat advirtió de la intenciones que, a su juicio, tiene el presidente del Gobierno con la ley de Amnistía. «Sólo busca borrar los delitos (incluidos los de corrupción o terrorismo) a otros políticos a cambio de permanecer en el poder», señaló en la carta, en la que recordó, además, los ‘cambios de opinión’ (con en su día insistía Sánchez) del líder del Ejecutivo sobre la constitucionalidad de la amnistía. «No entra en la legislación y en la Constitución española», decía en noviembre de 2022; una postura que modificó menos de un año después, tras las elecciones del 23J y la necesidad de pactar con ERC y Junts un nuevo Gobierno de coalición. «Cataluña está lista para el reencuentro total», asumió ya en octubre del pasado año, días antes de su investidura.
La Comunidad de Madrid retoma ahora la petición del PP y aprieta a Von der Leyen para que mueva ficha con la amnistía. «Estoy convencido de que la ley no tiene un pase en Europa, igual que no lo tiene en España», incidió ayer el consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. En el PP consideran que esta norma supone un ataque a los principios del Estado de Derecho, no sólo en España, sino en toda la Unión Europea. «Es la ley más corrupta de la democracia», criticó García.
«Aquellos que quieren que perdamos toda esperanza no pueden salirse con la suya. Debemos tener confianza en las instituciones españolas y europeas», reiteró el consejero madrileño. Desde el departamento de Justicia europeo indicaron esta semana, tal y como informó ABC, que «la Comisión continúa siguiendo muy de cerca la evolución de la situación y está en contacto con las autoridades españolas sobre esta cuestión». El órgano ejecutivo de la UE está ahora analizando la ley de Amnistía, si bien es difícil que se produzca un pronunciamiento antes del nombramiento de Von der Leyen.
En cualquier caso, la Comunidad de Madrid deposita su confianza en las instituciones europeas para que paralice la medida de gracia a los procesados Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluis Puig, por un lado, y los condenados por sentencia firme Junqueras, Turull, Romeva y Bassa, por otro. En el Ejecutivo de Ayuso esperan que la Comisión que salga después del proceso electoral del 9J, una vez analice el texto, «entienda que va en contra del propio ordenamiento jurídico europeo» y que sea «parada no solo por los tribunales, sino por las propias instituciones».
