Presentan una ampliación de la querella y denuncian la presunta elaboración de «documentación falsa»
El grupo de empresarios que han denunciado una posible «trama corrupta» en la gestión de los fondos europeos han ampliado la querella que presentaron el 21 de abril de 2023 ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Zamora añadiendo el presunto delito de «estafa procesal». Los denunciantes han visto como en los últimos meses ni la OLAF ni el Ministerio de Transición Ecológica, que dirige Teresa Ribera, ha remitido los expedientes que le pide el juez instructor. Por ello, llegan a afirmar en la citada ampliación, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, que «ha existido una estrategia coordinada a los efectos de engañar» al órgano judicial» e incluso hablan de «documentación falsa». Con el objetivo de poder conocer el destino de este dinero de la UE, piden a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que realice una investigación «al objeto de que se puedan investigar las transferencias realizadas entre los ministerios de Transición Ecológica y Hacienda a favor del grupo Acciona».
El origen de esta investigación judicial fue una información publicada por THE OBJECTIVE el 23 de marzo de 2023 bajo el título «La UE vigila seis adjudicaciones en España por sospechas de corrupción por los fondos». El periódico desvelaba la existencia de seis peticiones de información, por parte de la OLAF, al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude español. Una de ellas, con fecha 22 de noviembre de 2022, se refería a «posibles irregularidades en el marco del proyecto de la biorrefinería de Barcial del Barco y La Robla» y pedía una respuesta antes del 15 de diciembre de este año. Esta es la respuesta a la que quieren acceder los empresarios, ya que es consecuencia de una denuncia interpuesta ante la Fiscalía Europea el 11 de octubre de 2022.
Los impulsores de esta iniciativa llevan denunciando, tanto ante organismos comunitarios como la OLAF y la Fiscalía, y a los ministerios de Transición Ecológica, Industria y Hacienda, una «presunta trama corrupta». Sus acusaciones se concretan en que «es posible que se hayan solicitado subvenciones para un modelo industrial de mi propiedad (proyectos de biorrefinería protegido por patentes), o del mismo sector y en fraude, por parte de alguna compañía perteneciente al grupo o holding de Acciona», como así figura en el escrito de denuncia ante la Fiscalía europea, presentado el 11 de octubre de 2022 y que fue ampliado el 21 de abril de este año. Con anterioridad, el portavoz de este grupo empresarial, Vicente Merino, ya había denunciado el caso, en enero de 2022, a la Fiscalía Anticorrupción en España y el 7 de diciembre de 2021 ante el Juzgado número 6 de Zamora. El importe de la subvención, si ha llegado a concederse, podría alcanzar los 500 millones de euros.
Desde que empezó la instrucción, el juez ha librado varios oficios reclamando el expediente de este caso, incluso con apercibimiento de «desobediencia», tanto a la OLAF (Oficina Europea Antifraude) como al Ministerio de Transición Ecológica, pero no se le ha remitido la información solicitada. Por ello, estos empresarios presentaron el pasado día 29 de febrero una nueva ampliación de la querella.
En este documento señalan que «las negativas a entregar expedientes e información a mi cliente, tanto desde la propia OLAF como desde la Dirección General del Plan de Recuperación en España, el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude en España (a lo que hay que sumar que se reconoció por este órgano que había nombres y que no entregaba documentación debido a la protección de datos), así como la ausencia de respuesta a la petición realizada a la propia Secretaria de Estado de Energía (Ministerio de Transición Ecológica), Sara Aagesen, dejan patente que se ha estado ocultado y encubriendo información relacionada con la presunta adjudicación».
Igualmente, subrayan que a todo ello hay que añadir «la presunta elaboración de documentación falsa, ya denunciada por esta parte y que obra en autos, a los efectos de poder tener un expediente paralelo y encubrir la información veraz de la presunta adjudicación. No obstante y si bien, desde órganos nacionales sí se han atrevido a enviar esta presunta documentación falsa al juzgado, la OLAF no se ha atrevido a enviar el expediente en falso y ha mantenido una postura, también ilícita, de no colaborar con la justicia y enviar el expediente OC/2022/0892, expediente que, sin género de dudas, contienen información de relevancia vital para la causa (tanto en lo que concierne a respuesta remitida desde el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude en España, documento oficial, antes del 12 de enero de 2023, como a otra información que todo apunta fue encontrada en la propia Secretaría de la Comisión Europea)».
Los afectados llegan a hablar de un presunto delito de «estafa procesal» en esta ampliación, al asegurar que en Bruselas, «en las más altas instancias de la propia Comisión y de la OLAF, tienen pleno conocimiento de este caso y de la presunta adjudicación y sólo el Gobierno de España, quizás junto con algún ‘lobby’, hechos que cuadran con lo manifestado por el Sr. García Gutiérrez-Marcet, tienen capacidad para lograr una coordinación de actuaciones a los efectos de encubrir, lo cual también sería constitutivo de un presunto delito de estafa procesal a este órgano de justicia y cuadraría por lo manifestado en nuestro escrito anterior y con el intento realizado por la OLAF de remitir a este órgano judicial a las autoridades nacionales a clara alusión al Ministerio de Transición Ecológica y los efectos de que no pueda conocer la presunta adjudicación en fraude)».
A la vista de esta situación, piden al juez, como primera medida, que «se libre oficio al Ministerio de Transición Ecológica al objeto de que se informe sobre si existen solicitudes o expedientes de concesión de ayudas o subvenciones por parte de Acciona u otros terceros relativas a las anteriores manifestaciones de interés o proyectos vinculados (biorrefinería-bioetanol sostenible) …, en todos sus términos, todo ello con los apercibimientos oportunos».
Como segunda, que sea requerida una investigación a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, al objeto de que se puedan investigar las transferencias realizadas desde los Ministerios de Transición Ecológica y Hacienda en favor de empresas del grupo Acciona ( Acciona Energía S.A., Acciona Industrial S.A., Acciona Construcción S.A., Acciona Concesiones S.L., Acciona Concesiones de Infraestructuras S.L) y también Incus Capital Advisors S.A. («Incus Capital», empresa que ha publicitado ser la financiadora del proyecto «La Robla Green»), así como terceros, durante los años 2021, 2022 y 2023, a los efectos de poder localizar la materialización o transferencia de las subvenciones desde dichos órganos nacionales y que pudieran corresponder al proyecto propiedad de mi cliente».
