Pilar Alegría, la leal a Sánchez que ahora será también la voz del Gobierno

La zaragozana mantiene Educación y suma Deportes y Portavocía. Logró calmar a parte de la comunidad educativa pero aún tiene retos sin resolver: EBAU, abandono educativo, carrera docente y castellano en Cataluña, entre otros<

Pilar Alegría repite como ministra de Educación y Formación Profesional, cartera a a la que ahora se le añade Deportes, antes en Cultura. La ministra que fue también nombrada portavoz del partido en julio de 2022 ha sido una de las ‘fieles’ de Sánchez todos estos años y los rumores -no tan equivocados- apuntaban a que el presidente le daría más confianza con una cartera como Presidencia o la portavocía del Gobierno, cargo este último que también asume.

La zaragozana se mantiene en Educación, donde logró calmar las aguas revueltas que dejó su antecesora, Isabel Celaá. Cuando fue nombrada como ministra de este departamento por parte de Sánchez hace poco más de dos años, Alegría era delegada del Gobierno de Aragón y ya formaba parte de las ‘quinielas’ para ser la nueva ministra de Educación por su peso en la parte educativa del partido.

Cuando llegó a Educación, la zaidana nacida en 1977 se encontró con la nueva ley educativa ya aprobada: la Lomloe, o también llamada ‘ley Celaá’. Sin embargo, le tocó la parte más complicada: el desarrollo normativo de la misma. Es decir, la aprobación de los reales decretos que permiten la aplicación de la ley, su ‘aterrizaje’ en las aulas.

Uno de reales decretos de desarrollo de la ley más polémicos fue el de Educación Secundaria Obligatoria, adelantado por este periódico, que fulminaba la historia de España anterior a 1812. La incorporación de ese tramo de la historia de nuestro país fue un reclamo que hizo la Región de Murcia y que Educación no escuchó. Como tampoco lo hizo cuando la Real Academia de la Historia (RAH) le pidió un cambio de redacción para esta misma asignatura, Historia de España, de modo que se reemplace la mención a los «mecanismos de dominación» por «el estatus jurídico de la mujer y su evolución de la antigüedad a nuestros días».

Tampoco modificaron el apartado de «Memoria democrática» ya que «tal y como se formula no es de Historia», dijo la RAH, según consta en la memoria de impacto de la norma a la que accedió entonces este periódico.

La polémica por los reales decretos llegó a los libros de textos, cuyos contenidos también fueron denunciados por ABC por exaltar la figura de Sánchez o defender leyes del Gobierno como la de la eutanasia. Entonces, Alegría señaló a los editores y estos a la ministra. Aseguraron que «los diferentes proyectos (libros y materiales educativos) elaborados por las editoriales plasman los desarrollos curriculares aprobados por el Ministerio de Educación y las consejerías de las comunidades autónomas. Todos toman como base y referencia los reales decretos de enseñanzas mínimas, así como los decretos autonómicos que los complementan», dijo entonces el presidente de la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza (Anele).

Los ánimos se calmaron y Alegría no se enfrentó a grandes sobresaltos tras estas polémicas. De hecho, aprobó la ley de Formación Profesional sin mayores sobresaltos salvo por el hecho de que el PP le quitó su apoyo a último momento. ¿El motivo? El partido no quiso darle una ley a la ministra por mayoría absoluta y se echó para atrás a último momento, según pudo saber ABC.

En cuanto a los retos, una cuestión que quedó con muchos interrogantes ha sido la prueba de acceso a la universidad. Alegría tuvo que paralizar su nueva EBAU cuando el Gobierno entró en funciones por la convocatoria de elecciones. Así lo explicó el ministerio el pasado mes de agosto cuando por esta razón aseguraron que la prueba de este curso sería igual que la de años anteriores.

Unos meses más tarde, a principios de octubre, se conoció cómo sería el examen para el presente curso 2023-2024 de forma que los alumnos tuvieran al menos una ‘guía’ a la que atenerse: podrán elegir entre Historia de España o de la Filosofía; durará 90 minutos (la reforma que planteaba Educación lo elevaba a 105) y se incorpora la regulación de la prueba para aquellos que optaron por la nueva modalidad introducida por la ‘ley Celaá’, llamada ‘general’ ( y que se suma ya existentes: Humanidades y Ciencias Sociales; Artes y Ciencias y Tecnología).

En cualquier caso, Educación ya había avisado que si el PSOE continuaba en el poder los cambios del examen seguirían en marcha.

Otro reto es el del abandono educativo temprano. Este se ha situado en España en 2022 en el 13,9%, lo que supone un aumento, aunque no muy elevado, tras 13 años consecutivos de bajada. En concreto, el porcentaje de alumnos de 18 a 24 años que no tiene finalizado Bachillerato o la FP Media o Básica ha pasado del 13,3% al 13,9% (0,6 puntos). Sin embargo, los expertos avisaron cuando se conoció el dato de que era algo «significativo porque se rompe una tendencia».

Por si esto fuera poco, hace poco se conocieron los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) a partir de la cual se puede calcular el porcentaje de abandono temprano educativo en España correspondiente al tercer trimestre de 2023. Este es del 14,5 por ciento. Así, si se suma este porcentaje a los del primer y segundo trimestre del año se obtiene la media móvil de la tasa de abandono temprano educativa en España para este año que es del 13,7 por ciento, es decir, solo dos décimas por encima de los datos preliminares de este año, lo que apunta a que la tasa de 2023 será muy similar a la del año pasado. Esto permite concluir que la tasa de abandono educativo en España no ha mejorado.

«Hay que introducir reformas acertadas y basadas en evidencias, que estén centradas en el profesorado, con mejoras necesarias en los procedimientos de acceso a la profesión docente -selección y formación- y de desarrollo profesional», apuntó Paco López Rupérez, expresidente del Consejo Escolar del Estado. En línea parecida, Paco García, de CC.OO. ha abogado por retomar el «debate pendiente sobre la profesión docente con todo lo que conlleva y aprovechar la disminución del alumnado como oportunidad para ganar en calidad y en equidad, superando la perspectiva actual del mero recorte: rebaja de las ratios y horarios lectivos, incluidos. También hay que abordar los temas que tienen que ver con la salud mental de la comunidad educativa en general y del bienestar profesional docente en particular».