PP y VOX tienen la obligación de zanjar sus desacuerdos y facilitar un cambio reclamado mayoritariamente por los españoles.
Extremadura votó cambio el pasado 28M, concediendo una nítida mayoría absoluta a los dos partidos que cubren todo el espectro ideológico entre el centro y la derecha. Los 28 diputados del PP y los cinco de VOX conforman, conjuntamente, un bloque abrumadoramente superior al del PSOE, que lleva camino de experimentar allí el mismo camino que su homólogo en Andalucía.
Saber traducir correctamente la decisión de los ciudadanos es la primera obligación de los partidos políticos y, en ese sentido, han defraudado de entrada tanto PP como VOX, por distintas razones: sus diferencias no pueden imponerse a sus necesarios acuerdos, ni provocar que, ante el disenso entre ambos, prospere una socialista como presidenta del Parlamento autonómico y parezca verosímil una repetición electoral en otoño.
No son tiempos de maximalismos, que unos y otros desgraciadamente practican. Lo hace la candidata popular, María Guardiola, al negarse de manera tajante a incorporar a miembros de VOX a su Gobierno: si con sus propias fuerzas no le llega para acceder a la Presidencia, es lógico que quien tiene en su mano su designación reclame una cuota de gestión razonable.
Y del mismo modo, no es razonable que VOX eleve sus exigencias hasta un punto de hacerlas difíciles de asumir por una dirigente que tiene derecho a marcar las líneas del Gobierno y a diseñarlo con comodidad.
Lo cierto es que, con esta actitud, Extremadura ha pasado en menos de un mes de conocer el abandono de la política de Guillermo Fernández Vara, el presidente socialista derrotado claramente, a darle al PSOE la posibilidad de mantener uno de los territorios de España donde más necesario es el cambio de políticas, de personas y de prioridades para superar el retraso que sufre en casi todos los baremos.
Y eso no es tolerable. Ninguna diferencia puede pesar más que el mensaje de los electores, una invitación contundente al acuerdo en unos términos razonables, fáciles de definir si se anteponen los intereses generales a las cuitas menores.
Convocar de nuevo a los extremeños a las urnas es un fracaso de la política, que debe buscar una solución a cada problema y no a la inversa, por mucho que en un contexto de Elecciones Generales pueda valerle al PP o a VOX esta ruptura para construir mensajes nacionales de efectos electorales positivos.
La «derogación del sanchismo», en afortunada expresión de Núñez Feijóo, incluye también la conformación de gobiernos autonómicos allá donde los números lo permitan, con la normalidad que reclaman sin duda los votantes de ambos partidos y, desde luego, al margen de las presiones y caricaturas que hacen los rivales políticos para dificultar la alternancia.
PP y VOX deben negociar y entenderse con alturas, saliéndose del marco discursivo de sus adversarios y de sus potentes altavoces mediáticos y centrándose en el mandato emanado de las urnas.
Aún están a tiempo, y no lograr ese objetivo dejaría a ambos en una delicada situación ante los extremeños y, también, ante millones de españoles atónitos por este enfrentamiento que no se justifica siquiera por la cercanía de las Elecciones Generales y el temor a que la absurda «alerta antifascista» se redoble: España no tiene un problema con la inexistente extrema derecha, un invento de una izquierda extrema que, además de ser muy cierta, gobierna la Nación.
